Vallecas: realojamiento o expulsi¨®n/1

Miembros del equipo "Lur"Con la aprobaci¨®n en los a?os 1974 y 1976 de los Planes de Edificaci¨®n Abierta del Puente de Vallecas, Pol¨ªgono de San Diego y Palomeras Sureste se pone en marcha un proceso de expulsi¨®n de las 12.000 familias residentes en las 590 hect¨¢reas de los tres planes. As¨ª, la Administraci¨®n facilita el aparato jur¨ªdico y legal suficiente para remodelarlo seg¨²n los intereses de los grandes propietarios de las inmobiliarias, haciendo tabla rasa de los m¨ªnimos derechos de las urbanizadores y residentes en la zona.

Vallecas ha sido un escal¨®n intermedio en la emigraci¨®n del campo a la ciudad para aquellos que, al contar con recursos, han marchado a otros barrios (M¨®stoles, Alcorc¨®n); tambi¨¦n es el lugar de recepci¨®n de familias procedentes de otros barrios, como consecuencia de las expulsiones originadas por la remodelaci¨®n de la ciudad. Se han quedado los que menos tienen: los inquilinos de bajos alquileres representan la mitad de la poblaci¨®n; la otra mitad son propietarios de menos de ochenta metros cuadrados. El ¨ªndice de pensionistas o jubilados es muy alto, as¨ª como el n¨²mero de parados, especialmente en las ¨¦pocas de crisis, al afectar a los niveles menos cualificados. Junto a la poblaci¨®n residente, el peque?o comercio o el taller se ven amenazados por los planes, sin posibilidad de implantaci¨®n en otro punto.

Contra estos planes se movilizan estos n¨²cleos de trabajadores, exigiendo el realojamiento en el barrio en condiciones de vivienda por vivienda para propietarios, y de viviendas en alquiler al 10% del salario para inquilinos, parando, en julio de 1976, las licencias de construcci¨®n.

En la situaci¨®n democr¨¢tica, los poderes p¨²blicos cambiaron de estrategia: no se trata ya de expulsar a las 12.000 familias, sino a las que no tengan medios de comprarse una vivienda social en el barrio. Los objetivos son: poner en circulaci¨®n un ¨¢rea urbana extensa bien situada, para el asentamiento de clases sociales con mayor nivel de compra; integrar a los estratos m¨¢s solventes de los trabajadores; remodelar el ¨¢rea seg¨²n el modelo e intereses capitalistas y disgregar un distrito obrero.

Resultar¨¢ as¨ª que la apropiaci¨®n capitalista del espacio urbano hace que el problema de la vivienda vuelva a empezar: unos pocos se quedar¨¢n a costa de una fuerte p¨¦rdida de su inversi¨®n inicial en vivienda; los que nada tienen para negociar se ver¨¢n sometidos a la expulsi¨®n, sin viviendas a cambio.

Cuando en 1975 se discute la nueva ley del Suelo, uno de los problemas urban¨ªsticos m¨¢s acuciantes es la renovaci¨®n de las barriadas obreras consolidadas en la periferia de las grandes ¨¢reas metropolitanas, ocurrida en la d¨¦cada de los sesenta. Hay que a?adir el abandono y deterioro progresivo de los cascos antiguos, ocupados por capas populares.

La nueva ley no toca ninguno de los dos problemas que afectan a gran parte de la poblaci¨®n de las grandes ciudades. Pero el olvido no es fortuito, pues la ley responde a las necesidades de las grandes inmobiliarias, para las que articula nuevas v¨ªas institucionales que abren paso a la producci¨®n en gran escala.

La conflictividad del movimiento de barrios, en el que la reivindicaci¨®n de vivienda digna constituye un eje central, exigir¨¢ a los poderes p¨²blicos adoptar nuevas estrategias. Ya no es posible la erradicaci¨®n masiva de una poblaci¨®n con unas indemnizaciones rid¨ªculas. En el per¨ªodo preelectoral, ante la crisis que golpea en el sector de la construcci¨®n, se abren nuevas v¨ªas para permitir la actuaci¨®n del capital privado en los procesos de remodelaci¨®n de ¨¢reas suburbanizadas, bien situadas y con terrenos abundantes y baratos, pero congelados por la presi¨®n de los vecinos. La Administraci¨®n intentar¨¢ dotarse de una base m¨ªnima de negociaci¨®n frente a los conflictos: en el verano de 1976 aparece el Plan de Viviendas Sociales.

Hay una tendencia, pues, a la privatizaci¨®n del capital p¨²blico en el sector vivienda, con el Estado como gestor de la iniciativa privada. La promoci¨®n p¨²blica se reducir¨¢ a una muestra insignificante que no suponga competencia con las empresas privadas.

Con el pacto de la Moncloa se asentar¨¢ dicha tendencia, pues, en lo que afecta a la vivienda de los trabajadores no pasa de ser una declaraci¨®n de intenciones de intervenci¨®n estatal, sin plazos de tiempo, presupuesto... Lo que se concretar¨¢ inmediatamente son los compromisos Ministerio-Banca-Promotores en los Planes Especiales de Andaluc¨ªa, Canarias y Extremadura, adjudic¨¢ndose a dedo las obras con fuertes ventajas para las empresas: terrenos, fondos p¨²blicos y garant¨ªas de todo tipo del Estado.

As¨ª, hoy se han endurecido las posibilidades de acceso a una vivienda:

- El Ministerio sigue financiando viviendas de lujo o semilujo (grupo I o renta libre, hasta 125 m.2).

- El Plan de Viviendas Sociales sigue sin interesar a los promotores, y las condiciones financieras de las pocas viviendas en construcci¨®n (260.000 de entrada y m¨¢s de 12.000 al mes durante veinte a?os) est¨¢n dirigidas a clases medias u obreros especializados (de salarios mayores a 50.000 pesetas).

- La promoci¨®n estatal directa es irrisoria. (En un reciente presupuesto se aprob¨® la construcci¨®n de 36.000 viviendas en tres a?os, cuando el d¨¦ficit es de un mill¨®n.

- Los, presupuestos del INV y del INUR se han reducido respecto a a?os anteriores.

En Vallecas, la Administraci¨®n intenta conseguir suelo para construir, viviendas sociales por VISOMSA. unas 12.000, y desbloquear el suelo libre de los grandes propietarios, hoy sin licencias de construcci¨®n, para permitirles edificar viviendas de lujo o semilujo, unas 28.000, en los solares que han retenido sin edificar durante a?os.

La base de negociaci¨®n planteada por la Administraci¨®n a los vecinos ser¨¢ el pago de una vivienda social, descontando la indemnizaci¨®n por suelo ocupado. Esto supone para peque?os propietarios cubrir la entrada y endeudarse por otros veinte a?os. Para inquilinos, jubilados, parados, las condiciones son inalcanzables. Los medios de la Administraci¨®n son:

- Acuerdo inicial de expropiaci¨®n del 8-7-77, que presumiblemente, y seg¨²n declaraciones de altos cargos, se aplicar¨¢ s¨®lo a los pol¨ªgonos que comprenden terrenos de peque?os propietarios.

- Promotora: VISOMSA, constituida con fondos del INV, Ayuntamiento y cajas de ahorro, y cuya finalidad es edificar viviendas sociales. A VISOMSA se han cedido los terrenos p¨²blicos de Fontarr¨®n y Palomeras Sureste, con capacidad para 1.500 y 2.500 viviendas, y que suponen m¨¢s del 40% del capital de VISOMSA.

- Gestora: OREVASA, casi sin capital social (doce millones para este a?o), formada por la Administraci¨®n, con participaci¨®n de la mayor¨ªa de las asociaciones de vecinos de la zona (no todas), sin capacidad promotora ni poder ejecutivo, pues no vincula a los organismos p¨²blicos presentes en ella (Coplaco, INUR, INV, Gerencia) y,donde no est¨¢n ni VISOMSA ni los grandes propietarios. OREVASA va a ser la encargada de adjudicar parte de las viviendas de VISOMSA, negociar los terrenos de peque?os propietarios, etc¨¦tera.

- Ayudas del INV en casos particulares (recomprar¨ªa viviendas a VISOMSA y las revender¨ªa con subvenci¨®n en casos de negociaci¨®n problem¨¢tica).