"Somos v¨ªctimas de la incoherencia administrativa y del juego pol¨ªtico"

El Consejo de Ministros celebrado el pasado viernes decidi¨® imponer a los promotores de la sociedad constructora de Villafontana II, en M¨®stoles, una multa de siete millones de pesetas por incumplimiento del plazo fijado por la Administraci¨®n para que resolvieran los problemas de su competencia surgidos en la urbanizaci¨®n. Los promotores de la sociedad han decidido recurrir contra esta decisi¨®n.

?Somos v¨ªctimas de la incoherencia administrativa. Las empresas afectadas por esta multa se han convertido en un mu?eco, utilizado para un juego pol¨ªtico que se viene desarrollando en una de las zonas m¨¢s conflictivas del pa¨ªs, M¨®stoles, tal como lo demuestran los recientes acontecimientos all¨ª acaecidos, sin que se tenga para nada en cuenta los intereses de los trabajadores afectos a las empresas. ? Esta opini¨®n de los directivos de la constructora acerca de la manipulaci¨®n pol¨ªtica de que son v¨ªctimas se pretende fundamentar en la serie de incidentes p¨²blicos surgidos con motivo del deficiente equipamiento sanitario de la zona Suroeste.Seg¨²n la empresa, las viviendas de Villafontana II son de protecci¨®n oficial, calificadas por el Ministerio de la Vivienda entre el 3 de junto de 1975 y el 10 de octubre de 1977.

?Un a?o despu¨¦s de construidas las viviendas -dicen los directivos de la empresa- se inici¨® una intensa campa?a de desprestigio de la urbanizaci¨®n por parte de un reducido grupo de vecinos, cuya intensa actividad desemboc¨® en repetidas denuncias que se presentaron siguiendo modelos preestablecidos. Como consecuencia de las mismas, el 15 de septiembre de 1976 la Direcci¨®n General de la Vivienda impuso la primera sanci¨®n.

La Delegaci¨®n Provincial de la Vivienda propuso una nueva sanci¨®n por incumplimiento de los plazos fijados para reparaci¨®n y acondicionamiento de las viviendas, con fecha 12 de diciembre de 1977. ?Contra esta sanci¨®n presentamos las alegaciones correspondientes, que, aunque fueron estimadas en parte, produjeron el extra?o efecto de que la Direcci¨®n General de la Vivienda elevase incomprensiblemente el importe de dicha sanci¨®n a 6.700.000 pesetas. Todo esto sucedi¨® mientras en el mismo departamento se conced¨ªan calificaciones definitivas a las mismas viviendas y en la misma urbanizaci¨®n.?

Tras esta sanci¨®n, y, antes de que se impusiera la del viernes pasado, el Ministerio de Obras P¨²blicas y Urbanismo mult¨® a la constructora con 944.000 pesetas m¨¢s.

Seg¨²n el grupo de empresas de Villafontana II, los expedientes del Ministerio de la Vivienda ?adolecen de vicio de nulidad radical, por cuanto las sanciones impuestas se apartan sustancialmente de las correspondientes propuestas de resoluci¨®n, sin concederse a las empresas expedientadas las m¨¢s elementales garant¨ªas procedimentales de audiencia y tr¨¢mite de alegaciones?. Para los promotores, la serie de deficiencias que se imputan carecen de las precisiones que permitan su identificaci¨®n. ?No concurren en ellas las exigencias legales que condicionan la sanci¨®n administrativa de las mismas. Algunas se reputan como normales en los propios informes de la Administraci¨®n y en alg¨²n caso, como en el de las humedades sancionadas, las brigadas de mantenimiento de las empresas se cansan de recorrer in¨²tilmente las viviendas sin poder localizar la mayor¨ªa de las veces las supuestas deficiencias.?

Todos los pisos de la urbanizaci¨®n Villafontana II est¨¢n vendidos, aunque la ¨²ltima fase se demor¨® en parte, debido precisamente a las primeras protestas vecinales, de las que se hicieron eco los medios de difusi¨®n. Seg¨²n ha podido saber EL PAIS, al parecer fue una persona ¨ªntimamente ligada a la vida municipal de M¨®stoles quien compr¨® los pisos que a¨²n quedaban por vender, alguno de los cuales ha sido puesto a la venta posteriormente.