El Pleno de la Constituci¨®n

EL PLENO del Congreso inicia hoy el debate del proyecto constitucional ya dictaminado por la Comisi¨®n. Los acuerdos a los que llegaron a finales de mayo las direcciones de los dos grandes partidos, con activa colaboraci¨®n de la Minor¨ªa Catalana y del PCE sobre buena parte de las cuestiones litigiosas, van a ser, presumiblemente, confirmados por las sesiones plenarias de la C¨¢mara. El partido del Gobierno ha renunciado a presentar enmiendas al texto, l¨®gica consecuencia del hecho de que sus posiciones nunca fueron derrotadas en la Comisi¨®n o bien impuso sus tesis mediante mayor¨ªas aritm¨¦ticas con el concurso de Alianza Popular, o bien pact¨® con la oposici¨®n parlamentaria situada a su izquierda f¨®rmulas consensuales. Los grupos parlamentarios que participaron en esa creaci¨®n del consenso sobre partes sustanciales del anteproyecto tambi¨¦n se ver¨¢n obligados a respetar los acuerdos.Sin embargo, los socialistas, los comunistas y la Minor¨ªa Catalana presentar¨¢n enmiendas sobre una serie de puntos que no fueron resueltos mediante la negociaci¨®n, sino por la imposici¨®n de la voluntad desnuda de UCD en esas materias. La abolici¨®n de la pena de muerte, el control parlamentario de los medios de comunicaci¨®n, la expl¨ªcita menci¨®n a la Iglesia cat¨®lica en el art¨ªculo 15, la sindicaci¨®n de los miembros de la carrera judicial y el derecho de asilo son algunas de las cuestiones que van a ser objeto de esas enmiendas. Es claro que si el partido del Gobierno no llega a acuerdos con los enmendantes, las propuestas correr¨¢n el mismo destino que en la Comisi¨®n, porque el apoyo de Alianza Popular a UCD o su abstenci¨®n proporcionar¨¢ al Gobierno la mayor¨ªa necesaria para imponer, de nuevo, sus puntos de vista. Tambi¨¦n podr¨ªa ocurrir que UCD respetara la cl¨¢usula de libertad de conciencia de sus diputados en cuestiones que competen a la moral individual, como el derecho de asilo o la abolici¨®n de la pena de muerte, o que casi la rozan, como la discriminaci¨®n de que pueden ser objeto los jueces. Pero lo deseable ser¨ªa que el grupo parlamentario gubernamental ampliara las ¨¢reas de consenso hasta cubrir la totalidad, o al menos gran parte, de los art¨ªculos en que opt¨® por Alianza Popular antes que ceder terreno en la negociaci¨®n con la Minor¨ªa Catalana, los socialistas y los comunistas. Todav¨ªa se est¨¢ a tiempo de ofrecer al pa¨ªs un texto que sea al menos homog¨¦neo en lo que respecta a su g¨¦nesis.

Para alcanzar ese objetivo es necesario que los dem¨¢s grupos -y no s¨®lo el Gobierno- se muestren propicios a la negociaci¨®n y al acuerdo; en este sentido la renuncia del PSOE a defender su enmienda sobre la forma de Estado resulta prometedora.

En el Pleno del Congreso los cuatro grupos parlamentarios que con mayores o menores dificultades llegaron a pactos satisfactorios sobre una gran parte del anteproyecto van a ser los grandes protagonistas, pero no los ¨²nicos actores. Alianza Popular va a utilizar todos los derechos que otorga un Parlamento democr¨¢tico a las minor¨ªas para que hagan o¨ªr su voz. Las numerosas enmiendas presentadas por los neofranquistas tienen en com¨²n su car¨¢cter regresivo y tambi¨¦n el objetivo de servir de bandera en el futuro para una campa?a de reforma de la Constituci¨®n que acerque su articulado lo m¨¢s posible a las a?oradas Leyes Fundamentales del antiguo r¨¦gimen.

En ese mismo plano de testimonialismo t¨¢ctico, aunque con un sentido diametralmente opuesto, se situar¨¢n, las enmiendas del se?or Letamend¨ªa, diputado de Euskadiko Ezkerra, y que, igualmente, aprovechar¨¢, ejerciendo unos derechos en cuyo mantenimiento se halla la clave del arco del sistema pluralista, las posibilidades legales que ofrece la democracia incluso a sus adversarios. Nos parece que la oportunidad brindada al se?or Letamend¨ªa es, precisamente, la mejor manera de demostrar que las afirmaciones de sus compa?eros de que nada ha cambiado en este pa¨ªs no resisten a la prueba de los derechos ni al an¨¢lisis l¨®gico, aunque cabe dudar de la capacidad para el razonamiento correcto de quien pide la abolici¨®n de la pena de muerte y, a la vez, justifica y comprende, aunque no apruebe pol¨ªticamente, que los pistoleros de ETA siguen la vida de miembros de las fuerzas de orden p¨²blico y de simples ciudadanos.

Pero a la hora de enmendar el texto constitucional desde un punto de vista vasco ser¨¢ el PNV y no el se?or Letamend¨ªa el Pian protagonista del Pleno. El representante de Euskaliko Ezkerra s¨®lo pretender¨¢ convertir a la C¨¢mara en una caja de resonancia para sus opiniones. Sin embargo, resulta muy dif¨ªcil no creer a los dirigentes del PNV cuando afirman que buscan un acuerdo que les permita dar su sincero apoyo al texto constitucional. El resto de los grupos parlamentarios deben tratar de hallar f¨®rmulas que satisfagan al nacionalismo vasco, pero la negociaci¨®n es algo bien distinto a la rendici¨®n incondicional ante el PNV.

La pol¨ªtica de uniformidad regional y de reg¨ªmenes preauton¨®micos ideada en mala hora por el Gobierno es, en gran parte, responsable de que los vascos se sientan insatisfechos con las declaraciones generales sobre las autonom¨ªas. Pero la opini¨®n p¨²blica tambi¨¦n tiene derecho a preguntarse las razones por las que Catalu?a, representada en el Congreso por diputados socialistas, comunistas y de Convergencia Democr¨¢tica, considera aceptable e incluso elogiable el proyecto de Constituci¨®n, mientras que la representaci¨®n parlamentaria de los vascos se escinde dram¨¢ticamente a este respecto.

Si las reticencias del PNV frente a la Constituci¨®n provienen del prop¨®sito de no perder los votos vascos abiertamente independentistas, los herederos de Sabino Arana est¨¢n cometiendo un serio error de c¨¢lculo: ETA continuar¨¢ asesinando con la cobertura de las indecisiones del PNV, provocando el ¨¦xodo de inversiones y de capitales vascos hacia otros territorios y desplazando la situaci¨®n de Euskadi y de Espa?a entera hac¨ªa la involuci¨®n y el conflicto civil como campo donde imponer su hegemon¨ªa. Y si el rechazo del texto constitucional se basa en que no haya sido aceptada la f¨®rmula del PNV para explicar la g¨¦nesis de la unidad espa?ola y para reparar las ofensas causadas a los vascos en la lejana ¨¦poca de las guerras carlistas, el resultado final ser¨¢ el mismo. Con la ¨²nica diferencia de que las graves responsabilidades hist¨®ricas del PNV habr¨¢ que imput¨¢rselas no a su maquiavelismo, sino a su doctrinarismo, m¨¢s propio de una pol¨ªtica de alcanfor que de una sociedad joven y moderna.