La ense?anza queda regulada seg¨²n la f¨®rmula aprobada por consenso
El articulo del proyecto constitucional que regula la ense?anza fue aprobado ayer por el Pleno del Congreso de Diputados, con la misma redacci¨®n a que se lleg¨® en la cena celebrada hace pr¨¢cticamente un mes por los representantes de UCD y del PSOE, y que dio origen, precisamente, a toda la operaci¨®n consenso que ha rodeado la elaboraci¨®n de la Constituci¨®n. Todos los grupos parlamentarios que participaron en la misma hab¨ªan retirado sus enmiendas, y s¨®lo Alianza Popular y dos diputados no adscritos a disciplina de grupo, los se?ores Barrera y G¨®mez de las Roces, mantuvieron las suyas. El consenso fue defendido un¨¢nimemente por los portavoces de los grupos que intentaron acorralar a Alianza Popular, a la que se acus¨® de mantener posturas estrictamente electoralistas.
El debate sobre el art¨ªculo 25 se desarroll¨® con cierta placidez, que s¨®lo se turb¨® al solicitar el se?or G¨®mez de las Roces que la votaci¨®n sobre su enmienda fuera secreta, para lo que present¨® ante la presidencia de la C¨¢mara, como es reglamentario, un folio con cincuenta firmas. El se?or Alvarez de Miranda estim¨® que era preciso comprobar si los firmantes se encontraban en el hemiciclo y el se?or De la Puerta (AP) anunci¨® que tres de ellos no estaban presentes, sus compa?eros de grupo, se?ores Fern¨¢ndez de la Mora (que hab¨ªa dado el consentimiento por tel¨¦fono), de La Vallina y Fraga, que hab¨ªan tenido que salir de viaje. Tras consultar con los portavoces de los dem¨¢s grupos parlamentarios, el presidente de la C¨¢mara solicit¨® que se pusieran en pie los diputados que deseaban que la votaci¨®n fuera secreta. Se alzaron de sus asientos s¨®lo cuarenta diputados. Varios de ellos eran de Uni¨®n de Centro Democr¨¢tico (C¨¦sar Llorens, In¨¦s Vilari?o, Aizp¨²n, Soriano, Mol, Ort¨ª Bord¨¢s, G¨®mez Angulo y Emilio Mart¨ªn Villa entre otros), as¨ª como Heribert Barrera y Emilio Gast¨®n, del grupo mixto.El presidente de la C¨¢mara rechaz¨® la solicitud y accedi¨® a la petici¨®n del se?or G¨®mez de las Roces de que se le devolviera el papel en que figuraban las cincuenta firmas iniciales. Cuando se proced¨ªa a la votaci¨®n de su enmienda, el se?or G¨®mez de las Rocas abandon¨® el hemiciclo.
Todo el debate sobre el mencionado articulo 25 se hab¨ªa centrado por parte de AP y del se?or G¨®mez de las Roces en la solicitud de que se introdujera el reconocimiento no s¨®lo de la libertad de crear centros docentes, sino tambi¨¦n de dirigirlos, as¨ª como el reconocimiento expreso del derecho de los padres a elegir el tipo de educaci¨®n que deseen para sus hijos, derecho preferente sobre cualquier otro.
El tema fue planteado, en primer lugar, en una enmienda defendida por el se?or G¨®mez de las Roces, pero la intervenci¨®n m¨¢s pol¨¦mica fue la del se?or Silva (AP) en defensa de la suya. Se?al¨® que hace falta pluralidad de escuelas, porque el derecho de los padres es anterior y prioritario al del Estado y discrep¨® de que ese derecho pueda ser ejercido por los padres como colectivo; es decir, por asociaciones de padres, porque -dijo- los ni?os no son hijos de asociaciones.
A?adi¨® que no bastan simples declaraciones formales y que para evitarlo era preciso incluir en la Constituci¨®n el derecho a crear y dirigir escuelas propias. ?Si no se acepta el partido ¨²nico, el sindicato ¨²nico, ?por qu¨¦ hemos de aceptar la escuela ¨²nica?? -a?adi¨®-. Hizo hincapi¨¦ en la necesidad de que destinaran fondos p¨²blicos a la financiaci¨®n de los centros docentes sin discriminaciones y en que la educaci¨®n religiosa deber¨ªa programarse en todas las escuelas para los alumnos creyentes, de forma que fueran los padres que no desearan para sus hijos esa educaci¨®n quienes solicitaran la dispensa en el caso concreto.
Se declar¨® en plena conformidad con el principio de la libertad de ense?anza y dijo que su grupo era la vanguardia para la defensa de ese principio. ?Los destinatarios de ?as subvenciones de los fondos p¨²blicos no deben ser los centros, como dice el proyecto, sino los padres.? El se?or Silva declar¨® que su grupo no ten¨ªa nada que objetar a que una junta econ¨®mica controlara la distribuci¨®n de esos fondos, pero sin que a trav¨¦s de ese control se pudiera intervenir en la gesti¨®n del centro.
La r¨¦plica a la enmienda de AP fue formulada por el diputado centrista Blas Camacho, quien estim¨® que la enmienda propuesta no resolv¨ªa ninguna cuesti¨®n pr¨¢ctica, por lo que se pod¨ªa pensar que el m¨®vil de la misma hab¨ªa sido una cuesti¨®n electoral. ?Tratar¨¦ de demostrar por qu¨¦ las matizaciones de esa enmienda no son m¨¢s que flores electorales?, a?adi¨®.
Dijo m¨¢s adelante que el reconocimiento de la libertad de ense?anza no necesitaba m¨¢s comentarios ni interpretaciones, y que en el proyecto se garantizaba el pleno desarrollo de la personalidad humana y el respeto a los principios democr¨¢ticos de convivencia,
Estim¨® resueltamente inconcebible que la introducci¨®n de la palabra dirigir suponga algo nuevo para la interpretaci¨®n del precepto, y record¨® que la redacci¨®n actual supon¨ªa el pleno reconocimiento del derecho a dirigir centros, igual que se reconoc¨ªa en el proyecto de ley, que sobre este tema ha enviado ya el Gobierno a la C¨¢mara, Consider¨® que la enmienda de AP era regresiva, y termin¨® se?alando que solamente por ignorancia o malicia se pod¨ªa decir que esta Constituci¨®n no reconoce y defiende el principio de la libertad de ense?anza.
El diputado catal¨¢n Heribert
La educaci¨®n regulada por consenso
Barrera propuso la supresi¨®n del apartado nueve del art¨ªculo, en el que se dice que los poderes p¨²blicos ayudar¨¢n a los centros docentes que re¨²nan los requisitos que la ley establezca. Lo calific¨® de modelo de imprecisi¨®n y defendi¨® la necesidad de introducir la verdadera pluralidad en la ense?anza p¨²blica.La enmienda del se?or G¨®mez de las Roces, en cuya votaci¨®n se produjo el incidente mencionado, fue derrotada por veinte votos a favor, 246 en contra y cuatro abstenciones. La del se?or Silva Mu?oz corri¨® igual suerte, por diecis¨¦is votos a favor, 252 en contra y siete abstenciones. Por ¨²ltimo, la enmienda del se?or Barrera fue tambi¨¦n derrotada por seis votos a favor, 261 en contra y nueve abstenciones.
Tras la aprobaci¨®n del texto que figuraba en el proyecto se abri¨® un turno de explicaci¨®n de voto en el que todos los grupos parlamentarios (hasta ese momento s¨®lo UCD y AP hab¨ªan intervenido en el debate) evidenciaron el esp¨ªritu de consenso, excepto, l¨®gicamente, Alianza Popular.
G¨®mez Llorente: "Control comunitario de los centros"
En su explicaci¨®n de voto, el se?or Silva asegur¨® que su enmienda no era electoralista, sino de fondo, porque responde a una concepci¨®n de la vida. Se opuso al pactismo y consenso en torno a este art¨ªculo y manifest¨® que la supresi¨®n de los t¨¦rminos promoci¨®n y direcci¨®n de los centros supon¨ªan sendas mutilaciones en el texto aprobado, que llevaban consigo el riesgo de que pueda mediatizarse la voluntad de fundaci¨®n de los centros docentes.
Por el Grupo Socialista, Luis G¨®mez Llorente manifest¨® que el art¨ªculo aprobado no recog¨ªa la filosof¨ªa socialista sobre la educaci¨®n, y a?adi¨® que ello era l¨®gico en una Constituci¨®n que debe ser duradera y aceptable para todos.
Glos¨® cada uno de los puntos del precepto y manifest¨® que nadie debe ver tras la relativa imprecisi¨®n del punto nueve que se esconda un prop¨®sito de negar la ayuda econ¨®mica a los centros privados. ?Por el contrario -dijo-, somos favorables a que aurnente esa ayuda. Nuestra filosof¨ªa no es la de negarla, sino la de controlar la administraci¨®n y gesti¨®n de los centros subvencionados con fondos p¨²blicos.?
Declar¨® que los socialistas hubieran preferido una escuela laica y la incorporaci¨®n de la coeducaci¨®n, as¨ª como la garant¨ªa de una educaci¨®n pluralista. En cambio, estim¨® suficientes los puntos incluidos en el art¨ªculo.
El se?or G¨®mez Llorente explic¨® que la oriosici¨®n de su grupo a las enmiendas del se?or G¨®mez de las Roces y de AP estaba en funci¨®n del prop¨®sito de, a trav¨¦s de ellas, imponer mediante la Constituci¨®n la financiaci¨®n inmediata e indiscriminada de los centros privados, al tiempo que se intentaba evitar la democratizaci¨®n interna de los centros subvencionados por el Estado. A?adi¨® que si lo que de verdad se defend¨ªa era la participaci¨®n de los padres no comprend¨ªa c¨®mo tales enmiendas trataban de disminuir la participaci¨®n de la comunidad escolar -profesores, padres y, en su caso, alumnos- en los centros.
Asimismo se?al¨® que el se?or Silva alanceaba molinos de viento al arremeter contra la escuela ¨²nica, y finalmente -tras ser requerido por el presidente de la C¨¢mara para que acortara su intervenci¨®n- se?al¨® que no ser¨¢ correcto financiar centros privados mientras subsistan las faltas y carencias educativas de que actualmente adolece nuestro pa¨ªs. ?Ser¨ªa inmoral?, dijo.
Por la Minor¨ªa Catalana, Miguel Roca insisti¨® en algunos de los argumentos expuestos y calific¨® al se?or Silva de fariseo, cuyo grupo est¨¢ introduciendo en el debate ?el terrorismo intelectual, el temor a las hordas?.
El comunista Jordi Sol¨¦ dijo que los dem¨¢s grupos hab¨ªan querido resolver el problema contra los fantasmas esgrimidos por AP e hizo un elogio del esp¨ªritu de consenso que hab¨ªa llevado a una soluci¨®n positiva frente a la estrechamente electoralista de AP. Entre otras mejoras del art¨ªculo destac¨® el control de los centros por parte de profesores, padres y alumnos frente a la concepci¨®n hasta ahora imperante del negocio.
Por UCD, Oscar Alzaga emple¨® argumentos de derecho comparado para decir que se acababa de regular uno de los temas constitucionales m¨¢s conflictivos, con un texto que carec¨ªa de los riesgos subrayados con criterios alarmistas por Alianza Popular y que, en cambio, satisfac¨ªa con holgura los m¨ªnimos del programa electoral de UCD.
Frente a la afirmaci¨®n que hab¨ªa hecho el se?or G¨®mez Llorente de que el proyecto de ley sobre el estatuto de centros docentes quedar¨ªa, a la luz'del texto aprobado, inconstitucional, el se?or Alzaga asegur¨® que el Gobierno no retirar¨ªa el citado proyecto de ley.
Aludi¨® a las contradicciones internas de AP, y concretamente a las distintas posiciones mantenidas por los se?ores Fraga y Silva en materia de ense?anza.
Por alusiones, el se?or Silva volvi¨® de nuevo a la tribuna para afirmar que lo que ¨¦l hab¨ªa mantenido era el derecho a la subvenci¨®n de la ense?anza, que corresponde a los padres de los alumnos. Desminti¨® que AP se hubiera negado al consenso y que hubiera querido imponer sus ideas y creencias a los dem¨¢s, sino simplemente obtener el respeto para las suyas.
La socialista catalana Marta Mata afirm¨® que lo m¨¢s insatisfactorio del tema aprobado era la ausencia de referencia a la realidad del subdesarrollo educativo que padece nuestro pa¨ªs. Por lo dem¨¢s, estim¨® la pol¨¦mica sobre la libertad de ense?anza, bizantina y farisaica, y el texto sobre este tema, el m¨¢s confuso del art¨ªculo. Dijo que le extra?aba ver defendida por AP la libertad de ense?anza a trav¨¦s de portavoces que pertenecieron a un r¨¦gimen que impidi¨® la libertad de ense?anza.
El se?or Silva, desde su esca?o respondi¨®: ?Manos blancas no ofenden.? Seguidamente, al filo de las once de la noche y con un total de diputados no superior a los sesenta -m¨¢s de la mitad socialistas- el presidente de la C¨¢mara levant¨® la sesi¨®n hasta el pr¨®ximo martes.
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