Responsabilidades

LA COMPARECENCIA del ministro del Interior ante el Congreso, precedida por una reuni¨®n anterior del se?or Mart¨ªn Villa con los l¨ªderes de los grupos parlamentarios que forman la Junta de Portavoces, era, sin duda, una decisi¨®n animada por la buena voluntad y por el prop¨®sito de adecuar el comportamiento gubernamental a los tiempos democr¨¢ticos. Y, sin embargo, se pueden abrigar serias dudas acerca de la adecuaci¨®n entre los t¨ªmidos pasos dados ayer en la C¨¢mara y la gravedad y trascendencia de la situaci¨®n desencadenada el pasado s¨¢bado en Navarra por la incompetencia o la indisciplina de personas responsables de salvaguardar el orden p¨²blico, que contribuyeron a alterarlo con consecuencias dram¨¢ticas.Los incidentes que se han venido jalonando en todo el Pa¨ªs Vasco alcanzaron ayer una nueva cota dram¨¢tica en San Sebasti¨¢n, donde un joven perd¨ªa la vida casi en el mismo momento en que el se?or Mart¨ªn Villa ped¨ªa permiso al Congreso para presentar sus explicaciones por escrito, sin plazo establecido y en la Comisi¨®n del Interior de la C¨¢mara, y los se?ores diputados aceptaban las razones y las peticiones del ministro. Hay motivos para pensar que no s¨®lo el Gobierno, sino tambi¨¦n los representantes de la soberan¨ªa popular han ido progresivamente perdiendo, en el ambiente cerrado y exclusivo de los palacios, los despachos y los comedores, ese m¨ªnimo de sensibilidad imprescindible para sintonizar con los estados de ¨¢nimo y de c¨®lera de los ciudadanos en cuyo nombre administran o legislan. Porque, contra lo que blanda y eufem¨ªsticamente dice la resoluci¨®n del Congreso, no estamos simplemente ante unos ?tristes hechos que han ensangrentado unas fiestas populares?, sino frente a la preocupante constataci¨®n de que nuestra democracia se halla amenazada no s¨®lo desde fuera por los grupos terroristas, sino tambi¨¦n desde dentro, por la permanencia en puestos de elevada responsabilidad de personas que confunden su obligaci¨®n de perseguir y detener delincuentes con la arbitraria potestad para organizar progroms y para tomar decisiones que pudieron producir, en la plaza de toros de Pamplona, una aut¨¦ntica massacre . El formulario p¨¦same, mediante el que el Congreso ?expresa su profundo sentimiento a las v¨ªctimas y sus familiares?, parece ignorar que la tristeza, la indignaci¨®n y la solidaridad no se circunscriben a los parientes de Germ¨¢n Rodr¨ªguez -y de Jos¨¦ Ignacio Barandiar¨¢n- o de los heridos en los incidentes del s¨¢bado, sino que se extiende a ampl¨ªsimos sectores de un pueblo que ha sido v¨ªctima, desde hace m¨¢s de cuarenta a?os, de represiones indiscriminadas y que contempla ahora c¨®mo las transformaciones democr¨¢ticas -reales y profundas, en contra de lo que afirma ETA- no pueden impedir, sin embargo, la repetici¨®n de esas tristes haza?as. En un momento como el actual, en que todos los esfuerzos parecen pocos para que una significativa mayor¨ªa del pueblo vasco refrende la Constituci¨®n (que cubre sobradamente los m¨ªnimos necesarios para la consolidaci¨®n de la democracia y la creaci¨®n de instituciones de autogobierno, pero que todav¨ªa es contemplada con reticencia no s¨®lo por los grup¨²sculos abertzales, sino tambi¨¦n por el PNV), las burocr¨¢ticas f¨®rmulas de condolencia, la ausencia de emoci¨®n en la descripci¨®n de los hechos, la cort¨¦s solicitud girada al Gobierno para recibir informaci¨®n y la sumisa invitaci¨®n al ministro del Interior para que haga buena letra y no tarde demasiado en presentar sus deberes a la Comisi¨®n del Interior, no parecen las mejores tarjetas de visita para nuestros diputados.

Volviendo la vista atr¨¢s, cabe recordar la marimorena que organiz¨® el pasado septiembre el Grupo Parlamentario Socialista porque uno de sus diputados hab¨ªa sido tratado desconsiderada mente por miembros de las fuerzas de orden p¨²blico. ?Acaso un Pleno solemne estaba m¨¢s justificado por los coscorrones propinados al se?or Blanco que por los sucesos de Pamplona? Y cuando, pasando del Congreso al Senado, se observa que ha sido denegado el suplicatorio para procesar a un senador por hechos en nada relacionados con la pol¨ªtica y sucedidos antes de su elecci¨®n, surgen serias dudas sobre la capacidad de nuestros parlamentarios para estar a la altura del mandato recibido. Lo de Pamplona merec¨ªa una respuesta pol¨ªtica por parte del Gobierno y de las Cortes. Ni uno ni otra han sido capaces de darla. Una cosa es no querer contribuir a la pasi¨®n desestabilizadora y otra meter la cabeza debajo del ala ante hechos como ¨¦ste. Si la democracia quiere ser fuerte, su polic¨ªa debe ser respetada y debe respetar al poder pol¨ªtico y a la condici¨®n c¨ªvica de los espa?oles. En cuanto a la intervenci¨®n del se?or Mart¨ªn Villa, s¨®lo cabe lamentar que la lentitud e ineficacia de sus servicios de informaci¨®n le impidan hacer una ?exposici¨®n amplia y profunda? de lo sucedido, de forma tal que los se?ores diputados y la opini¨®n p¨²blica s¨®lo puedan enterarse por la prensa de la cr¨®nica de aquella sangrienta noche. Queda en el aire la promesa de suministrar, ?en el plazo m¨¢s breve posible?, esa informaci¨®n detallada y completa; como tambi¨¦n quedaron en el aire, en su d¨ªa, los reiterados compromisos de explicar las matanzas de Vitoria y Montejurra -por un Gobierno en el que el se?or Mart¨ªn Villa desempe?aba la cartera de Relaciones Sindicales- y los sangrientos sucesos de M¨¢laga y Tenerife -por un Gobierno en el que el se?or Mart¨ªn Villa era ya ministro del Interior-, sin que nunca llegaran a ser aclarados satisfactoriamente los hechos, ni a ser castigados los culpables.

M¨¢s comprensible es, en cambio, el silencio moment¨¢neo del ministro del Interior respecto a las determinaciones que en relaci¨®n con la pol¨ªtica de orden p¨²blico vaya a asumir el Gobierno. Es de suponer que el se?or Mart¨ªn Villa, que es el responsable pol¨ªtico de los sucesos de Pamplona (y, por derivaci¨®n, de los que pueda producir la campa?a de solidaridad en todo el Pa¨ªs Vasco), habr¨¢ presentado ya -aunque s¨®lo sea de forma simb¨®lica- su dimisi¨®n al presidente del Gobierno o habr¨¢ condicionado su permanencia en el cargo al castigo inmediato y p¨²blico de los responsables materiales de esos acontecimientos. Porque supondr¨ªa un salto hacia el pasado demasiado grave que la intervenci¨®n de ayer fuera una simple argucia para ganar tiempo, esperar a que las heridas cicatricen y se calmen los ¨¢nimos, y seguir todos en sus puestos.

El Gobierno est¨¢ emplazado ante la opini¨®n p¨²blica no s¨®lo para ofrecer una informaci¨®n detallada de lo ocurrido, sino tambi¨¦n para sancionar a los culpables y tomar las medidas necesarias que hagan imposible la repetici¨®n de esos desmanes. Porque un Gobierno que no controla a su polic¨ªa y no se atreve a tomar medidas al respecto es un cad¨¢ver viviente.