Sin razones legales en los proyectos de autopistas a Guadalajara y Toledo

Doctor ingeniero de Caminos de la Delegaci¨®n de Circulaci¨®n y Transportes

El Consejo de Ministros celebrado el pasado 15 de julio aprob¨® las bases y el pliego de condiciones del concurso- subasta para la construcci¨®n de las autopistas A-2 (Madrid-Guadalajara) y A-4 (Madrid-Toledo). El sistema de explotaci¨®n elegido es el peaje.

La Administraci¨®n puede elegir alternativas sobre qu¨¦ problemas resolver y c¨®mo hacerlo, es obvio que el transporte metropolitano y regional en Madrid es uno de los m¨¢s acuciantes en el sector. Ahora bien, lo que la Administraci¨®n no puede hacer en ning¨²n caso es vulnerar el derecho, asistimos hoy al empe?o, por parte de todas las fuerzas constructivas del pa¨ªs, de organizar ¨¦ste en un marco legal que garantice las libertades y derechos de los individuos, aislada y colectivamente, frente a s¨ª mismos y frente a la Administraci¨®n, y es ¨¦sta, dada su situaci¨®n de privilegio, la parte que con mayor esmero debe ajustarse a la ley.

Las autopistas espa?olas cuentan con una reciente ley de Carreteras (de 19 de diciembre de 1974) que en su art¨ªculo 15 establece taxativamente que ?s¨®lo podr¨¢n construirse nuevas carreteras estatales cuando se hallen previstas en el Plan Nacional de Carreteras o en las modificaciones que en ¨¦l se introduzcan por medio de la ley?; el art¨ªculo 8 es el que define el contenido del Plan Nacional de Carreteras y la inclusi¨®n en el mismo de las autopistas del Estado, cualquiera que sea el r¨¦gimen de su explotaci¨®n.

Es el caso que el Gobierno ha incumplido ostentosamente la citada ley de Carreteras, que en su disposici¨®n final segunda establec¨ªa ( ?en 1974!) que, ?en el t¨¦rmino de dos a?os, el Gobierno remitir¨¢ a las Cortes el proyecto de ley del Plan Nacional de Carreteras?. Hasta la fecha ni el Ministerio de Obras P¨²blicas y Urbanismo ha elevado propuesta alguna al Gobierno ni por supuesto, ¨¦ste a las Cortes. Propuesta que no requiere especiales presupuestos, sino que ¨²nicamente requiere poner en funcionamiento una maquinaria humana de la que el Ministerio del ramo dispone, pero que oscuros designios del poder, prefiere mantener en dulce holganza. La inclusi¨®n de una nueva carretera en ese Plan Nacional inexistente requiere la previa informaci¨®n p¨²blica del correspondiente estudio informativo o anteproyecto (art¨ªculos 35 a 39 del Reglamento General de Carreteras), con objeto de recoger observaciones sobre la concepci¨®n de la nueva v¨ªa que se proyecta construir. Tampoco se ha cumplido este tr¨¢mite en las dos autopistas que el Gobierno promueve.

No ser¨ªa correcto justificar las autopistas Madrid-Toledo y Madrid-Guadalajara como fases iniciales de las autopistas A-2 y A-4 contenidas en el viejo Plan Nacional de Autopistas, pues ¨¦stas se concibieron en su d¨ªa como soluci¨®n al transporte nacional de largo recorrido y as¨ª fueron presentadas a las Cortes el 25 de junio de 1973 por el entonces ministro de Obras P¨²blicas. Se tergiversar¨ªa con este argumento la finalidad y justificaci¨®n b¨¢sica de aquel Plan, al promover la construcci¨®n de tramos aislados como soluci¨®n al transporte metropolitano.

?Qu¨¦ razones de peso puede esgrimir, pues, el Gobierno para eludir el estricto cumplimiento de la ley? ?Qu¨¦ base te¨®rica puede aportar para basar ¨²nicamente en el transporte privado el desarrollo de nuevos n¨²cleos urbanos en el ¨¢rea metropolitana madrile?a? ?Qu¨¦ controles ha superado la decisi¨®n ele implantar un sistema de explotaci¨®n como el peaje en un ¨¢rea metropolitana? El Ministerio de Obras P¨²blicas opta por una potenciaci¨®n del desarrollo radial de Madrid cuando a¨²n no se conoce ninguna soluci¨®n financiera para la construcci¨®n del Cuarto Cintur¨®n de su Red Arterial; olvida el Ministerio de modo inexplicable la dotaci¨®n de transportes p¨²blicos con infraestructura propia, independiente de las carreteras, para lo que en un pr¨®ximo futuro ser¨¢n los principales canales de crecimiento de Madrid, con lo que, no sabemos si conscientemente, sienta las bases para la fiel reproducci¨®n de la triste realidad urban¨ªstica que hoy padecemos.

Una inversi¨®n nacional como la planteada, de unos 40.000 millones de pesetas, no puede escamotearse en su planteamiento, motivaciones y efectos perseguidos a la participaci¨®n p¨²blica, que hoy dispone de unas Cortes representativas Y, en cualquier caso, de una legalidad que el Gobierno no puede permitirse el lujo de ignorar.