Los empresarios de la antracita reclaman incremento de precios
La producci¨®n de antracita de 1978 no podr¨¢ ser utilizada por las centrales t¨¦rmicas ?hasta dentro de tres o cuatro a?os?, seg¨²n los empresarios del sector, al haber acumulado estas ¨²ltimas unos stocks equivalentes a la producci¨®n anual de toda la miner¨ªa del pa¨ªs. Una sola central -la de Compostilla, en Ponferrada, propiedad de Endesa- cuenta en estos momentos con dos millones y medio de toneladas de carb¨®n almacenadas en sus instalaciones, en tanto que la producci¨®n nacional se sit¨²a en torno a los cuatro millones de toneladas anuales.Los datos arriba citados fueron expuestos ayer en una rueda de prensa convocada por la patronal minera leonesa -Le¨®n produce el 60% de la antracita consumida por las t¨¦rmicas de todo el pa¨ªs- en respuesta a las acusaciones de las centrales sindicales sobre los expedientes de crisis que amenazan con hundir al sector. Los empresarios, a su vez, han acusado a la Administraci¨®n de provocar la crisis con la actual pol¨ªtica de precios, favoreciendo la importaci¨®n de combustibles derivados del petr¨®leo. Mientras que el precio de una tonelada de antracita es de 2.500 pesetas para las centrales t¨¦rmicas, que absorben el 75% de la producci¨®n, los costos de explotaci¨®n se sit¨²an en tomo a las 5.000 pesetas por tonelada, precio que s¨®lo se alcanza en el carb¨®n de uso dom¨¦stico y que apenas representa una cuarta parte de la producci¨®n total.
Los empresarios han pedido a las centrales sindicales que hagan frente com¨²n con ellos, ?para un planteamiento de fuerza de cara a la Administraci¨®n?, con el objeto de conseguir una revisi¨®n de los precios y ayudas financieras para hacer frente a la crisis y a los problemas de stocks. Seg¨²n la patronal, tal ?frente com¨²n? tiene antecedentes satisfactorios en la crisis minera de 1968, fecha en que un alza oficial de los precios evit¨® la desaparici¨®n de la mitad de las empresas del sector. La renta de la miner¨ªa de la antracita en la provincia de Le¨®n se aproxima a los 12.000 millones de pesetas anuales -casi un 20% de la renta provincial-, con un censo laboral de 7.000 trabajadores que podr¨ªan perder su empleo, de forma gradual, en breve plazo ?al agotarse la capacidad de resistencia de las empresas?.
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