El Estado adquirir¨¢ Segarra y Arrages

El pr¨®ximo d¨ªa 25 el Patrimonio del Estado adquirir¨¢ la totalidad de las sociedades Silvestre Segarra y Arrages, seg¨²n acuerdo del Consejo de Ministros. Con esta decisi¨®n se cierra una fase de esta historia comenzada con la suspensi¨®n de pagos de la sociedad presentada por sus actuales propietarios el 14 de septiembre de 1976, que provoc¨® la incautaci¨®n de la sociedad un d¨ªa despu¨¦s a propuesta del ministro de Industria, Carlos P¨¦rez de Bricio, con el apoyo del titular de Hacienda, Eduardo Carriles. La suspensi¨®n de pagos fue aceptada el 25 de enero de 1977. La incautaci¨®n se produjo en aplicaci¨®n de la ley correspondiente de 1939. Se trat¨® de la segunda ocasi¨®n en que se hac¨ªa uso de la misma.

El Gobierno aprob¨® tambi¨¦n la concesi¨®n a la sociedad incautada de un cr¨¦dito de 843 millones -del que se ha dispuesto ya en su totalidad- con car¨¢cter excepcional. El Consejo de Incautaci¨®n se hizo cargo de la sociedad y procedi¨® a elaborar un -plan de reestructuraci¨®n y mantenimiento de la misma que culmin¨® con un compromiso de responsabilidad social, firmado por la gerencia y los trabajadores. En funci¨®n de este acuerdo, la plantilla de 3.500 trabajadores se ha reducido a 2.500.La Direcci¨®n General del Patrimonio del Estado ha procedido en este tiempo a organizar la sociedad y su contabilidad y formular la propuesta oportuna sobre su destino. Por diversas circunstancias se ha ido retrasando la soluci¨®n del tema, que se cerr¨® en un reciente Consejo de Ministros y que se consolidar¨¢ antes de que acabe este mes.

La direcci¨®n del Patrimonio -Hacienda-, una vez estudiada la situaci¨®n de la sociedad y sus perspectivas de futuro y culminada una dura negociaci¨®n con la familia Segarra, propuso al Gobierno la adquisici¨®n de la sociedad, as¨ª como de Arrages -empresa vinculada con importantes activos inmobiliarios-, con car¨¢cter excepcional y con compromiso de traspaso al sector privado una vez reflotada la compa?¨ªa.

A la propuesta de Hacienda present¨® un documento de objeciones el Ministerio de la Presidencia. En este documento se alude al hecho de que el actual titular de Hacienda, Francisco Fern¨¢ndez Ord¨®?ez, hubiera actuado en la incautaci¨®n de 1976 como abogado de Segarra antes de ocupar el cargo. Indica tambi¨¦n que en el momento de producirse el nombramiento del se?or Fern¨¢ndez Ord¨®?ez ¨¦ste renunci¨® con documento notarial al puesto de abogado de la empresa, as¨ª como a los honorarios que pudieran corresponderle por el trabajo desarrollado hasta ese momento.

Posteriormente, el informe de Presidencia presenta el cuadro de cifras del balance de Segarra, as¨ª como la propuesta del Patrimonio del Estado, al parecer con un error en torno a los 1.000 millones de pesetas en las valoraciones. La postura de este Ministerio es de oposici¨®n a la nacionalizaci¨®n de la sociedad por considerarla inadecuada en estos momentos y se muestra favorable a otras alternativas que van desde el cierre de la misma a la entrega a los trabajadores.

Ante esta situaci¨®n, el vicepresidente Fernando Abril medi¨® entre ambas propuestas, y despu¨¦s de un estudio del tema en el que participaron, el ministro de la Presidencia, Jos¨¦ Manuel Otero, y el director general del Patrimonio, Arturo Roman¨ª, decidi¨® apoyar la propuesta nacionalizadora como ¨²nica alternativa viable para salir de la incautaci¨®n. El Consejo de Ministros aprob¨® el acuerdo propuesto por Hacienda en este sentido y con ello se cerr¨® esta disputa t¨¦cnica que adquiri¨® en algunos momentos cierta dimensi¨®n pol¨ªtica, a la vista de las insinuaciones formuladas por la Presidencia del Gobierno.

La competencia no quiso comprar

Previamente a formular la propuesta de nacionalizaci¨®n, los industriales zapateros y del curtido fueron consultados por si ten¨ªan inter¨¦s en adquirir la sociedad haci¨¦ndose cargo de la suspensi¨®n de pagos. La respuesta del sector fue negativa y el criterio mayoritario fue de dejar caer la empresa. En opini¨®n de t¨¦cnicos del Patrimonio, esta postura es hasta cierto punto l¨®gica, ya que supone eliminar un competidor que cubre un segmento del mercado de cierta importancia.La posici¨®n de los t¨¦cnicos de Hacienda se basa en la consideraci¨®n de que la nacionalizaci¨®n es inevitable. En su opini¨®n, la entrada del sector p¨²blico en Segarra se produjo en septiembre de 1976 al procederse a la incautaci¨®n y en estos inomentos no se hace otra cosa que tratar de reflotar la empresa y de recuperar una inversi¨®n del Estado hecha con el cr¨¦dito extraordinario de 843 millones concedido en el momento, de la incautaci¨®n. Por otro lado, estiman los t¨¦cnicos del Patrimonio que la empresa puede ser reflotada con los consiguientes efectos sociales positivos de haber evitado la quiebra de la primera industria de la regi¨®n de Vall de Uxo y con ello se produciria una experiencia a considerar en el futuro como esfuerzo de reestructuraci¨®n empresarial.

Entrada de intereses privados

Una vez producida la decisi¨®n del Gobierno de adquirir la compa?¨ªa, intereses privados representados por las Cajas de Valencia y Castell¨®n y Promobanc han manifestado su inter¨¦s en cubrir un 12,5% de la ampliaci¨®n de capital a que proceder¨¢ el Estado una vez adquirida la sociedad y hecho frente al compromiso con los acreedores reconocidos en la suspensi¨®n. De esta forma, la inversi¨®n del Estado se reducir¨ªa en 230 millones de pesetas.El Patrimonio del Estado tendr¨¢ que designar, una vez que se haga cargo de la titularidad de la sociedad, el consejo de administraci¨®n y gerencia que gestione la empresa. En primer t¨¦rmino se pretende proceder a levantar la suspensi¨®n de pagos, para lo que est¨¢n casi ultimados diversos acuerdos con los acreedores. La reducci¨®n del actual capital a cero, la liquidaci¨®n de algunos activos y la posterior ampliaci¨®n hasta 1.834 millones proporcionar¨¢ los fondos suficientes para liquidar la suspensi¨®n; y proceder a las inversiones necesarias para relanzar la empresa sin cargas financieras graves.