Medio mill¨®n de personas, afectadas por las remodelaciones urbanas /1

ArquitectosMiembros del equipo LUR

Alrededor de 100.000 familias viven, en Madrid, en viviendas sentenciadas a desaparecer en un plazo no lejano.

Las demolicionse se han extendido por todas partes en los ¨²ltimos a?os como consecuencia de las operaciones de renovaci¨®n bulldozer. Remodelaci¨®n de ¨¢reas de baja densidad como reflejo de la concentraci¨®n de circuitos econ¨®micos: autopistas urbanas, grandes centros comerciales, nuevas ¨¢reas terciarias. Remodelaci¨®n social que integra a las capas intermedias y la parte m¨¢s solvente de la clase obrera, deportando a los trabajadores menos cualificados, jubilados y chabolistas.

La actual pol¨ªtica de vivienda oficial, con una peque?¨ªsima muestra de promoci¨®n estatal directa, hace que, en una etapa de crecimiento de la ciudad devor¨¢ndose a s¨ª misma la capacidad de realojamiento de los afectados por el Estado, sea muy reducida, por lo que los conflictos son inevitables. ?Vivienda por vivienda? es la expresi¨®n popular del derecho al realojamiento en el mismo barrio, por el que se han movilizado amplias capas de trabajadores, es decir, negativa a pagar una nueva vivienda hipotecando el trabajo del resto de sus d¨ªas.

Desde septiembre de 1957, en que aparecen normas en el BOE para ?evitar los asentamientos clandestinos en Madrid?, hasta hoy, con una nueva Constituci¨®n pol¨ªtica concluida, no se ha dictado una formulaci¨®n legal espec¨ªfica para el tratamiento de los problemas de las barriadas obreras y populares, mientras que han persistido en toda la legislaci¨®n urban¨ªstica sistemas de actuaci¨®n que, sobre la base de la propiedad privada del suelo o de los medios de producci¨®n, permiten a grandes propietarios, promotoras o Administraci¨®n p¨²blica, la expropiaci¨®n de los bienes creados con la expulsi¨®n de la poblaci¨®n existente.

La Constituci¨®n pol¨ªtica recientemente aprobada por el Congreso de Diputados deja en la m¨¢s absoluta ambig¨¹edad el que ?todos los espa?oles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada ... ?. Se reconoce, tambi¨¦n, sin limitaciones de ning¨²n tipo, el derecho a la propiedad privada, cuando una parte considerable del suelo urbano de Madrid se encuentra retenido con fines especulativos

Se reconocen formas de intervenci¨®n en, el territorio que significan la expulsi¨®n de familias trabajadoras: ?Ning¨²n espa?ol podr¨¢ ser Privado de sus bienes sino por causa justificada de utilidad p¨²blica o inter¨¦s social, mediante la correspondiente indemnizaci¨®n ) de conformidad con lo dispuesto por las leyes? (art¨ªculo 31). Cualquier expropiado sabe que lo dispuesto por las leyes es una rid¨ªcula indemnizaci¨®n en met¨¢lico que no cubre la entrada en otra vivienda m¨¢s alejada de la ciudad. En cuanto a que ?los espa?oles son iguales ante la ley, sin discriminaciones ... ? (art¨ªculo 13), los peque?os propietarios incluidos en un pol¨ªgono de compensaci¨®n saben que las decisiones son proporcionales al n¨²mero de maetros cuadrados.

En Madrid se calculan 38.000 chabolas, en las que se asienta una poblaci¨®n equivalente a la de muchas capitales de provincia. Hoy, sin ninguna oferta de vivienda a su alcance, estos habitantes se encuentran amenazados por planes de derribo de sus casas: el progreso social en aumento lo exige.

Todos los vecinos saben que su barrio vale mucho y se consideran los principales art¨ªfices de las plusval¨ªas creadas.

El papel de la Administraci¨®n en todo el proceso ha sido el de eludir cualquier tipo de antecedentes que pudieran representar un derecho al territorio por parte de los chabolistas e ir preparando el camino para la actuaci¨®n de la iniciativa privada. La aprobaci¨®n de los planes parciales por el Ayuntamiento inicia la mec¨¢nica expropiatoria por Gerencia de Urbanismo o promotores contra la poblaci¨®n residente. Los grandes propietarios han estado presentes en todo el proceso sin arriesgar nada, sab¨ªan que se iban a crear amplias expectativas de vivienda y que no ten¨ªan m¨¢s que esperar, reteniendo grandes bolsas de suelo libre durante a?os, suelo calificado urban¨ªsticamente para ser puesto en el mercado en el momento oportuno.

El segundo grupo de familias afectadas por los derribos se encuentra en el parque de viviendas de protecci¨®n oficial: los poblados dirigidos, poblados m¨ªnimos, los agr¨ªcolas y de absorci¨®n, las ?uvas? (chabolismo oficial, habit¨¢culos provisionales para cinco a?os de duraci¨®n que se han hecho definitivos). Viviendas de p¨¦sima calidad que, a pesar de las reformas peri¨®dicas hechas por sus habitantes se hallan hoy, en buena parte, inhabitables o ruinosas. Unas 25.000 viviendas est¨¢n en estas condiciones, es decir, un 30% de la obra estatal en Madrid.

En tercer lugar tenemos la poblaci¨®n de los Barrios antiguos. En un reciente art¨ªculo del director general de Urbanismo, al referirse a los cascos antiguos, daba esta cifra escabrosa: ?El valor de los edificios de vivienda demolidos desde la aprobaci¨®n del vigente plan general puede cifrarse, en pesetas actuales, en m¨¢s de 100.000 millones, cifra que casi bastar¨ªa para resolver el actual problema de vivienda en la capital.?

El n¨²mero de viviendas ruinosas o infraviviendas es comparable a los dos anteriores. En el distrito Centro el 80% de los edificios son anteriores a 1900. A pesar de tratarse de un parque considerable, la Administraci¨®n ha ignorado cualquier medida de conservaci¨®n, como la concesi¨®n de cr¨¦ditos baratos a los propietarios modestos para las reformas.