Juez y parte

Las declaraciones del subsecretario de Trabajo, Gerardo Harguindey, ante los empresarios vallisoletanos, el pasado domingo, no han gustado ni a sus presuntos beneficiarlos: Uni¨®n Sindical Obrera. Esta central, al igual que UGT y CCOO, ha hablado de injustificadas intromisiones de la Administraci¨®n en un campo que no le corresponde, el de la vida sindical. Las afirmaciones del se?or Harguindey, en el terreno ambiguo de su doble condici¨®n de diputado de UCD y subsecretario de Trabajo, han provocado tambi¨¦n la indignaci¨®n entre los distintos cuerpos profesionales de su departamento, en los que existen funcionarios cuyo color o ideolog¨ªa personal no es la verdinaranja del subsecretario. El escrupuloso respeto a las fuerzas sociales, sindicatos y patronales, desde la Administraci¨®n, es esencial para que sus mediaciones, directrices o laudos gocen de una obligatoriedad moral que haga que sean aceptados por todos. La Administraci¨®n contin¨²a siendo juez y parte como en los mejores tiempos del franquismo. Y en la democracia, o se es juez o se es parte.

Los intentos de UCD por fortalecer un sindicalismo descafeinado frente a lo que denomina sindicatos marxistas, al margen de que sea una decisi¨®n viable u oportuna, es una opci¨®n respetable siempre que el Gobierno no utilice para tales fines -es decir, de forma partidista- los aparatos de la Administraci¨®n del Estado. Las palabras de Harguindey, sin embargo, hac¨ªan referencia a observaciones desde su despacho del Ministerio (?noto una p¨¦rdida importante de afiliaci¨®n en CCOO y UGT?), que aparec¨ªan junto a deseos u opiniones de UCD (?es fundamental que surja cuanto antes una tercera fuerza sindical aut¨®noma?) y junto al anuncio expreso de una voluntad de intervenci¨®n en la configuraci¨®n del espectro sindical (?hay que pensar en nuevas elecciones sindicales para dentro de un a?o, porque los niveles de representatividad han cambiado?).

A las desafortunadas declaraciones del subsecretario, habr¨ªa que a?adir las presiones m¨¢s o menos veladas para que participen en la negociaci¨®n de determinados convenios determinadas centrales, las advertencias y circulares internas del Ministerio de Trabajo a determinados delegados provinciales que no son afiliados de UCD y, por ¨²ltimo, la utilizaci¨®n de temas como el patrimonio sindical o la regulaci¨®n de las relaciones laborales, cuando hay una conflictividad en puertas derivada de la revisi¨®n de convenios, como moneda de negociaci¨®n o consenso para otros temas.