Remitido a las Cortes el estatuto jur¨ªdico de la radio y televisi¨®n estatales
El Gobierno acord¨® ayer remitir a las Cortes, entre otros proyectos de ley, el de estatuto de la empresa p¨²blica; el de ampliaci¨®n de la plantilla de catedr¨¢ticos numerarios y profesores adjuntos de Universidad, y el estatuto jur¨ªdico de la radio y la televisi¨®n estatales. Asimismo aprob¨® un decreto-ley que elimina la pena de muerte del C¨®digo de Justicia Militar para adaptarse a la abolici¨®n de dicha pena, que figura en el texto constitucional. La reuni¨®n del Consejo de Ministros se inici¨® a las diez de la ma?ana y concluy¨® a las cuatro de la tarde. S¨®lo estuvo ausente el ministro de la Presidencia, Jos¨¦ Manuel Otero Novas, de visita oficial en el Pa¨ªs Vasco.
El decreto-ley que modifica el C¨®digo de Justicia Militar trata de adecuar el citado cuerpo legal al art¨ªculo 15 de la Constituci¨®n, que regula el derecho a la vida y abole la pena de muerte. Seg¨²n la informaci¨®n oficial facilitada, se pretende que el citado decreto-ley entre en vigor el mismo d¨ªa que la Constituci¨®n. La modif-1caci¨®n afectar¨¢ a los art¨ªculos en que figura la pena de muerte, que ser¨¢ sustituida por la de reclusi¨®n mayor.De acuerdo con lo establecido en el art¨ªculo citado de la Constituci¨®n, al dejar a salvo de la abolici¨®n de la pena capital ?lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra?, los art¨ªculos del C¨®digo de Justicia Militar que sancionan conductas delictivas en tiempos de guerra quedar¨¢n exceptuados de la regla general de eliminar dicha pena.
Estatuto de la empresa p¨²blica
El proyecto de ley que se remite a las Cortes conteniendo el estatuto de la empresa p¨²blica define a ¨¦sta como la sociedad mercantil en la que la participaci¨®n estatal en el capital sea mayoritaria, as¨ª como la entidad de derecho p¨²blico que realice actividades mercantiles en r¨¦gimen de derecho privado. La creaci¨®n de tales empresas p¨²blicas se podr¨¢ hacer siempre que lo exija el inter¨¦s general, super¨¢ndose as¨ª los vigentes principios de subsidiariedad. Un t¨ªtulo del proyecto de ley est¨¢ dedicado a regular la participaci¨®n de los trabajadores en los ¨®rganos de gobierno de la empresa p¨²blica.El estatuto de la empresa p¨²blica establece los mecanismos de control de la misma por parte de los ministerios de los que depende y de la intervenci¨®n General del Estado. La coordinaci¨®n y racionalizaci¨®n del conjunto de las empresas p¨²blicas correr¨¢ a cargo del Gobierno, en primer lugar, y del Parlamento, en ¨²ltima instancia. Para ello se ha tenido en cuenta lo establecido en los pactos de la Moncloa sobre regionalizaci¨®n de inversiones de las empresas p¨²blicas.
Estatuto de RTVE
Otro acuerdo importante fue la remisi¨®n a las Cortes del proyecto de ley del estatuto jur¨ªdico de radio y televisi¨®n estatal, que obedece -seg¨²n el Gobierno- a la ?necesidad de establecer unas reglas claras y precisas para el funcionamiento de la radio y la televisi¨®n y necesidad de adecuar el funcionamiento de estos medios a los principios y criterios establecidos por la Constituci¨®n?.El n¨²mero tres del art¨ªculo 20 del texto constitucional establece que ?la ley regular¨¢ la organizaci¨®n y el control parlamentario de los medios de comunicaci¨®n social dependientes del Estado o de cualquier ente p¨²blico y garantizar¨¢ el acceso a dichos medios de los grupos sociales y pol¨ªticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de Espa?a?.
En la redacci¨®n del estatuto se han tenido en cuenta los precedentes de la BBC y la radio-televisi¨®n francesa. Los objetivos son la consecuci¨®n de ?la objetividad e imparcialidad en la informaci¨®n; la distinci¨®n entre informaci¨®n y opini¨®n, y el respeto al pluralismo pol¨ªtico, al honor y a la intimidad de las personas.
El estatuto configura a RTVE como entidad de derecho p¨²blico, si bien en sus relaciones jur¨ªdicas externas estar¨¢ sujeta ?sin excepci¨®n? -se?ala el Gobierno- al Derecho mercantil. Funcionar¨¢ por medio del consejo de administraci¨®n, el director general y el consejo asesor.
Otro proyecto de ley pretende la ampliaci¨®n de plantilla de catedr¨¢ticos y profesores adjuntos de Universidad y escuelas universitarias. El aumento ser¨¢ de 1.800 c¨¢tedras y 1.800 adjuntas para facultades y escuelas t¨¦cnicas superiores, y de 980 c¨¢tedras y 1977 agregadur¨ªas de escuelas universitarias. Esta ampliaci¨®n de dotaci¨®n de profesorado universitario ?no tiene precedentes en nuestro pa¨ªs?, seg¨²n se?ala el Gobierno, que a?ade que se trata, sin duda, de ?la mayor en toda la existencia de la Universidad?. El funcionamiento de las nuevas plazas se propone para principios de septiembre de 1979, que el Ministerio de Educaci¨®n y Ciencia podr¨¢ anticipar en los casos necesarios.
Participaci¨®n estatal en los riesgos de la exportaci¨®n
El Consejo de Ministros acord¨® remitir a las Cortes otro proyecto de ley para regular la participaci¨®n del Estado en el reaseguro de los riesgos comerciales del Seguro de Cr¨¦dito a la Exportaci¨®n, motivado por el crecimiento de las exportaciones espa?olas en los ¨²ltimos a?os y estableciendo un l¨ªmite m¨¢ximo al compromiso del Estado.Otro acuerdo econ¨®mico fue la concesi¨®n de un cr¨¦dito a largo plazo a Babcock & Wilcox, por importe de 2.200 millones de pesetas, corno ¨²ltima fase del programa de relanzamiento de esta sociedad. Asimismo se aprobaron expedientes de obras por un importe superior a los 744 millones de pesetas.
El Consejo de Ministros recibi¨® amplios informes del vicepresidente segundo y ministro de Econom¨ªa y del ministro del Interior sobre las consecuencias catastr¨®ficas de los temporales de Galicia, y acord¨® la evaluaci¨®n de los da?os y la declaraci¨®n de zonas catastr¨®ficas en Barcelona, Salamanca, L¨¦rida y C¨®rdoba.
El Gobierno recibi¨® informaci¨®n del ministro de Justicia sobre el anteproyecto de ley por el que se modifica el C¨®digo Civil en materia de filiaci¨®n. Por su parte, el ministro del Interior inform¨® sobre el acuerdo Gobierno Diputaci¨®n Foral de Navarra.
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