Montevideo, centro de operaciones pol¨ªticas de unos militares mediocres y divididos

Cinco a?os despu¨¦s del golpe militar facilitado por el ex presidente Bordaberry, la Rep¨²blica Oriental del Uruguay permanece sumida en una f¨¦rrea dictadura militar, olvidada de Occidente, y v¨ªctima de unos generales mediocres e incapaces de detectar una salida honorable para este pa¨ªs humillado por la m¨¢s absurda represi¨®n. , nuestro enviado especial en Montevideo, nos resume en dos reportajes la dif¨ªcil situaci¨®n actual de la Rep¨²blica Uruguaya.

Hace cinco a?os, una pintada subversiva en el aeropuerto Carrasco, de Montevideo, marcaba el color de los acontecimientos pol¨ªticos de Uruguay de 1973: ?El ¨²ltimo que salga, que apague la luz.? As¨ª rezaba el titular en la pared. Se acababa de abrir la involuci¨®n pol¨ªtica m¨¢s dura y absurda de la historia de este peque?o pa¨ªs latinoamericano de 180.000 kil¨®metros cuadrados, de cerca de tres millones de habitantes. La que se llam¨®, para envidia de argentinos y brasile?os, la ?Suiza de Am¨¦rica? entraba en las p¨¢ginas m¨¢s negras de su historia, a pesar de las cerca de ochenta revoluciones y contrarrevoluciones que sufriera hasta la entrada del siglo vigente. Hasta el asentamiento de la democracia en 1904, ca¨ªda en 1973 por manu militari, como es ya costumbre en esas latitudes.Han pasado cinco a?os desde el golpe y nada se ha movido que no suponga el retroceso. Uruguay permanece fiel a los reg¨ªmenes que oman con dictaduras el cono sur latinoamericano y que, para su desgracia, rodean todas sus fronteras: Argentina, Paraguay y Brasil.

La culpa es de todos. De los colorados, de los blancos, de la izquierda, de los tupamaros. Todos en el interior, en Uruguay, reconocen y comparten esta responsabilidad en los planos pol¨ªtico, econ¨®mico y social. Todos, en el interior, reconocen su ignorancia y sorpresa militar: nunca pensamos que el Ej¨¦rcito uruguayo interviniese en el poder, aboliese la democracia, instalara su propio orden pol¨ªtico. Los protagonistas de la vida democr¨¢tica de hace cinco a?os, en el exilio, presos, proscritos en el interior o colaboracionistas de la situaci¨®n vigente no cesan en su empe?o de exigirse mutuamente responsabilidades de un pasado ya in¨²til. Pero, a la vez, en algunos c¨ªrculos de Montevideo crece ahora la necesidad de conjurarse, olvidando el pasado, en pos de la democracia. Para ello, algunos posibilistas se re¨²nen en torno al irrisorio programa democralizador de la dictadura militar, con la intenci¨®n de sacar punta a lo sacable o, en algunos casos, de justificar el colaboracionismo como mal menor. Los partidos tradicionales, el Colorado y el Blanco (o Nacional) tienen aqu¨ª la palabra. Han iniciado la reconstrucci¨®n de sus cuadros, de sus tendencias, y buscan el compromiso a dos o tres bandas: la tercera es, sin duda, la del poder militar. La izquierda, el que fue Frente Amplio, permanece aislada, diezmada por la represi¨®n.

El poder real, en un Ej¨¦rcito dividido

Cualquier movilidad pol¨ªtica en Uruguay pasa, hoy por hoy, por el Ej¨¦rcito. En especial, por el Ej¨¦rcito de tierra, que controla todo el poder. Un Ej¨¦rcito mediocre, sin caudillo o interlocutor v¨¢lido y sumido en una regla administrativa que no permite la pervivencia en el poder: todos los generales pasan a la reserva (al vac¨ªo y olvido m¨¢s absoluto) a los ocho a?os de ejercicio en el generalato. Y este es, sin duda, el drama mayor del general Gregorio Alvarez -el Goyo, en el argot popular- que intenta sobrevivir pol¨ªticamente a su destino de escalaf¨®n que caduca en el pr¨®ximo mes de febrero mediante una maniobra pol¨ªtica para la que no tiene a¨²n mayor¨ªa de apoyo en los mandos militares inmediatos.

El Goyo, que se presenta a s¨ª mismo como posible liberalizador, a pesar de su pasado, querr¨ªa pasar en febrero a la presidencia de la Rep¨²blica, con el apoyo de los capitanes generales de las cuatro regiones militares y aceptando la dimisi¨®n obligada del presidente en ejercicio, Aparicio M¨¦ndez. Pero el comandante en jefe no cuenta, hasta el momento, con el apoyo necesario: en el Ej¨¦rcito existen graves divergencias (aunque estas desaparecen a la hora de la represi¨®n y de mostrar una imagen exterior unida).

El Goyo quiso que Raim¨²ndez, responsable de la regi¨®n militar n¨²mero cuatro, pasara a la primera, la del poder inmediato, situada en Montevideo. Pero los altos mandos del ESMACO no han cedido, por el momento, y permanece la vacante. Quedan en la regi¨®n segunda el general M¨¦ndez y en la tercera Hontou. Ellos tres, con el Goyo, se reparten el poder y esperan, entre intrigas, la llegada de la reserva del comandante en jefe, Gregorio Alvarez, prevista para febrero. A partir de aqu¨ª, por escalaf¨®n y antig¨¹edad, ser¨¢n los generales Raimundez y Queirolo quienes aspiren al primer puesto del escalaf¨®n.

Queirolo es, en el momento actual, casi desconocido. Est¨¢ de agregado militar en Washington ante la Junta Interamericana de Defensa. Dicen que no es pro americano, que reconoce la corrupci¨®n actual del Ej¨¦rcito (un revanchismo social, ornado de ventajas econ¨®micas, coches oficiales, residencias etc¨¦tera), a la vez que tampoco cree en la democracia como f¨®rmula ideal. El general Queirolo, un resignado, es, en todo caso, hombre clave porque estar¨¢, cerca del poder y con varios a?os por delante en su generalato en una fecha que se dice importante: 1981. Para entonces, los militares han previsto lo que ellos llaman un proceso de democratizaci¨®n: la redacci¨®n en 1979 de una constituci¨®n y un estatuto de los partidos pol¨ªticos, aprobaci¨®n en 1980 de ambos textos y elecciones generales en 1981. Hay que decir, en descargo de estos dem¨®cratas, que la constituci¨®n y la ley electoral la redactar¨¢n los militares con el llamado Consejo de Estado, o pseudoparlamento de colaboracionistas, del r¨¦gimen nombrados a dedo, y que de las elecciones estar¨¢n excluidos todos los partidos de izquierda o marxistas y aquellos hombres de los partidos tradicionales colorados o blancos, y de los dem¨®cratas cristianos que han participado, de alguna manera, en las dos ¨²ltimas convocatorias legislativas del pa¨ªs. Ello excluye de la pol¨ªtica a 15.000 personas de un pa¨ªs que no llega a los tres millones de habitantes, y que son, salvo excepciones cuidadosamente seleccionadas, los ¨²nicos de posible solvencia democr¨¢tica.