La negociaci¨®n de los precios agrarios

Las negociaciones para fijar los precios agrarios de campa?a suelen iniciarse en la primera quincena de cada mes de febrero. Se trata de una negociaci¨®n dura y dif¨ªcil, en la que, adem¨¢s de las fuerzas representativas del campo, intervienen al menos cuatro o cinco ministerios corporativos. El marco de la negociaci¨®n es el FORPPA, cuyas reminiscencias de etapas pret¨¦ritas contribuyen, en cierto modo, a enrarecer el clima negociador. Los incrementos pactados al t¨¦rmino de las negociaciones para los productos agrarios de campa?a condicionan la marcha de la econom¨ªa espa?ola, sobre todo por la enorme incidencia del sector primario en la evoluci¨®n del ¨ªndice de precios al consumo.Este a?o, las negociaciones tropiezan con una dificultad adicional: el calendario pol¨ªtico. Hasta el 1 de marzo pr¨®ximo, el Gobierno de UCD no estar¨¢ dispuesto a correr el riesgo de provocar un conflicto campesino que pudiera erosionar su imagen en el medio rural, donde obtiene un porcentaje nada desde?able de votos. Tras el c¨®mputo electoral que defina el nuevo Parlamento -sea cual sea el resultado- la perspectiva de unas elecciones municipales es probable que genere parejas actitudes en los partidos de izquierda; no en vano la convocatoria electoral del 3 de abril concita las esperanzas de PCE y PSOE, en mayor medida que las que pueda generar el plebiscito legislativo. Los dos partidos mayoritarios de la izquierda tienen conocida implantaci¨®n en las organizaciones campesinas, y no parece probable que est¨¦n dispuestos a sentarse a negociar con el Gobierno, ante el riesgo de desgaste que pudiera suponerles. Si la opci¨®n vencedora es UCD, los motivos ser¨¢n obvios; si el Gobierno resultante fuera socialista, los problemas ser¨ªan todav¨ªa mayores para iniciar una negociaci¨®n; y si se opta por la coalici¨®n, las posibilidades de que la negociaci¨®n no se inicie son todav¨ªa mayores.

Aceptando la hip¨®tesis -m¨¢s que probable- de que no se negocie hasta mediados de abril, las consecuencias pueden ser muy graves. Como efecto inmediato, es f¨¢cil suponer notables tensiones en los mercados, que pueden provocar alzas espectaculares en determinados productos, sobre todo teniendo en cuenta en qu¨¦ manos se encuentran monopolizados los circuitos comerciales. Ello provocar¨ªa de inmediato quebrar las previsiones de contenci¨®n de la inflaci¨®n del Gobierno, colocando el 10% de aumento programado para los precios en situaci¨®n m¨¢s ut¨®pica que la actual, si cabe.

Lo m¨¢s grave de un retraso en la fijaci¨®n de los precios agrarios de campana es la incertidumbre general que puede adue?arse del sector. Los agricultores programan sus cosechas a la vista de los precios de referencia. Estos precios suelen tambi¨¦n fijarse atendiendo a los objetivos de programaci¨®n de cosechas desde la Administraci¨®n, de acuerdo con las necesidades previsibles.

A la vista de estas circunstancias, resulta dif¨ªcil comprender los esfuerzos oficialistas por demostrar que las negociaciones se han iniciado, cuando resulta obvio que se trata de simples maniobras dilatorias. Maniobras que pueden resultar hasta peligrosas, si se tiene en cuenta la complejidad de factores que concurren en el sector agrario. La deficiente dotaci¨®n del medio rural y el continuo aplazamiento de importantes cuestiones, como la de la Seguridad Social agraria, se unen ahora con la confusa situaci¨®n de las organizaciones campesinas, en las que los distintos partidos de la izquierda pugnan por alcanzar posiciones de privilegio, con la mirada puesta en las elecciones municipales.

El recuerdo de la rebeli¨®n de los tractores, hace ahora dos a?os, desafortunadamente irresuelta por el equipo que entonces dirig¨ªa el Ministerio de Agricultura -Fernando Abril y Jaime Lamo-, es un dato objetivo a tener en cuenta.