Seguridad Social: ni segura ni social

El conflicto laboral que registran los hospitales de la Seguridad Social constituye el m¨¢s claro testimonio de la ineficacia pol¨ªtica si es que tan torpe actuaci¨®n no responde a inconfesables intereses de un Gobierno entregado a la pugna electoral.Mientras que el empresario privado acepta el juego de la negociaci¨®n colectivo que, con el apoyo de las centrales, han logrado imponer los trabajadores de sectores tan tradicionalmente duros como el metal y la construcci¨®n -el convenio de los metal¨²rgicos madrile?os, primero en los ¨²ltimos cinco a?os, constituye todo un ejemplo de responsabilidad negociadora-, la Administraci¨®n se empe?a en ignorar la fuerza de la realidad y trata de imponer sus decisiones, con desprecio absoluto hacia los intereses de los colectivos afectados por las condiciones de trabajo establecidas por decreto.

Desde el pasado 30 de enero, diversos hospitales de la Seguridad Social registran una situaci¨®n conflictiva, que alcanz¨® ayer su cota m¨¢s alta (barricadas y cinco detenidos en La Paz), con la intervenci¨®n policial para impedir la celebraci¨®n de asambleas, en medio de un clima de tensi¨®n de la que no se vieron excluidos tanto los enfermos que acuden a la consulta externa como los internados en el centro.

Ante esta situaci¨®n, originada por la negativa del Instituto Nacional de Previsi¨®n a negociar las mejoras econ¨®micas y sociales reclamadas por los trabajadores sanitarios, la ¨²nica respuesta del Gobierno se limit¨® a prohibir la huelga. Para ello, intervino los centros sanitarios, envi¨® la polic¨ªa a los hospitales y recurri¨® a los gobiernos civiles para acabar con un conflicto laboral.

La represi¨®n gubernamental ha sido inmediatamente contestada por partidos y centrales, quienes reclaman la salvaguarda del derecho constitucional a la huelga. Sin embargo, ni unas ni otras formaciones explican que la Constituci¨®n tambi¨¦n dice que ?la ley que regule el ejercicio de este derecho establecer¨¢ las garant¨ªas precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad?.

Parece fuera de toda duda que la asistencia sanitaria -que ninguna situaci¨®n l¨ªmite puede reducirla a los casos urgentes-, con la carga psicol¨®gica que comporta el m¨¢s ligero deterioro de la salud, cae de lleno en la calificaci¨®n de ?servicio esencial de la comunidad?. Ello, no obstante, no justifica por s¨ª s¨®lo la medida gubernamental, m¨¢xime si su adopci¨®n no se trata de flexibilizar al m¨¢ximo (cosa que no ha ocurrido en este caso) y si no va acompa?ada de la correspondiente actuaci¨®n en el origen mismo del conflicto que la ha motivado, la negociaci¨®n de unas condiciones de trabajo que afectan a un colectivo de 160.000 trabajadores tan sujetos a derecho como el resto de los trabajadores a los que no se les limita el ejercicio de la huelga como medida de presi¨®n para la defensa de sus intereses.

En este sentido, la dilaci¨®n del Ministerio que encabeza el candidato ucedista al Congreso por Badajoz, Enrique S¨¢nchez de Le¨®n, ha logrado aunar la oposici¨®n del escal¨®n m¨¢s bajo de la plantilla de la Seguridad Social con el corporativismo de la clase m¨¦dica.

Tan s¨®lo el INP, organismo inexistente de acuerdo con la reforma de la Seguridad Social emprendida por el dimisionario secretario de Estado para la Seguridad Social y candidato al Congreso por Alicante en representaci¨®n del partido en el Gobierno, Luis Gamir, ha iniciado una farsa negociadora que, ante la imposibilidad de entrar en el tema econ¨®mico (supeditado a la aprobaci¨®n de los presupuestos por las futuras Cortes), no logr¨® prosperar.

No basta, pues, meter a la polic¨ªa en los hospitales para acabar con una huelga cuyas motivaciones ?se ignoran?, aunque no se desconozcan. Tampoco parece l¨ªcito propiciar el deterioro de la situaci¨®n a los niveles actuales, pues no es soluci¨®n fomentar una radicahzaci¨®n del conflicto para justificar unas detenciones con las que negociar el final de la huelga, dejando de lado las causas de ¨¦sta.

Tal procedimiento, ya conocido de algunos gobiernos civiles, no puede ser justificado por la propia Administraci¨®n. Ni siquiera cuando la ineficacia de ¨¦sta lo pudiera justificar. La negoc¨ªac¨ª¨®n, aunque sea con las centrales que tan experto es en ignorar el se?or S¨¢nchez de Le¨®n, no s¨®lo es posible, sino que, hoy m¨¢s que nunca, es necesaria para restablecer la normalidad sanitaria.