Tres a?os de desentendimiento entre empresarios y trabajadores

La organizaci¨®n empresarial m¨¢s importante en el campo de la ense?anza privada, CECE, ha prestado un decidido apoyo a la huelga convocada por los sindicatos independientes del sector.Tal apoyo contrasta ostensiblemente con la trayectoria de absoluto desentendimiento y falta de di¨¢logo entre empresarios y trabajadores a lo largo de los tres ¨²ltimos a?os.

Ya en los primeros d¨ªas de enero del pasado a?o las centrales iniciaron las conversaciones para negociar un convenio que sustituyera al firmado en octubre de 1976, primer convenio del sector, que se hab¨ªa negociado en el ¨¢mbito del sindicalismo vertical y que pon¨ªa fin a cuatro a?os de negociaciones y aplazamientos. La falta de entendimiento supuso una huelga en el sector, del 18 al 26 de abril, que coincidi¨® con la huelga de la ense?anza estatal. El laudo dictado el 29 de abril no satisfizo las reivindicaciones de los trabajadores ni entraba tampoco en la consideraci¨®n de determinados aspectos profesionales.

Durante todo el primer trimestre del presente curso las negociaciones se vieron paralizadas por el problema de representatividad planteado por la coalici¨®n de las llamadas centrales independientes, FESIE y FESITE-CGT.

El pasado 11 de enero se iniciaron las negociaciones con la constituci¨®n de la comisi¨®n negociadora, integrada por dos miembros de cada una de las centrales sindicales: CCOO, FETE-UGT, USO, CSUT, SU y UCSTE, as¨ª como dos representantes de FESIE y FESITE y de las asociaciones patronales, Federaci¨®n Espa?ola de Centros de Ense?anza y Confederaci¨®n de Centros Aut¨®nomos de Ense?anza.

Las centrales independientes, FESIE y FESITE, se retiraron de las negociaciones y se ratificaci¨®n en su postura el d¨ªa 16, en la primera reuni¨®n negociadora. Esta retirada dio pie a los empresarios para finalizar las discusiones, al igual que hab¨ªa sucedido el pasado a?o, alegando que no estaban representados todos los trabajadores del sector y que sus demandas superaban los topes salariales del decreto-ley de 26 de diciembre. Asimismo, los empresarios justificaban su decisi¨®n en que las centrales pretenden ?llevar a la pr¨¢ctica los postulados de la escuela p¨²blica autogestionaria?.

Las centrales denunciairon la falta de voluntad negociadora de la patronal y manifestaronque el nivel de participaci¨®n en la gesti¨®n solicitado era de un 25%.

Asimismo reflejaron la extra?eza del hecho de que media hora despu¨¦s de finalizadas las conversaciones las patronales presentasen la solicitud de conflicto colectivo, firmada incluso por el se?or Mart¨ªnez Fuertes, presidente de una de las organizaciones que no hab¨ªa estado presente en el inicio de la negociaci¨®n. Como respuesta, las centrales convocaron una huelga del sector para los d¨ªas 8 y 9 de febrero, que s¨®lo se realiz¨® parcialmente en Madrid y algunas provincias. La falta de acuerdo aboc¨® en el laudo, firmado el 5 de febrero, que fijaba subidas salariales de alrededor de un 12% y que fue contestado por las centrales.

La politizaci¨®n del conflicto se puso de manifiesto con la convocatoria de una huelga por parte de las centrales independientes para el 26 de marzo, rechazada por las otras centrales y que coincid¨ªa con el anuncio de un cierre patronal por un sector del empresariado para el mismo d¨ªa. Los empresarios de la Asociaci¨®n de Centros Aut¨®nomos de Ense?anza (ACADE) denunciaron el 14 de marzo el intento de la Confederaci¨®n Espa?ola de Centros de Ense?anza (CEC), que preside Mart¨ªnez Fuertes, como un asunto de trasfondo pol¨ªtico dirigido a presionar en favor de subvenciones suficientes para consolidar la ?libertad de ense?anza?. Recordando adem¨¢s que el alineamiento del se?or Mart¨ªnez Fuertes a la petici¨®n de equiparaci¨®n salarial entre los sectores privado y estatal no es consecuente con su postura de intransigencia, que impidi¨® que se llegase a un acuerdo. D¨ªas antes, la Federaci¨®n Espa?ola de Religiosos de la Ense?anza (FERE) manifestaba, al t¨¦rmino de su asamblea general, su apoyo a las reivindicaciones del sector no estatal.