La extradici¨®n del jefe de la DINA provocar¨ªa una grave crisis en el ej¨¦rcito chileno

En el plazo de pocas semanas, quiz¨¢ de d¨ªas, la Corte Suprema de Justicia de Chile se pronunciar¨¢ definitivamente sobre la petici¨®n de extradici¨®n formulada por Estados Unidos contra el general Manuel Contreras, ex director de la DINA, y dos de sus colaboradores, el comandante Espinosa y el capit¨¢n Fern¨¢ndez Larios, supuestamente implicados en el asesinato de Orlando Letelier. Si la Corte Suprema de Chile accede a la petici¨®n de extradici¨®n puede desencadenarse un enfrentamiento sin precedentes en la c¨²spide del poder militar chileno.

En medios judiciales chilenos se asegura que Israel Boh¨®rquez, presidente de dicha Corte, ha esperado a que los tribunales norteamericanos dictaran sentencia en el juicio seguido contra los autores materiales del atentado para hacer p¨²blico su veredicto final.Desde el punto de vista puramente formal, parece que existen pruebas suficientes sobre la participaci¨®n de altos jefes de la temida polic¨ªa pol¨ªtica de Pinochet en la organizaci¨®n del atentado que cost¨® la vida a Letelier y a su secretaria, en septiembre de 1976.

Michael Townley, principal testigo de la acusaci¨®n en el juicio seguido en Washington contra ¨¦l mismo, y los cubanos Guillermo y Alejandro Novo y Alvin Ross, ha asegurado en repetidas ocasiones que el general Manuel Contreras autoriz¨® directamente el atentado.

De forma velada, pero firme, el general Contreras (quien permanece bajo arresto desde agosto del a?o pasado) ha hecho saber que se siente abandonado por su antiguo amigo, Augusto Pinochet, y que si llega a ser encausado por los tribunales norteamericanos har¨¢ importantes revelaciones, que podr¨ªan implicar directamente al propio presidente chileno. Al mismo tiempo, existe constancia del descontento en un sector del generalato por la actitud ?poco solidaria? del dictador chileno hacia quien fuera uno de los art¨ªfices del golpe militar que derroc¨® a Salvador Allende e ¨ªntimo colaborador durante los primeros a?os de la Junta Militar.

Si al principio del caso Letelier pareci¨®, que Estados Unidos iba a utilizar dicho crimen y sus implicaciones como un arma pol¨ªtica para hacer tambalearse a la Junta chilena, es evidente que ahora la intensidad de la presi¨®n ha decrecido. En este sentido, son significativos los pactos a que llegaron el Gobierno chileno y la justicia norteamericana, para que los resultados de las investigaciones del FBI sobre otras actividades criminales de Townley y la DINA permanecieran en secreto. Dichos pactos, denunciados por el New York Times, fueron suscritos en Washington por el subsecretario del Interior chileno, Enrique Montero, y el fiscal Earl Silbert, y fueron la condici¨®n impuesta por las autoridades de Santiago para acceder a la entrega de Michael Townley.

Las averiguaciones de la polic¨ªa norteamericana parecen demostrar alguna relaci¨®n de Townley con los atentados sufridos por el general Carlos Prats y su esposa, y con el perpetrado contra el dirigente democristiano Bernardo Leighton. El agente de la DINA, en efecto, estuvo en Buenos Aires en los d¨ªas anteriores y posteriores al de la muerte del matrimonio Prats. Se comprob¨® tambi¨¦n su presencia en Roma en las mismas fechas -octubre de 1975-, en que Leighton fue ametrallado. Townley estuvo tambi¨¦n en Madrid en la primavera de dicho a?o, coincidiendo en la capital espa?ola con los dirigentes chilenos Carlos Altamirano y Volodia Teitelboim.