Las vacaciones de un criminal

EL QUEBRANTAMIENTO por el se?or Lerdo de Tejada del r¨¦gimen de prisi¨®n preventiva, situaci¨®n derivada del grav¨ªsimo delito por el que fue procesado hace m¨¢s de dos a?os, ha producido en la opini¨®n p¨²blica una reacci¨®n de estupor e indignaci¨®n que puede cobrar mayor amplitud si las autoridades no dan una explicaci¨®n satisfactoria de lo sucedido.La primera reflexi¨®n que surge en torno a la fuga del se?or Lerdo de Tejada no tiene como objeto el hecho en s¨ª mismo, sino la lentitud con que se ha ido arrastrando la instrucci¨®n del sumario, tanto menos disculpable cuanto que los actos criminales sometidos a investigaci¨®n tuvieron una trascendencia y significaci¨®n hist¨®ricas. La matanza de Atocha y el emocionado entierro de sus v¨ªctimas fueron acontecimientos decisivosen la prehistoria inmediata de nuestras recientes instituciones democr¨¢ticas. De a?adidura, las declaraciones ante el juez y a los medios de opini¨®n de los encartados en esa siniestra y cobarde vendetta han esclarecido parte de los hechos, aunque no hayan aclarado m¨¢s que m¨ªnirnamente las complicidades y encubr¨ªmientos que forman la base oculta del iceberg, y han suministrado incluso elementos suficientes para escribir el gui¨®n de una pel¨ªCula sobre aquellos tr¨¢gicos d¨ªas de enero. Por lo dem¨¢s, causa sorpresa conocer la generosa liberalidad de los permisos de que han disfrutado los procesados en este sumano para abandonar la prisi¨®n de Ciudad Real y los motivos puramente vacacionales para concederlos. Porque es dif¨ªcilmente comprensible que los acusados de autor¨ªa por un crimen como la matanza de Atocha puedan salir de su reclusi¨®n como si de, alumnos en un internado se tratara. La noticia, todav¨ªa no confirmada, de que la decisi¨®n del juez instructor de la Audiencia Nacional para conceder esa merced al se?or Lerdo de Tejada no fue precedida del inforime del ministerio fiscal ser¨ªa cuando menos chocante, y la informaci¨®n de que la acusaci¨®n privada no fue notificada de esa medida suscita algo m¨¢s que perplejidad, ya que la ley de Enjuiciamiento Criminal establece la obligaci¨®n de notificar los autos y providencias del juez instructor a las partes. En cualquier circunstancia, habr¨ªa que plantear una seria interrogante sobre los criterios de oportunidad que animaron a mostrar esta benevolencia y, por supuesto, exigir una investigaci¨®n sobre las complicidades que han permitido al

se?or Lerdo de Tejada cruzar la frontera.Desde ¨®rganos de opini¨®n de la derecha autoritaria se ha lanzado, en los ¨²ltimos meses, una virulenta campa?a contra la reforma penitenciaria iniciada, con bastantes mejores intencionesque resultados, por el se?or Garc¨ªa Vald¨¦s. El incremento de la delincuencia comun ser¨ªa, seg¨²n las opiniones de los cr¨ªticos, la segura consecuencia de transformar las c¨¢rceles en luigares ligeramente menos invivibles y de establecer reg¨ªmenes de prisi¨®n abierta para los condenados por sentencia firme. Los biempensantes, que olvidan los condicionamientos sociales de los delitos comunes y que erigen altos muros, disciplina legionaria y largas condenas para los que invaden el ¨¢mbito de la propiedad privada, tienen ahora una excelente ocasi¨®n para meditar. Mientras, el se?or Lerdo de Tejada ha roto su palabra y ha defraudado la confianza que en su honor depositara el juez de la Audiencia Nacional, con la consecuencia a?adida de perjudicar a todos los procesados y condenados, que pueden verse privados de ese beneficio por el precedente de su fuga, Eleuterio S¨¢nchez cumple a entera satisfacci¨®n sus compromisos.Pero en este caso se trata, dir¨¢n los cr¨ªticos, de un delito de motivaci¨®n pol¨ªtica. Aun dejando a un lado la circunstancia de que los autores de la matanza de Atocha no se vieron bene¨ªiclados por la amnist¨ªa de octubre de 1977, resulta dif¨ªcil para quienes condenan la violencia, venga de donde venga, dejar de comparar la prisi¨®n de Ciudad Real con la c¨¢rcel de Soria y el permisivo r¨¦gimen a que han estado sometidos los procesados por la matanza de Atocha con la dureza que se aplica a los acusados de haber participado en las acciones criminales de ETA.