Un d¨¦ficit para tomar decisiones

El abultado d¨¦ficit de las empresas que integran el Grupo del Instituto Nacional de Industria (INI) durante 1978 y las desfavorables perspectivas del presente ejercicio debieran ser motivo de importante y hasta prioritaria preocupaci¨®n para las autoridades econ¨®micas del pa¨ªs, excesivamente sensibilizadas por las grandes magnitudes macroecon¨®micas y escasamente permeables a los problemas de supervivencia que afectan a un buen n¨²mero de sectores industriales en los que, precisamente, el sector p¨²blico tiene una presencia primordial.Al examinar los resultados de las empresas, profusamente detallados en esta ocasi¨®n, llaman la atenci¨®n ciertas peculiaridades y algunos lamentables olvidos. Por ejemplo, sorprende que se presente al pa¨ªs como la empresa del Instituto que ha obtenido mejores beneficios a Uni¨®n El¨¦ctrica, sociedad en la que el holding s¨®lo participa con un 11% en su capital. Resulta curioso tambi¨¦n que, a pesar de la brutal incidencia de los costes financieros en los resultados de las empresas, los responsables del INI no se hayan planteado la necesidad de calcular el coste medio de los recursos ajenos que manejan; o, lo que ser¨ªa peor, que si los han calculado se nieguen a facilitarlos p¨²blicamente. Asimismo, sorprende que en el informe no se haga constar ning¨²n dato de ¨¢mbito social, o si se quiere, laboral y sindical.

El tema de la gesti¨®n (de las empresas p¨²blicas es frecuentemente objeto de demagogia por ambas partes. Ni pueden achacarse 57.000 millones de p¨¦rdidas a la mala gesti¨®n, ni puede decirse que es buena, aunque mejorable. Algo tendr¨¢ que ver en todo ello la falta de profesionalizaci¨®n de muchas empresas, la inflaci¨®n de puestos directivos y, sobre todo, el criterio que sigue imperando en las contrataciones de personal y los nombramientos de presidentes cuyo ¨²nico m¨¦rito empresarial es haber apostado por Uni¨®n de Centro Democr¨¢tico. Sorprende por ello desagradablemente que los m¨¢ximos responsables del instituto exterioricen una cierta extra?eza cuando se plantea la inc¨®gnita de si la actual estructura de poder del ejecutivo que pesa sobre el INI es la id¨®nea para la situaci¨®n actual, o convendr¨ªa revisarla a efectos de, al menos, desburocratizar su ejecutoria y garantizar la posibilidad de gestionar las empresas con criterios puramente empresariales y s¨®lo opcional y extraordinariamente en base a condicionamientos pol¨ªticos.

La gran responsabilidad de la marcha del INI trasciende, como es l¨®gico, el ¨¢mbito de la plaza Marqu¨¦s de Salamanca, donde tienen sus despachos los m¨¢ximos dirigentes. El planteamiento de la empresa y el sector p¨²blico debiera ser acometido por el Gobierno y, muy especialmente, por sus responsables en materia econ¨®mica, Cierto es que sus actuaciones hasta el presente permiten abrigar muy escasas esperanzas de alcanzar algo serio, pero este pa¨ªs se juega. en este campo demasiado como para que los responsables del porvenir de la econom¨ªa se queden tranquilos mientras los contribuyentes deben pagar 57.000 millones de pesetas por las empresas del INI, con unos trabajadores de sueldo privilegiado y una rentabilidad industrial m¨¢s que discutible. Analizar el origen de estas abultadas p¨¦rdidas entra?a el riesgo de la demagogia, pero pretender -como ser¨ªa gusto del Gobierno- que aqu¨ª no ha pasado nada, es una verg¨¹enza.