Escaso inter¨¦s del Gobierno por el Tribunal de Cuentas

Funcionarios del Tribunal de Cuentas denunciaron ayer a EL PA?S la inexistencia de un control econ¨®mico sobre el gasto p¨²blico y el desinter¨¦s del Gobierno en la reestructuraci¨®n de este tribunal.

En la lista de proyectos de ley que el Gobierno considera urgente debatir -a?adieron- no figura ninguno relativo al Tribunal de Cuentas, pese a que este organismo, seg¨²n la Constituci¨®n, es el ?supremo ¨®rgano fiscalizador de las cuentas y de la gesti¨®n econ¨®mica del Estado, as¨ª como del sector p¨²blico?. A juicio de la Asociaci¨®n Sindical de Funcionarios del Tribunal de Cuentas (ASFATC), la opini¨®n p¨²blica y los partidos pol¨ªticos parecen no haber tomado conciencia de la importancia de este ¨®rgano, o al menos, de la funci¨®n que debe desempe?ar ?sin la cual no es posible calificar a un Estado de democr¨¢tico?.La ASFATC, que ha redactado un proyecto de ley org¨¢nica del Tribunal de Cuentas, recuerda que en los pactos de la Moncloa se dec¨ªa textualmente: ?Sin perjuicio de la futura estructuraci¨®n constitucional del Tribunal de Cuentas, el ¨¢mbito de su competencia y el sistema de designaci¨®n de sus miembros se regular¨¢ de tal manera que quede asegurada la independencia en el desempe?o de sus funciones y la eficacia del control a su cargo.? Este punto no se ha desarrollado en absoluto, a?aden. En la actualidad dicho ¨®rgano est¨¢ integrado por un presidente (nombrado por el Jefe de Estado a propuesta en terna del Consejo del Reino), diez ministros (nombrados por el Jefe de Estado a propuesta del ministro de Hacienda), el fiscal y el secretario general.

La Asociaci¨®n Sindical resalta la incongruencia que supone que sea el Ministerio de Hacienda quien propone a los ministros que, en teor¨ªa, han de fiscalizar su gesti¨®n, as¨ª como que los funcionarios asignados al Tribunal sean nombrados por el subsecretario de Hacienda.

A juicio de los funcionarios del Tribunal, cualquier campa?a tendente a conseguir que los ciudadanos asuman su deber de contribuir con sus impuestos al sostenimiento del Estado (Hacienda somos todos) no tiene sentido democr¨¢tico si no existe el derecho de conocer qu¨¦ es lo que se hace con esos fondos, puesto que el ejecutivo es un mero administrador de esos caudales y, como todo buen administrador, ha de rendir cuentas de su gesti¨®n ante los propietarios de esos fondos. El Tribunal de Cuentas, pues, deber¨ªa cumplir una funci¨®n de asesoramiento del Parlamento.

Los representantes de la ASFATC se?alan que, en la actualidad, la Intervenci¨®n General de la Administrac?¨®n del Estado dispone de mayores medios que el Tribunal de Cuentas, cuando el control que ejerce la Intervenci¨®n es interno y el del Tribunal externo. ?El ejecutivo?, a?aden, ?no puede estar interesado en ser controlado por un organismo totalmente independiente en sus funciones y suficientemente dotado de medios personales y materiales, capaz por tanto de efectuar su labor con verdadera eficacia.?