El monopolio gubernamental de RTVE

Secretaria de Prensa de UGT y diputada del PSOE por MadridSi las intenciones democratizadoras de un Gobierno se miden por el nivel de democracia alcanzado en los medios de comunicaci¨®n social del Estado, tal y como afirmaba recientemente Fran?ois Mitterrand. los ciudadanos de este pa¨ªs tenemos que empezar a preocuparnos seriamente sobre el tipo de democracia que UCD tiene previsto implantar durante la larga etapa de desarrollo constitucional que nos espera.

Frente a quienes un tanto ingenuamente pens¨¢bamos que tras la aprobaci¨®n de la Constituci¨®n la televisi¨®n iba por fin a ser devuelta a sus leg¨ªtimos propietarios, a los ciudadanos, el Gobierno acaba de darnos con un canto en las narices al remitir al Congreso su proyecto de estatuto de Radiotelevisi¨®n Espa?ola (RTVE), consagrando de iure una situaci¨®n que ya ven¨ªamos soportando de hecho durante todo el proceso de transici¨®n democr¨¢tica. Esto es, una televisi¨®n gubernamental, de uso y caprichoso abuso del partido en el poder. Con ello se alejan de las tesis de las fuerzas pol¨ªticas de izquierda, que abogan por una televisi¨®n como ¨®rgano del Estado bajo estricto control parlamentario y al servicio de todos los ciudadanos. Una televisi¨®n que cumpliese con los preceptos constitucionales sobre el derecho a la cultura y a recibir una informaci¨®n objetiva y veraz, y no una caja tonta cuyo fin ¨²ltimo vaya a seguir siendo la de filtrar, descarada y subterfugiamente, propaganda del sistema, tal y como nuestros actuales gobernantes tan provechosamente aprendieron durante el anterior r¨¦gimen.

El hecho de que el 80 % de los espa?oles reconozca que la televisi¨®n es su ¨²nica fuente de informaci¨®n -dato procedente de una fuente tan poco sospechosa como el Ministerio de Cultura- justifica con creces la decisiva importancia que para las fuerzas pol¨ªticas y sindicales tiene el control democr¨¢tico de RTVE. El respeto al pluralismo pol¨ªtico es un requisito sine qua non de todo sistema constitucional. y s¨®lo a trav¨¦s de un efectivo control parlamentario de la gesti¨®n de los m¨¢ximos responsables de RTVE se podr¨¢ tener la certeza de que este ente sea de verdad un servicio p¨²blico y no un servicio cuasi exclusivo del partido en el poder.

Para los socialistas, este proyecto de RTVE presentado por el Gobierno resulta inaceptable. Entre las objeciones de fondo ocupa un lugar de honor la figura de un director general nombrado directamente por el Gobierno y el exceso de atribuciones que a ¨¦ste se le adjudican, lo que le convierte de hecho en un aut¨¦ntico gobernador civil de RTVE, con capacidad para hacer y deshacer a su antojo, nombrar a todos los cargos directivos del ente, incluso a los directores de los centros ubicados en las comunidades aut¨®nomas, y todo ello en detrimento del denominado consejo de administraci¨®n, cuyo nombramiento corresponde al Congreso mediante una curiosa f¨®rmula de mayor¨ªa de dos tercios. lo cual hace matem¨¢ticamente imposible sentar en dicho consejo a nadie que no obtenga los pl¨¢cemes de UCD. Una m¨ªnima apariencia democr¨¢tica de RTVE en esta etapa constitucional choca frontalmente con la Figura de un director general todopoderoso, nombrado a espaldas de la voz del Parlamento, y que de antemano hace volar las ilusiones de que este pa¨ªs cuente con el ¨®rgano plural de televisi¨®n que necesita.

En el proyecto, adem¨¢s, se observan dos grandes ausentes en el control y gesti¨®n del medio: los trabajadores y la audiencia. Para mayor burla, a los trabajadores se les menciona como uno de los tercios componentes del denominado consejo asesor, ¨®rgano sobre el que se ofrece tal cantidad de limitaciones medidas cautelares que lo convierte no s¨®lo en algo puramente nominal e inoperante, sino que por su composici¨®n resulta altamente problem¨¢tico que pueda llegar a ejercer ciertas veleidades de corte democr¨¢tico. No se intenta ya contentar a los trabajadores del medio con un caramelo, sino que el legislador, en un alarde de imaginaci¨®n va m¨¢s lejos y les ofrece simplemente la envoltura.

Quisi¨¦ramos por ¨²ltimo llamar la atenci¨®n sobre el contenido del art¨ªculo 18 del proyecto, ya que no es nuestra intenci¨®n hacer una minuciosa disecci¨®n del proyecto desde esta tribuna. Punto especialmente grave desde una perspectiva socialista es la facultad del Gobierno de poder crear sociedades filiales en las ¨¢reas de producci¨®n, red de difusi¨®n, comercializaci¨®n. cable y medios an¨¢logos. No cabe confundir descentralizaci¨®n con atomizacion empresarial, y los niveles de racionalidad en la gesti¨®n que se pretenden alcanzar mediante la creaci¨®n de estas sociedades filiales se alcanza igualmente dotando dentro del organigrama las suficientes atribuciones de autonom¨ªa en la gesti¨®n,

A nuestro juicio, la creaci¨®n de estas sociedades filiales persigue dos objetivos por los que bajo ning¨²n concepto podemos pasar: de una parte, la fragmentaci¨®n del movimiento sindical en el seno de RTVE, fen¨®meno que ya est¨¢ en fase de ejecuci¨®n sin esperar siquiera al estatuto, y, en segundo lugar, la privatizaci¨®n encubierta, es decir, permitir que a trav¨¦s de las ¨¢reas de producci¨®n, comercializaci¨®n, cable, etc¨¦tera, se pueda ejercer con toda tranquilidad el negocio privado desde la base del dinero p¨²blico.

Los socialistas estamos por el monopolio estatal de la televisi¨®n, porque, sin que sea una postura dogm¨¢tica y absolutamente inalterable, creemos que aqu¨ª y ahora, en las condiciones objetivas de nuestro pa¨ªs, conviene seguir considerando a la televisi¨®n como un servicio p¨²blico cuya titularidad corresponda al Estado. Lo que no podemos tolerar es que mezclando bajo cuerda esta particular pol¨¦mica -donde se mezclan ideolog¨ªas con intereses- UCD nos ofrezca un proyecto de monopolio de televisi¨®n gubernamental. Llegar¨¢ en su d¨ªa la hora de un serio y desapasionado debate sobre qu¨¦ tipo de sistema conviene a nuestra televisi¨®n: si privatizar el medio bajo ciertas condiciones, o seguir con la estatalizaci¨®n. Pero para llegar a estar en condiciones de poner sobre el tapete esta delicada cuesti¨®n, objeto de permanente controversia en otros pa¨ªses, habr¨¢ antes que sanear la casa, hacer una televisi¨®n de todos y para todos, con una gesti¨®n di¨¢fana en todos los aspectos del medio y unos servicios informativos, culturales y divulgativos que respondan al car¨¢cter de pluralismo pol¨ªtico que consagra nuestra Constituci¨®n.

Este estatuto, en definitiva, por muchas falacias que se levanten para llevarlo a buen puerto y por mucho consenso que se alegue -hecho adem¨¢s rotundamente falso-, ser¨¢ rechazado por el Partido Socialista en el Parlamento y en cuantas instancias sea necesario acudir. No queremos una televisi¨®n de UCD, como tampoco querr¨ªamos que fuera de un partido concreto, cualquiera que fuere el que en su momento est¨¦ en el poder. Queremos una televisi¨®n de todos los ciudadanos, y queremos, como la gran rnayor¨ªa de los espa?oles, la transparencia de la gesti¨®n de RTVE que acabe de una vez con la larga secuela de corruptelas, favores y prebendas que est¨¢n contribuyendo a la alienaci¨®n est¨²pida de todo un pueblo.