Las relaciones laborales

EL ENVIO por el Gobierno al Congreso del proyecto de ley del Estatuto del Trabajador va a abrir, probablemente, una acalorada discusi¨®n sobre el marco deseable y posible de las relaciones laborales en nuestro pa¨ªs. Sin duda, este conjunto de cuestiones constituye uno de los cuellos de botella de cuyo desatasco depende el relanzamiento de la actividad econ¨®mica. Es de temer, sin embargo, que la discusi¨®n cubra tonos broncos y apasionados. Ya se empiezan a perfilar, en torno al problema del empleo, posiciones antag¨®nicas que, tanto en el campo empresarial como en el terreno sindical, tienen en com¨²n el menosprecio de la situaci¨®n real del mercado de trabajo y la persecuci¨®n de objetivos no siempre compatibles con una econom¨ªa de mercado y una vida institucional democr¨¢tica. A este respecto, lo ¨²nico seguro es que ni un imposible liberalismo manchesteriano que Ignorase los costos humanos, sociales y pol¨ªticos de una alteraci¨®n dr¨¢stica del r¨¦gimen de despido, ni un aberrante marxismo-gironismo que tratara de hacer una lectura ventajista del paternalismo autoritario del pasado y simulara olvidar que la legislaci¨®n laboral del franquismo era indisociable de un proyecto pol¨ªtico autoritario tienen nada sensato que decir al respecto. Hacemos votos por que ni el se?or Ferrer Salat ni los se?ores Camacho y Redondo obliguen a los espa?oles a elegir entre la peste y el c¨®lera.A lo largo de 1978 la cifra de parados ha aumentado en Espa?a en 250.000 personas hasta totalizar algo m¨¢s de un mill¨®n de desempleados. Esto significa que un 8% de nuestra poblaci¨®n activa; es decir, los hombres y mujeres capaces de trabajar y dispuestos a hacerlo, no encuentran empleo. Mientras en los a?os 1972 y 1973 hab¨ªa casi trece millones de personas efectivamente ocupadas, en 1979 la cifra ha descendido a doce millones.

La raz¨®n principal es, evidentemente, la depresi¨®n econ¨®mica, con sus negativas consecuencias sobre las inversiones y el empleo. Otros factores han contribuido tambi¨¦n a incrementar el paro. Las consecuencias demogr¨¢ficas derivadas de una mortalidad en r¨¢pida disminuci¨®n y de un adelanto de la edad matrimonial han producido un notable rejuvenecimiento de nuestra pir¨¢mide de edades. Mientras en la d¨¦cada de los sesenta llegaban al mercado de trabajo poco m¨¢s de 50.000 j¨®venes, hoy la cifra supera los 100.000. El flujo migratorio a Europa ha cambiado de signo; entre 1974 y 1976, cerca de 200.000 trabajadores regresaron a Espa?a. Sectores como la vivienda y la construcci¨®n naval, intensivos en trabajo, han sufrido severamente los efectos de la crisis, mientras que la agricultura contin¨²a expulsando habitantes de las zonas rurales hacia las ciudades, donde una industria y unos servicios estancados o en contracci¨®n resultan incapaces de absorberlos.

Todo el mundo est¨¢ de acuerdo en que la soluci¨®n ideal para los males de nuestro pa¨ªs es el aumento de los puestos de trabajo, principalmente en la industria. El seguro de desempleo, en esta perspectiva, no es m¨¢s que la forma de aliviar los s¨ªntomas de la enfermedad y no la medicina para curarla. A este respecto, parece obligado que el Gobierno abandone su absurda pretensi¨®n de monopolizar la administraci¨®n y la distribuci¨®n de los fondos de la Seguridad Social asignados a ese fin. Los ayuntamientos, despu¨¦s de su renovaci¨®n democr¨¢tica, deber¨ªan ser inapreciables colaboradores de la Administraci¨®n central para la organizaci¨®n del ?empleo comunitario?, seguramente la forma m¨¢s dignificadora y socialmente eficaz de combatir el paro. Los fraudes, abusos y pr¨¢cticas picarescas en la percepci¨®n del seguro de desempleo, triste fruto de varias d¨¦cadas en las que la sociedad no encontr¨® ejemplo moralizador alguno en una vida pol¨ªtica corrompida, podr¨ªan tener un freno eficaz si las centrales sindicales fueran responsabilizadas en su gesti¨®n. Ahora bien, resulta impensable que Comisiones Obreras y UGT acepten esta colaboraci¨®n con el Estado mientras el Gobierno, con argumentos de picapleitos y pretextos que lindan con el cinismo, siga aplazando la devoluci¨®n de su patrimonio a las centrales hist¨®ricas y la regulaci¨®n del usufructo de los bienes verticalistas. Porque en este terreno s¨®lo una cosa es segura: a quien, desde luego, no pertenecen esos activos es al Poder Ejecutivo.

Lo primordial, entonces, es estimular la actitud positiva hacia el trabajo y favorecer la creaci¨®n de puestos de empleo. Hay que proporcionar incentivos claros a las empresas para que puedan contratar, sin l¨ªmites temporales, a nuevos trabajadores, aligerando durante un per¨ªodo de tiempo las cargas de la Seguridad Social. As¨ª como hay que reforzar en nuestro sistema de relaciones laborales el papel de las centrales sindicales, para lo cual es condici¨®n sine qua non acabar con el secuestro gubernamental del patrimonio sindical, es preciso tambi¨¦n rehabilitar social y pol¨ªticamente la figura del empresario y de la iniciativa privada, agentes fundamentales de la actividad productiva en esa econom¨ªa de mercado que la Constituci¨®n ampara y garantiza. La alianza imp¨ªa entre la izquierda parlamentaria y la empresa p¨²blica creada, patrocinada y desarrollada por un sistema pol¨ªtico autoritario es una de las figuras m¨¢s asombrosas de confusi¨®n pol¨ªtica y nebulosidad conceptual del per¨ªodo de transici¨®n desde el franquismo. Nadie puede sostener con un m¨ªnimo de coherencia que la soluci¨®n de la crisis econ¨®mica pasa por el aumento del despilfarro, en forma de incremento de la inversi¨®n p¨²blica de las empresas que todav¨ªa manejan y controlan los pol¨ªticos secularizados del anterior r¨¦gimen. Mientras las Cortes no promulguen un Estatuto de la Empresa P¨²blica, no se renueven los cuadros directivos de esas corporaciones y los criterios de eficacia, rentabilidad y competitividad no sustituyan las subvenciones a fondo perdido y los monstruosos d¨¦ficit de funcionamiento, la defensa del sector p¨²blico por los partidos de la izquierda no s¨®lo constituye una peligrosa insensatez, sino que tambi¨¦n puede dar lugar a la sospecha de que sus dirigentes aspiran a ser invitados a esa aut¨¦ntica merienda de negros.

La discusi¨®n del marco de relaciones laborales no puede olvidar que una de las amenazas que en estos momentos pesa sobre los trabajadores espa?oles es la perpetuaci¨®n de las fronteras que separan a los ocupados de los desempleados. No hay m¨¢s alternativa que partir de la realidad en que vivimos y analizar, sin demagogias marxistas-gironistas ni catastrofismos liberal-olarrianos, la posibilidad de lograr una Espa?a democr¨¢tica y pluralista que, a la vez, ofrezca posibilidades de trabajo a sus ciudadanos. Un paro creciente y una ocupaci¨®n estancada son factores de inestabilidad social y pol¨ªtica que ning¨²n marco de relaciones laborales, por avanzado que sea, puede ignorar. Ser¨ªa parad¨®jico que los representantes de los trabajadores, al defender m¨¢s all¨¢ de lo razonable sus intereses gremiales y las zonas de poder de las centrales sindicales, contribuyeran al incremento del paro, a la crispaci¨®n de las clases medias y al desaliento de los empresarios. Nidos donde se empollan los huevos de la irracionalidad, la involuci¨®n y el apoyo social a las f¨®rmulas autoritarias que la izquierda parlamentaria tanto teme y que los partidarios de las libertades y del pluralismo en cualquier caso rechazan.