La empresa p¨²blica Visomsa construye dos pol¨ªgonos de viviendas sociales sin licencia

Visomsa (Viviendas Sociales de Madrid, SA), empresa mixta constituida entre el Ministerio de Obras P¨²blicas, el Ayuntamiento de Madrid y las cajas de ahorro, est¨¢ construyendo, por lo menos, dos de sus pol¨ªgonos urban¨ªsticos sin que para ello cuente con la imprescindible -desde el punto de vista legal- licencia de construcci¨®n, a otorgar por la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Los dos pol¨ªgonos citados, el Pozo del T¨ªo Raimundo y el Fontarr¨®n, han recibido sendas ¨®rdenes de paralizaci¨®n de las obras por parte de Gerencia. Sin embargo, las obras contin¨²an, a la espera de que las altas instancias de la Administraci¨®n central -Instituto Nacional de la Vivienda- y local -Gerencia- se pongan de acuerdo. Las razones de Visomsa son bien claras: las obras no se pueden parar porque, en caso contrario, todos los posibles beneficiarios de las viviendas sociales comenzar¨ªan su rosario de manifestaciones e intentos de negociaci¨®n para. conseguir su objetivo: una vivienda digna.Mientras, el Ayuntamiento o, m¨¢s concretamente, su Gerencia Municipal de Urbanismo tiene dos alternativas: hacer la vista gorda y conceder una licencia que no se ajusta a la legalidad o bien negarse en redondo a concederla y, con ello, obligar a paralizar las obras indefinidamente, en tanto se hayan cumplido por la Administraci¨®n central los tr¨¢mites necesarios. La primera de las posibilidades coloca a la nueva Administraci¨®n local en una situaci¨®n poco menos que rid¨ªcula. La segunda, en una intransigencia que dir¨ªa muy poco a favor de su respaldo popular, ya que el dejar sin construir unas viviendas que, en principio, van destinadas a clases econ¨®micamente modestas parece, tambi¨¦n en principio, ir en contra de los administrados menos privilegiados.

La garant¨ªa para la urbanizaci¨®n

Visomsa no es m¨¢s que una sociedad an¨®nima constituida, eso s¨ª, con capital proveniente de fondos p¨²blicos; pero, al fin, una sociedad an¨®nima. Sin embargo, al ser su capital social mayoritariamente estatal, parece gozar de ciertos privilegios que no tienen otras entidades de promoci¨®n urban¨ªstica.En base a estos privilegios, no precis¨® de la licencia de construcci¨®n para empezar ¨¦sta y poder decir que la operaci¨®n de disponer de 15.000 viviendas sociales en Madrid estaba en marcha. ?Mire usted?, dec¨ªa a EL PAIS el gerente de Visomsa, Mariano Gonz¨¢lez, ?los tr¨¢mites legales para obtener una licencia de construcci¨®n son muy largos y har¨ªan imposible la operaci¨®n. El tr¨¢mite normal podr¨ªa situarse en torno a los (los a?os, y nosotros lo que quer¨ªamos era poner en marcha la operaci¨®n en seis meses.?

Sin embargo, para obtener una licencia de construcci¨®n es necesario, de acuerdo con la ley del Suelo, haber depositado un aval bancario que garantice la realizaci¨®n de la urbanizaci¨®n prevista en la zona. Precisamente por no existir ese aval se han dado casos de gran trascendencia social. al tener que hacerse cargo de la urbanizaci¨®n la Administraci¨®n y ¨¦sta no responder suficientemente. En el caso que nos ocupa ese aval bancario que garantiza la urbanizaci¨®n podr¨ªa costar del orden de los 4.000 millones de pesetas.

Para Angel Carre?o, director general del Instituto Nacional de la Vivienda, ?si se deposita ese aval y, a la vez, hacemos la urbanizaci¨®n, resulta que lo que estamos haciendo es pagar dos veces por el mismo concepto?. El se?or Carre?o olvid¨® que el aval se libera una vez que la urbanizaci¨®n est¨¢ hecha y que el pago a los constructores que la hayan realizado no se efect¨²a hasta que se han terminado las obras.

Confianza en que llegue la licencia

Tanto el director general de INV, Angel Carre?o, como el gerente de Visomsa, Mariano Gonz¨¢lez, est¨¢n completamente seguros de que se ha estado construyendo sin licencia ?hasta ahora?. El segundo de ellos fue m¨¢s expl¨ªcito a la hora de hablar con EL PAIS: ?Es cierto que hoy no hay licencia para construir. Pero de lo que estoy seguro es de que, dentro de quince d¨ªas, ya la habr¨¢. ? El mismo se?or Gonz¨¢lez consider¨® ?problemitas de segundo orden? el no depositar la garant¨ªa de la urbanizaci¨®n y cositas la orden de paralizaci¨®n que pesa sobre los dos pol¨ªgonos.Pero tambi¨¦n los dos coinciden en que nadie pretende que el Ayuntamiento haga la vista gorda con respecto al tema. ?La prueba est¨¢ en que dio orden de parar las obras?, dijo Angel Carre?o. Y a?adi¨®: ?Lo que se pretende es actuar con la m¨¢xima legalidad posible.? Mariano Gonz¨¢lez insist¨ªa en el tema: ?El Ayuntamiento es accionista en un 30%. Pero no por eso va a hacer las cosas por las buenas. ?

El mismo se?or Gonz¨¢lez prev¨¦ la posible aparici¨®n de una respuesta popular a la no existencia de licencias: ?Si hay inquietud en que pueda peligrar la operaci¨®n porque las cosas no est¨¢n lo suficientemente preparadas o porque se vayan a hacer a la pata la llana, que todo el mundo est¨¦ tranquilo: no hay peligro. ?

EL PAIS no pudo localizar al concejal responsable de Urbanismo, el comunista Eduardo Mangada, pero p¨²blicamente se conoce su opini¨®n sobre el tema cuando hace una semana, asegur¨®, en e? distrito de Hortaleza, que las viviendas sociales ten¨ªan problemas que hab¨ªa que estudiar muy seriamente.

Otra opini¨®n oficial que falta es la de Carlos Conde-Duque, delegado del Gobierno en Coplaco, quien no pudo ser localizado por este peri¨®dico. La de los posibles afectados est¨¢ por conocer, a espera de que INV y Gerencia se pongan de acuerdo o no sobre el proceso burocr¨¢tico y t¨¦cnico que hayan de seguir a partir de ahora.