Patrimonio sindical y amarillismo

EN EL Pleno de anteayer fue derrotada una moci¨®n socialista que exig¨ªa la apertura de negociaciones entre las centrales sindicales hist¨®ricas y el Gobierno para la devoluci¨®n del patrimonio incautado durante la guerra civil, as¨ª como la creaci¨®n de una comisi¨®n mixta que estableciera el inventario de los bienes de la fenecida organizaci¨®n vertical.No parece que la propuesta fuera ni maximalista ni apremiante. En cualquier caso, no se entienden bien los motivos por los que el Gobierno no comprende, de una vez por todas, el camino hacia una soluci¨®n equitativa, razonable y negociada de ese pleito. En alguna otra ocasi¨®n hemos se?alado que por muchas que puedan ser las dudas acerca de la titularidad compartida del patrimonio acumulado a lo largo de cuarenta a?os de nacionalsindicalismo y las dificultades t¨¦cnico-jur¨ªdicas para restituir a las centrales hist¨®ricas los activos que leg¨ªtimamente pose¨ªan en 1936, al menos hay una cosa segura: al Gobierno no le asiste el menor derecho para continuar usufructuando propiedades que no le pertenecen y para convertirse en juez del destino de los edificios e instalaciones asignadas todav¨ªa hoy a la AISS. Y tambi¨¦n se halla fuera de discusi¨®n que los remoloneos de la Administraci¨®n, no ya para ceder bienes que no son suyos, sino para crear las previas condiciones jur¨ªdicas y contables que hagan posible su transferencia a terceros carecen de cualquier justificaci¨®n que no sea el manipulador intento de reservarse esa importante baza para jugarla en su propio beneficio.

Los hombres que dirigen UCD coquetean, desde hace tiempo, con la idea de disponer, en el mundo sindical, de una organizaci¨®n que mantenga con el partido del Gobierno relaciones de cooperaci¨®n o dependencias similares a las que guardan CCOO con el PCE y UGT con el PSOE. Los rumores, confidencias y relatos secretos acerca de los nexos establecidos entre UCD y USO en los ¨²ltimos meses son demasiado numerosos y contienen demasiados detalles como para despacharlos como un bulo o una fantas¨ªa. La reacci¨®n de CCOO y UGT ante la eventualidad de que los centristas apadrinen a una central sindical ya existente o formen una de nuevo cu?o ha sido en¨¦rgica y airada. En opini¨®n de socialistas y comunistas, ese proyecto cae de lleno en el sindicalismo amarillo. Pero el hecho indudable y verificable de que una parte, aunque no sea la mayor o la m¨¢s politizada, de la poblaci¨®n asalariada espa?ola vota a UCD y no est¨¢ afiliada a ninguna central priva a esa acusaci¨®n de contundencia y exactitud. Ni CCOO, ni UGT, ni las centrales vinculadas a ORT y PT, ni la CNT, ni ELA-STV pueden aspirar a formar un oligopolio sindical que niegue el derecho a la existencia a otra organizaci¨®n que busque sus afiliados en las zonas pol¨ªticamente m¨¢s templadas e ideol¨®gicamente m¨¢s moderadas de la clase trabajadora. Tampoco la eventual correlaci¨®n, que no por probable deja de exigir verificaci¨®n entre esa central emparentada con UCD y niveles de remuneraci¨®n m¨¢s bien elevados y funciones dentro de las empresas de car¨¢cter t¨¦cnico y administrativo podr¨ªa servir de soporte al remoquete de amarillismo. Tanto los comunistas como los socialistas buscan la superaci¨®n de los criterios puramente ?obreristas? en el mundo sindical y tratan de integrar a los t¨¦cnicos y a los empleados de cuello blanco en sus centrales.

Ahora bien, los indiscutibles derechos de UCD a utilizar la libertad sifid1cal que la Constituci¨®n establece y a conseguir. un modesto puesto al sol en el mundo de los trabajadores organizados nada tienen que ver con la eventual pretensi¨®n del Gobierno de utilizar los recursos del poder para privilegiar, potenciar y alimentar una central propia. Esa estrategia no ser¨ªa amarillismo, sino pura usurpaci¨®n. Si la incomprensible tardanza del Poder ejecutivo en abrir negociaciones serias con las centrales sindicales para la devoluci¨®n de los bienes incautados durante la guerra y la regulaci¨®n del patrimonio verticalista tuviera como fundamento el prop¨®sito de utilizar esos activos en beneficio de su propia central, estar¨ªamos ante un caso escandaloso de apropiaci¨®n indebida y malversaci¨®n de fondos p¨²blicos.

Es un hecho que la rigidez del mercado del trabajo y la incongruencia de las relaciones laborales del franquismo con el marco democr¨¢tico constituyen uno de los cuellos de botella de la actual situaci¨®n de estancamiento econ¨®mico, retraimiento de las inversiones y resistencia de los empresarios a ampliar sus plantillas. Pero si bien podr¨ªa calificarse como demagogia de izquierda la pretensi¨®n de perpetuar unilateralmente la normativa laboral del nacionalsindicalismo en aquellos aspectos aislados que favorecen intereses gremialistas, resulta comprensible que las centrales y los partidos que las patrocinan se opongan a una sim¨¦trica demagogia de derechas, que predica la abolici¨®n de los elementos corporativistas de las relaciones industriales s¨®lo en la parte que beneficia a los empresarios. El verticalismo fascista y la rigidez del empleo eran las dos caras de la misma moneda. La idea de que los sindicatos deben aceptar de buen grado la flexibilizaci¨®n de las plantillas, en tanto que la abusiva retenci¨®n del patrimonio sindical por el Gobierno les condena a la indigencia y les impide proporcionar prestaciones y servicios a. sus afiliados, s¨®lo se le ha podido ocurrir a alguien o muy tonto o demasiado listo.

Mientras el Gobierno siga detentando unos bienes que no le pertenecen y prestando o¨ªdos sordos a las propuestas de las centrales para negociar la devoluci¨®n de los activos incautados en 1939 y la utilizaci¨®n del patrimonio del verticalismo, el partido en el poder carecer¨¢ de autoridad moral para alterar el cuadro m¨¢s general de las relaciones laborales. Decisi¨®n, por lo dem¨¢s, imprescindible y urgente para adecuar nuestras instituciones econ¨®micas dentro del marco democr¨¢tico para reactivar la actividad productiva y para elevar a plazo medio los niveles de empleo.