?Para qu¨¦ estamos pagando?

EL GOBIERNO a¨²n no ha explicado convincentemente la elevaci¨®n del precio de los carburantes. T¨¦cnicamente el alza no est¨¢ justificada, porque los precios (en pesetas) del petr¨®leo todav¨ªa no han subido un 24%, debido a la apreciaci¨®n de la peseta frente al d¨®lar. El alza del tipo de cambio permite un abaratamiento de las mercanc¨ªas importadas, y de no haberse producido la intervenci¨®n del Estado, el espejo del mercado se habr¨ªa limitado a reflejar las alzas que se producen a medida que los crudos desembarcados en los puertos espa?oles incorporan los nuevos precios, contando, lo que parece razonable, con que la peseta ha detenido ya su apreciaci¨®n.Esta gradual subida de precios hubiese permitido estirar la pol¨ªtica antiinflaci¨®n, desarrollada con un ¨¦xito relativo desde mediados de 1977, e introducir medidas compensadoras para detener la ca¨ªda de la actividad. En una ¨¦poca de bajo crecimiento parece que no conviene introducir medidas contractivas, como una brutal subida de impuestos, porque la demanda queda cercenada y la actividad se resiente. Otros pa¨ªses industrializados han tratado de facilitar el aterrizaje del globo de los precios del petr¨®leo cuidando precisamente que el nivel de inflaci¨®n no se desbordase y que la incidencia de los nuevos precios sobre las rentas de los consumidores y las empresas fuese gradual, sin que esto suponga no aceptar lo ocurrido con los precios del petr¨®leo.

En nuestro caso, sin embargo, la subida del precio de los combustibles y los carburantes tiene una raz¨®n recaudatoria adicional, y la ocasi¨®n ha sido aprovechada para obtener unos ingresos fiscales suplementarios con los que hacer frente a un d¨¦ficit del sector p¨²blico (Estado, Seguridad Social, ayuntamientos, INI), que el Ministerio de Hacienda calcula en unos, 400.000 millones de pesetas; es decir, 100.000 millones m¨¢s de los estimados a comienzos de a?o. Tambi¨¦n aqu¨ª es posible mantener un desacuerdo t¨¦cnico con las subidas de precios e incremento de los impuestos. Al producirse una ca¨ªda de la demanda a causa de esas subidas se realizar¨¢n menores transacciones, se pagar¨¢n menos salarios y se obtendr¨¢n menos beneficios, y, en consecuencia, habr¨¢ una recaudaci¨®n impositiva inferior a la correspondiente a una situaci¨®n de mayor actividad. En ¨¦pocas de recesi¨®n, por el contrario, la acci¨®n del Estado est¨¢ obligada no s¨®lo a cubrir sus gastos ordinarios, sino que adem¨¢s debe atender otros extraordinarios, como los que se derivan de unas mayores prestaciones por seguro de desempleo, pensiones por jubilaciones anticipadas, ayuda a empresas en dificulta des, etc¨¦tera, lo que es una invitaci¨®n continua a aumentar el d¨¦ficit. A comienzos de a?o el Gobierno hab¨ªa se?alado que el sector p¨²blico ser¨ªa expansivo en la primera mitad para que luego fuera tomando el relevo el sector privado, al que se le retiran, cuando entra su turno, parte de los recursos necesarios para desarrollar su papel de protagonista. En definitiva, el Gobierno ha tomado una decisi¨®n que va a incidir sobre el nivel de actividad, reduci¨¦ndolo, o sobre los precios, elev¨¢ndolos, pero que, sin embargo, se impone por la fuerza de los hechos como la ¨²nica alternativa posible, cuando los hechos son los de una subida vertiginosa del petr¨®leo en origen. Ac¨¦ptese, pues, esa subida del precio del petr¨®leo, pero corregida por el tipo de cambio y de modo gradual, seg¨²n se repercuten las alzas en las toneladas de crudos que entran en las refiner¨ªas espa?olas. Si no es as¨ª, ?qu¨¦ ventaja tiene la apreciaci¨®n de la peseta y los esfuerzos desplegados para contener d¨ªa a d¨ªa los precios? Otros pa¨ªses, como decimos, han seguido un esquema gradual, aprovechando (caso de Alemania) la apreciaci¨®n de su moneda para suavizar la incidencia sobre los precios.

Despu¨¦s de aceptar la subida marcada por el mercado, existen incluso medidas ya aceptadas solidariamente por pa¨ªses consumidores. En primer lugar est¨¢ la posibilidad de hacer tambi¨¦n nuestras las decisiones adoptadas por los siete grandes pa¨ªses industriales en Tokio: el compromiso de fijar un tope m¨¢ximo para las importaciones de crudos en 1980 y un l¨ªmite para el crecimiento en el consumo de petr¨®leo hasta 1985. Esto exigir¨ªa reducir fundamentalmente la utilizaci¨®n del fuel como combustible (el consumo interior de gasolina, incluidos los turistas, equivale a unos seis millones de toneladas, aproximadamente el 12% de las importaciones anuales de petr¨®leo) y su progresiva sustituci¨®n por otras fuentes de energ¨ªa. Los planes recientes de los pa¨ªses de la CEE suponen doblar la producci¨®n de carb¨®n en 1990 y triplicarla en el a?o 2000. En Espa?a existe una prometedora cuenca carbon¨ªfera en Le¨®n, pero sudesarrollo exigir¨ªa quiz¨¢ cierto apoyo inicial y, naturalmente, el convencimiento para la iniciativa privada que los proyectos son rentables. Tambi¨¦n nuestra situaci¨®n geogr¨¢fica permite la importaci¨®n de carbones australianos o surafricanos. Durante varios a?os estos pa¨ªses han ofrecido intercambiar carb¨®n por mercanc¨ªas espa?olas e incluso financiar la construcci¨®n de un gran puerto para la distribuci¨®n -posterior de carbones del hemisferio Sur en Europa. Pero la importaci¨®n de carb¨®n sigue todav¨ªa sometida a un buen arancel, del que s¨®lo se exime su pago -a trav¨¦s de un contigente arancelario- a 500.000 toneladas anuales de carb¨®n t¨¦rmico, es decir, al equivalente a un 0,8% de la importaci¨®n espa?ola de petr¨®leo.

Estas alternativas tienen adem¨¢s un complemento con la actuaci¨®n del sector p¨²blico. ?Qu¨¦ ocurre, por ejemplo, con la ampliaci¨®n de las obras del Metro de Madrid? Lo que est¨¢ en proyecto, casi tanto como lo construido, y cuya terminaci¨®n estuvo prevista para el a?o 1980, sigue en proyecto. Hay incluso bocas abiertas y vac¨ªas de un Metro fantasma cuya construcci¨®n ha sido la mejor propaganda gratuita para promocionar la venta de bloques edificados precisamente por los propios hombres del Metropolitano. ?Y las cuentas de la Seguridad Social, cuyo d¨¦ficit fue de 90.000 millones de pesetas en 1978 y se repetir¨¢ en 1979, a pesar del incremento de la aportaci¨®n del Estado? El Estado, los ayuntamientos, el INI, la Seguridad Social, aparecen como aprisionados en una mec¨¢nica de cobrar impuestos para transferirlos al pago de sus funcionarios, de sus concejales o de sus delegados de servicios, de empresas permanentemente deficitarias o para financiar unas prestaciones farmac¨¦uticas con una generosidad que cualquier pa¨ªs m¨¢s rico, pero tambi¨¦n m¨¢s cuidadoso Con el dinero de sus contribuyentes, no se atrever¨ªa a mantener en ¨¦pocas de recesi¨®n. En definitiva, se trata de plantear una alternativa encaminada a promover la sustituci¨®n del petr¨®leo por otras fuentes de energ¨ªa y por medidas que contribuyan a su menor utilizaci¨®n, pero que impliquen un crecimiento de la inversi¨®n. Esto, al tiempo que se atajan los despilfarros y esos recursos se canalizan hacia usos alternativos productivos.

Dentro de unos d¨ªas el Gobierno debe presentar el programa energ¨¦tico y tambi¨¦n el proyecto de pol¨ªtica econ¨®mica para los pr¨®ximos a?os. Confiemos en que muchos de estos interrogantes queden resueltos y que los ciudadanos puedan conocer c¨®mo se propone el Gobierno resolver desde ahora la sustituci¨®n del petr¨®leo por otras fuentes de energ¨ªa y c¨®mo acabar con el despilfarro de todo el sector p¨²blico. S¨®lo as¨ª los contribuyentes tendr¨¢n conciencia clara de para qu¨¦ est¨¢n sirviendo sus impuestos.