Rechazo sindical unánime a la revisión salarial impuesta por el Gobierno

El decreto sobre revisión de salarios aprobado por el Gobierno el pasado viernes en Consejo de Ministros ha sido rechazado por las grandes centrales sindicales, cuyos órganos directivos, después de celebrar ayer reuniones de urgencia, han manifestado su repulsa ante lo que consideran cuando menos sorprendente normativa. Comisiones Obreras, UGT, USO y CSUTaseguran no poder aceptar este decreto, tanto por la cuantía de aumento salarial que establece como por no afectar a los pensionistas, a los funcionarios ni al salario mínimo. Tampoco aceptan (y en esto las centrales se muestran radicales) la forma que ha tenido el Gobierno de aprobar la nueva normativa, sin tener en cuenta o consultar a las partes afectadas.

En este decreto sobre revisión de salarios se recomienda a las empresas que regulan sus retribuciones mediante convenio colectivo una elevación de éstas no superior al 1,7%, con efecto retroactivo al pasado 1 de julio. Este aumento no debe aplicarse en empresas con pérdidas o que actualmente cubran con subvenciones las insuficiencias en su cuenta de explotación, ni aquellas cuya masa salarial bruta media (excluidos gravámenes sociales, que correrán por cuenta de la empresa) se situara el a?o pasado en 750.000 pesetas. Las empresasdel sector público y la Administración tampoco se verán afectados por este decreto.

CCOO: "Habrá renegociación de convenios por culpa del Gobierno"

El secretariado confederal de Comisiones Obreras, reunido ayer en Madrid, consideró el decreto como una medida inaceptable, que forma parte de un plan, el programa económico del Gobierno, cuyos objetivos persiguen cargar sobre los trabajadores y capas populares del país todo el peso de la crisis, de la progresiva carestía de vida y del aumento del paro, consecuencias de la desastrosa política económica del Gobierno.

El Gobierno -asegura la central- ha rechazado toda negociación o consulta con los sindicatos y, entrevistándose solamente con la CEOE, ha fijado unos criterios que se corresponden exactamente con los de la gran patronal, haciendo inevitable una renegociación de los convenios y convirtiéndose en el único responsable de las consecuencias que ello tenga para el conjunto del país.

Se recuerda en un comunicado oficial que Comisiones Obreras ha reiterado la necesidad de negociar entre las fuerzas sociales y el Gobierno una subida global y automática de las rentas salariales para todos, evitándose así una renegociación de los convenios, con el único y exclusivo fin de recuperar la capacidad adquisitiva de los salarios.

?Dada la época del a?o en que nos encontramos, escogida ex profeso por el Gobierno para tomar decisiones antisindicales y antipopulares, el secretariado de CCOO?, dice el escrito, ?acuerda convocar al consejo confederal, con carácter extraordinario, para el próximo día 7 de septiembre, con el fin de adoptar medidas oportunas relativas a la revisión salarial y al plan económico del Gobierno, así como de propuestas concretas a las demás centrales sindicales para responder unitariamente a estas medidas?.

UGT: "El Gobierno no ha cumplido sus compromisos"

Tampoco UGT acepta el decreto por considerar que ?está lejos de cubrir la pérdida del poder adquisitivo de los salarios hasta final de a?o ? .

La central socialista acusa al Gobierno de haber vulnerado sus propios compromisos de mantener parejos los niveles de precios y salarios durante este a?o. El decreto -asegura- supone una imposición de topes salariales, dado que su carácter de recomendación queda anulado por las sanciones y cláusulas restrictivas que establece; y ello dificulta en gran medida cualquier acuerdo global entre empresarios y organizaciones sindicales.

La UGT se?ala que su petición de un 2,5% con carácter retroactivo, o del 5% hasta final de a?o, era una propuesta racional y ha decidido mantenerla a la hora de la negociación. Antes de pasar a cualquier tipo de acción, propone (por necesaria) una reunión de las centrales, y de éstas con la patronal. ?La renegociación convenio a convenio acarrearía altas cotas de conflictividad, con unas repercusiones sociales de cuya gravedad sería responsable, en todo caso, este decreto del Gobierno.?

USO: el decreto no es operativo

La comisión ejecutiva de USO considera que, con este decreto, el Gobierno vulnera su propia filosofía en materia de revisión salarial fijada en el decreto-ley 49/1978. ?Esta normativa?, dice USO, ?además de limitarse solamente a recomendar, carece de operatividad en la práctica, y deja al arbitrio del empresariado la iniciativa de la revisión y el fijar la cuantía y las condiciones de la misma.?

La central considera incongruente que la revisión salarial sea tratada fuera del marco del ya anunciado programa económico, y teme como inevitable una revisión de los convenios a partir de septiembre, si antes no se produce una negociación sindicatos -patronal - Gobierno. USO reitera la grave responsabilidad que contrajeron las dos centrales mayoritarias, Comisiones Obreras y UGT, durante los primeros meses del a?o, al alentar la falsa imagen de superación de los topes salariales, situando las alzas medias por encima del 16%. El Gobierno está encontrando en aquella grave irresponsabilidad una de sus mejores razones para limitar ahora la revisión de los salarios.

SU y CSUT: el Gobierno manipula las cifras

El secretariado confederal del Sindicato Unitario y el comité ejecutivo de la CSUT, reunidos también con carácter urgente, especifican en un comunicado conjunto que, con este decreto, el Gobierno comete un atentado y se mofa de los intereses de los trabajadores, ya que la cuantía fijada como límite de las revisiones y las exclusiones acordadas, persiguen el objetivo de quedar en mero papel mojado.

Los dos sindicatos acusan al Gobierno de manipular las cifras y de hacer perder a los trabajadores su capacidad adquisitiva; ?es especialmente grave la exclusión que se hace de los trabajadores de la Administración y del sector público bajo el pretexto de reducir el gasto público. Esto indica claramente la dirección que va a tomar el conjunto de medidas que prevé el Gobierno para reducir en 100.000 millones el gasto público, y supone un precedente grave de limitación de los derechos de los trabajadores, reconocidos en la Constitución ?.