Rechazo sindical un¨¢nime a la revisi¨®n salarial impuesta por el Gobierno

El decreto sobre revisi¨®n de salarios aprobado por el Gobierno el pasado viernes en Consejo de Ministros ha sido rechazado por las grandes centrales sindicales, cuyos ¨®rganos directivos, despu¨¦s de celebrar ayer reuniones de urgencia, han manifestado su repulsa ante lo que consideran cuando menos sorprendente normativa. Comisiones Obreras, UGT, USO y CSUTaseguran no poder aceptar este decreto, tanto por la cuant¨ªa de aumento salarial que establece como por no afectar a los pensionistas, a los funcionarios ni al salario m¨ªnimo. Tampoco aceptan (y en esto las centrales se muestran radicales) la forma que ha tenido el Gobierno de aprobar la nueva normativa, sin tener en cuenta o consultar a las partes afectadas.

En este decreto sobre revisi¨®n de salarios se recomienda a las empresas que regulan sus retribuciones mediante convenio colectivo una elevaci¨®n de ¨¦stas no superior al 1,7%, con efecto retroactivo al pasado 1 de julio. Este aumento no debe aplicarse en empresas con p¨¦rdidas o que actualmente cubran con subvenciones las insuficiencias en su cuenta de explotaci¨®n, ni aquellas cuya masa salarial bruta media (excluidos grav¨¢menes sociales, que correr¨¢n por cuenta de la empresa) se situara el a?o pasado en 750.000 pesetas. Las empresasdel sector p¨²blico y la Administraci¨®n tampoco se ver¨¢n afectados por este decreto.

CCOO: "Habr¨¢ renegociaci¨®n de convenios por culpa del Gobierno"

El secretariado confederal de Comisiones Obreras, reunido ayer en Madrid, consider¨® el decreto como una medida inaceptable, que forma parte de un plan, el programa econ¨®mico del Gobierno, cuyos objetivos persiguen cargar sobre los trabajadores y capas populares del pa¨ªs todo el peso de la crisis, de la progresiva carest¨ªa de vida y del aumento del paro, consecuencias de la desastrosa pol¨ªtica econ¨®mica del Gobierno.

El Gobierno -asegura la central- ha rechazado toda negociaci¨®n o consulta con los sindicatos y, entrevist¨¢ndose solamente con la CEOE, ha fijado unos criterios que se corresponden exactamente con los de la gran patronal, haciendo inevitable una renegociaci¨®n de los convenios y convirti¨¦ndose en el ¨²nico responsable de las consecuencias que ello tenga para el conjunto del pa¨ªs.

Se recuerda en un comunicado oficial que Comisiones Obreras ha reiterado la necesidad de negociar entre las fuerzas sociales y el Gobierno una subida global y autom¨¢tica de las rentas salariales para todos, evit¨¢ndose as¨ª una renegociaci¨®n de los convenios, con el ¨²nico y exclusivo fin de recuperar la capacidad adquisitiva de los salarios.

?Dada la ¨¦poca del a?o en que nos encontramos, escogida ex profeso por el Gobierno para tomar decisiones antisindicales y antipopulares, el secretariado de CCOO?, dice el escrito, ?acuerda convocar al consejo confederal, con car¨¢cter extraordinario, para el pr¨®ximo d¨ªa 7 de septiembre, con el fin de adoptar medidas oportunas relativas a la revisi¨®n salarial y al plan econ¨®mico del Gobierno, as¨ª como de propuestas concretas a las dem¨¢s centrales sindicales para responder unitariamente a estas medidas?.

UGT: "El Gobierno no ha cumplido sus compromisos"

Tampoco UGT acepta el decreto por considerar que ?est¨¢ lejos de cubrir la p¨¦rdida del poder adquisitivo de los salarios hasta final de a?o ? .

La central socialista acusa al Gobierno de haber vulnerado sus propios compromisos de mantener parejos los niveles de precios y salarios durante este a?o. El decreto -asegura- supone una imposici¨®n de topes salariales, dado que su car¨¢cter de recomendaci¨®n queda anulado por las sanciones y cl¨¢usulas restrictivas que establece; y ello dificulta en gran medida cualquier acuerdo global entre empresarios y organizaciones sindicales.

La UGT se?ala que su petici¨®n de un 2,5% con car¨¢cter retroactivo, o del 5% hasta final de a?o, era una propuesta racional y ha decidido mantenerla a la hora de la negociaci¨®n. Antes de pasar a cualquier tipo de acci¨®n, propone (por necesaria) una reuni¨®n de las centrales, y de ¨¦stas con la patronal. ?La renegociaci¨®n convenio a convenio acarrear¨ªa altas cotas de conflictividad, con unas repercusiones sociales de cuya gravedad ser¨ªa responsable, en todo caso, este decreto del Gobierno.?

USO: el decreto no es operativo

La comisi¨®n ejecutiva de USO considera que, con este decreto, el Gobierno vulnera su propia filosof¨ªa en materia de revisi¨®n salarial fijada en el decreto-ley 49/1978. ?Esta normativa?, dice USO, ?adem¨¢s de limitarse solamente a recomendar, carece de operatividad en la pr¨¢ctica, y deja al arbitrio del empresariado la iniciativa de la revisi¨®n y el fijar la cuant¨ªa y las condiciones de la misma.?

La central considera incongruente que la revisi¨®n salarial sea tratada fuera del marco del ya anunciado programa econ¨®mico, y teme como inevitable una revisi¨®n de los convenios a partir de septiembre, si antes no se produce una negociaci¨®n sindicatos -patronal - Gobierno. USO reitera la grave responsabilidad que contrajeron las dos centrales mayoritarias, Comisiones Obreras y UGT, durante los primeros meses del a?o, al alentar la falsa imagen de superaci¨®n de los topes salariales, situando las alzas medias por encima del 16%. El Gobierno est¨¢ encontrando en aquella grave irresponsabilidad una de sus mejores razones para limitar ahora la revisi¨®n de los salarios.

SU y CSUT: el Gobierno manipula las cifras

El secretariado confederal del Sindicato Unitario y el comit¨¦ ejecutivo de la CSUT, reunidos tambi¨¦n con car¨¢cter urgente, especifican en un comunicado conjunto que, con este decreto, el Gobierno comete un atentado y se mofa de los intereses de los trabajadores, ya que la cuant¨ªa fijada como l¨ªmite de las revisiones y las exclusiones acordadas, persiguen el objetivo de quedar en mero papel mojado.

Los dos sindicatos acusan al Gobierno de manipular las cifras y de hacer perder a los trabajadores su capacidad adquisitiva; ?es especialmente grave la exclusi¨®n que se hace de los trabajadores de la Administraci¨®n y del sector p¨²blico bajo el pretexto de reducir el gasto p¨²blico. Esto indica claramente la direcci¨®n que va a tomar el conjunto de medidas que prev¨¦ el Gobierno para reducir en 100.000 millones el gasto p¨²blico, y supone un precedente grave de limitaci¨®n de los derechos de los trabajadores, reconocidos en la Constituci¨®n ?.