Esperando el programa económico
YA QUE el programa económico no viene hasta nosotros, seremos nosotros quienes vayamos a la monta?a. Las filtraciones permiten conocer sus directrices principales y, aunque falte información sobre muchos detalles, cabe, antes que el verano apriete aún más, hacer algunas reflexiones sobre su contenido. El programa parece que no caerá en la tentación de fijar objetivos concretos de crecimiento, lo cual es de agradecer. No estamos así ante un plan quinquenal, ni siquiera ante un plan a lo López Rodó. Sí parece, sin embargo, que se determinan unas líneas de fuerza, desde ahora y hasta el medio plazo, que marquen los propósitos del Gobierno acerca del tipo de política económica elegida. Las medidas a corto plazo de inmediata aplicación se ajustarán precisamente a esos nervios que sustentan el andamiaje.El Gobierno, a pesar de su silencio, ha iniciado ya unas actuaciones. Por un lado ha tomado una decisión importante en materia de salarlos: congelación de incrementos en el sector público y recomendación al sector privado de incrementos a partir de julio de un 1,6% y un 1,8% en aquellas empresas que, por no tener pérdidas, puedan pagarlos. Que pague el que pueda y el que no pueda que aguante, y si cede, porque el coste de una huelga sea superior al incremento recomendado, tendrá que enfrentarse en sufrir en el futuro las consecuencias. ?Pan para hoy y hambre para ma?ana, es un viejo y sabio proverbio de estas tierras espa?olas!
La administración y dirección de la política monetaria ha venido permitiendo una recuperación del crédito al sector privado en los dos últimos meses y probablemente este fenómeno ha debido tener alguna influencia en el ligero incremento observado en la utilización de la capacidad instalada de la industria, así como la mejora de cifras de empleo y paro del segundo trimestre, según pone, de manifiesto la encuesta de población activa del INE. Esta mayor liberalidad por parte del Banco de Espa?a ha sido posible gracias a un comportamiento menos expansivo del sector exterior, de modo que el menor ritmo de crecimiento de las entradas de divisas ha permitido un margen de aumento proporcionalmente mayor de las cifras de crédito interno. Sin embargo, a medida que transcurre el a?o, aumenta el peligro de que las necesidades de financiación del déficit creciente del sector público compriman los cauces de financiación del sector privado y de ahí la necesidad y urgencia de plantear seriamente cuál es el tipo de sistema económico y cuáles deben ser los comportamientos de una sociedad espa?ola hoy día democrática, que ha aceptado voluntariamente un esquema de libertades. Pero la libertad no es un sinónimo de exigencias ante el Estado para que garantice la seguridad económica y facilite el dinero necesario cuando falta liquidez.
Hasta la muerte del general Franco la libertad se proclamaba como independencia frente al Estado. Esta idea de la libertad sigue siendo la única válida y en el mundo de las libertades económicas un significado es la renuncia a la reivindicación permanente de ayuda estatal por parte de quienes pueden y deben valerse por sí mismos. Lo contrario es un sistema arbitrario: ayuda a los grupos sociales con mayor capacidad de presión -totalitarismo de derechas del general Franco-, o creciente protagonismo estatal en la dirección de la economía -totalitarismo comunista colectivista.
Pues bien, las líneas maestras del programa económico parecen apuntar en la dirección de la libertad y en la reducción del papel del sector público como agente económico. En el capítulo industrial se vuelve al sistema de libertad de instalación y ampliación de empresas y se abandona el entramado administrativo de autorizaciones previas y mínimos técnicos. Serán los empresarios y no los funcionarios quienes programen y desarrollen sus decisiones de inversión. El proteccionismo industrial reedificado por López Bravo y continuado desde entonces también pasará a la historia. Pero hace falta algo más para que la libertad económica no se encuentre con protecciones prohibitivas a la importación o la continuación de las prácticas monopolistas, tan extendidas en este país. Todavía en plena crisis energética no se ha resuelto el que las compa?ías industriales no eléctricas puedan utilizar e incluso vender a la red la energía que generan sus propias plantas. Es el caso de muchas empresas químicas y metalúrgicas. Habrá que actualizar y poner en funcionamiento unos nuevos servicios y tribunales de defensa de la competencia con participación de trabajadores, empresarios y, por supuesto, miembros del Congreso y del Senado. Una fuerza de choque en favor de la libre competencia.
En el mundo de las relaciones laborales el Gobierno no ha presentado un estatuto de los trabajadores. Los trabajos preparlamentarios ya han comenzado, pero el estatuto a pesar de sus buenos propósitos, es un buen galimatías de protecciones y mala conciencia que va a enturbiar (ojalá nos equivoquemos) las cosas más que aclarar cuál es el marco de relaciones laborales cuando se ha conseguido, frente al pasado, la libertad de huelga y sindicación, mientras se mantiene, como en el pasado, la práctica imposibilidad del ajuste de plantillas. Este va a ser precisamente un punto fundamental para medir la competencia técnica del Gobierno y su habilidad negociadora frente a unos sindicatos que, naturalmente, mantendrán, como es en principio su deber, criterios opuestos. La negociación pasa naturalmente por el patrimonio sindical, que no es ningún plato de lentejas a cambio de cual quier primogenitura, sino un medio esencial para conseguir la consolidación de uno de los principios de una sociedad democrática, a saber: la existencia real de sindicatos libres, con todos sus defectos y virtudes.
La gran línea de actuación del programa económico consiste en un cambio de rumbo muy saludable de la actitud respecto al papel y a la importancia del sector público. Frente a la mitificación de la necesidad de aurnentar el peso del sector público, implícita en los pactos de la Moncloa y en la urgencia de la reforma fiscal para ?que los costos de la crisis fuesen soportados por todos?, la realidad viene inexorablemente demostrando que más Estado, más Seguridad Social, más empresas públicas, significa más despilfarro y menos posibilidades de salir de la crisis a través de un aumento de las inversiones productivas y del nivel de empleo, sin que, paralelamente, las necesidades colectivas sean mejor atendidas.
Poner orden en el sector público es fácil decirlo, pero no tanto hacerlo. Aumentar el défict público -este a?o será del orden de los 400.000 millones de pesetas- porencima del 3% del producto interior bruto es relativamente sencillo, pero inuy laborioso reducirlo.
Precisamente aquí se dan cita las dudas y los desánimos de los ciudadanos espa?oles. ?Será el Gobierno capaz de creer en lo que dice de que corresponde efectivamente a la sociedad el protagonismo de su futuro? En el Gobierno no abundan los talantes liberales decididos. Pero, además, continúan los interrogantes, ?sabrá el Gobierno marcar y seguir con decisión unas orientaciones claras y firmes para que empresarios y trabajadores, sector público y sindicatos, por ejemplo, conozcan las cartas en que hay que jugar la partida?
Si la iniciativa del programa económico es, como creemos, en favor de un sistema auténtico de libertad económica sin favoritismos aquí y allá, habrá que saludar cordialmente la iniciativa del Gobierno, pero manteniendo alguna desconfianza en que el actual vicepresidente económico sea persona capaz de entender los miles de complejidades que envuelven los problemas económicos y sociales de la Espa?a de hoy y sea, asimismo, persona capaz de organizar los millares de sofisticadas soluciones que esos problemas exigen.
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