Fallos a administrativos impiden a los Ayuntamientos madrile?os cobrar 5.000 millones de pesetas anuales

Los ayuntamientos de la provincia pierden anualmente unos 5.000 millones de pesetas en concepto de impuestos no cobrados, seg¨²n informan fuentes de la Diputaci¨®n. El impago se debe a que el Ministerio de Hacienda, por un lado, no tiene actualizadas las se?as que permitan localizar al contribuyente, y por otro, a que los respectivos ayuntamientos no se han preocupado hasta ahora ni han tenido demasiados medios para elaborar padrones fiscales que actualicen las listas.A esta cantidad habr¨ªa que sumar los miles de millones que no se pueden cobrar porque ni siquiera existen los recibos. Es decir, en la mayor¨ªa de los pueblos de la provincia existen urbanizaciones o peque?as industrias que se han levantado en terrenos considerados como r¨²sticos, por lo que oficialmente no figuran las nuevas construcciones. En estos casos el problema no es ya que no se puedan cobrar los impuestos porque los recibos no pongan las se?as correctamente, sino, simplemente, que no hay recibos.

En una rueda de prensa convocada ayer por Jos¨¦ Borrell, presidente de la comisi¨®n de Hacienda de la Diputaci¨®n Provincial, se trat¨® ampliamente este tema, relativamente f¨¢cil de solucionar, si se cuenta con la buena voluntad de las partes implicadas, y que supondr¨ªa un paso efectivo en la autonom¨ªa econ¨®mica de los ayuntamientos. Seg¨²n explic¨® el se?or Borrel, desde 1943, la Diputaci¨®n tiene un consorcio con el Ministerio de Hacienda, seg¨²n el cual el primer organismo se encarga de cobrar seis impuestos: la contribuci¨®n urbana, la r¨²stica, la seguridad social agraria, algunas modalidades de rentas de capital, el IRTP de actividades profesionales y el ITE y la licencia fiscal de las industrias.

El importe de la recaudaci¨®n anualmente oscila alrededor de los 4.500 millones de pesetas. El importe que se deber¨ªa cobrar y no se hace, por la inexactitud de los datos en los recibos que pasa Hacienda, asciende a otros 5.000 millones, de los que casi el 80% corresponde a dos de los impuestos citados: contribuci¨®n urbana y licencias industriales. Como, seg¨²n las nuevas normas de Hacienda, estos impuestos pasar¨¢n a engrosar en su totalidad las arcas municipales, se corre el serio peligro de dejar de percibir cantidades importantes por simples fallos administrativos.

Al mismo tiempo, y seg¨²n una orden de Hacienda de julio de este a?o, se crear¨¢n consorcios de gesti¨®n entre el Ministerio y cada ayuntamiento para el control de la contribuci¨®n urbana. La Diputaci¨®n, que s¨®lo cumple un papel de gestor en la cobranza, no est¨¢ muy de acuerdo con la existencia de un consorcio por cada ayuntamiento, dado, sobre todo, que las localidades m¨¢s peque?as no cuentan con medios t¨¦cnicos ni humanos para gestionar nada en igualdad de condiciones con el Ministerio. En este sentido, la Diputaci¨®n actuar¨¢ en dos sentidos: por una parte, quiere negociar con Hacienda un nuevo convenio que actualice el anterior y en el que figure como representante de los ayuntamientos en su conjunto, y por otra, va a ayudar a cada uno de estos ¨²ltimos en la confecci¨®n de un padr¨®n fiscal.

Por ¨²ltimo, en la rueda de prensa se anunciaron las pretensiones de socialistas y comunistas en el sentido de que la nueva ley de R¨¦gimen Local derogue la necesidad de los dos tercios de votos favorables en la aprobaci¨®n de presupuestos extraordinarios. Se explic¨® que la denegaci¨®n por parte de UCD del cr¨¦dito de los 42 millones no anula el plan especial de cooperaci¨®n, por casi mil millones, en el que el anterior estaba incluido. En cualquier caso, la amenaza de la votaci¨®n pender¨ªa siempre sobre cualquier proyecto expansionista de la Diputaci¨®n.