Huelgas justas e injustas

HACE DOS semanas, el magistrado jubilado Adolfo de Miguel -presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que sentenci¨® el encarcelamiento de dirigentes y cuadros de la central sindical Comisiones Obreras durante el franquismo- polemiz¨®, desde las columnas de un vespertino madrile?o, con un editorial publicado por EL PAIS el 19 de octubre sobre la huelga del personal auxiliar de la Administraci¨®n de justicia. Seg¨²n el se?or De Miguel, ese comentario discriminaba a nuestro antojo entre huelguistas ?malos? y ?buenos?, cuando lo ¨²nico procedente ser¨ªa diferenciar las huelgas ?justas? de las ?injustas?. En lo ¨²nico que coincidimos con el se?or De Miguel es en que es la huelga en s¨ª misma la que, en teor¨ªa, debe ser juzgada, y celebramos, de paso, que el antiguo presidente de la Sala Segunda del Supremo haya revisado sus antiguas ideas y no considere ya que todas las huelgas son injustas y malas.Por lo dem¨¢s, es una opini¨®n extendida que los criterios para valorar negativamente una huelga son no s¨®lo su menosprecio por los cauces jur¨ªdicos y de procedimiento establecidos por una legislaci¨®n democr¨¢tica, sino tambi¨¦n el car¨¢cter exorbitante de sus reivindicaciones en relaci¨®n con el resto de los trabajadores empleados en sectores hom¨®logos, los perjuicios causados a los dem¨¢s ciudadanos, la utilizaci¨®n de la privilegiada posici¨®n que implica el monopolio de un servicio p¨²blico y la voluntad expresa de llevar a la exasperaci¨®n y al pudrimiento el conflicto. Si en nuestro editorial del 19 de octubre indic¨¢bamos que ?ni el paro merece las rotundas condenas de ilegalidad expresadas desde los medios gubernamentales ni carece de fuerza y de l¨®gica la plataforma reivindicativa de car¨¢cter econ¨®mico de los funcionarios p¨²blicos que la han emprendido?, los veintitantos d¨ªas de huelga ininterrumpida transcurridos y la negativa de los huelguistas a aceptar la soluci¨®n propuesta por el Gobierno hacen ya dif¨ªcilmente justificable ese paro.

La oferta del Grupo parlamentario de UCD -con el apoyo de otros grupos parlamentarios- de corregir el proyecto de ley de retribuciones mediante una enmienda destinada a incluir a los hasta ahora discriminados-funcionar¨ªos en su articulado y a fijar coeficientes correctos para la elevaci¨®n de sus ingresos parecer¨ªa suficiente para devolver la normalidad a nuestros juzgados y tribunales. Porque el aplazamiento de esos aumentos monetarios hasta la entrada en vigor de la ley org¨¢nica del Poder Judicial es una medida que, aunque discutible, podr¨ªa ser aceptada como contrapartida para concluir un conflicto que est¨¢ ocasionando-graves perjuicios sociales. La huelga del personal auxiliar de Justicia no impide, ciertamente, la celebraci¨®n dejuicios, pero hace imposible la matefializac¨ª¨®n de las sentencias y resoluciones. Afecta decisivamente a la fijaci¨®n del estado civil de las personas; los matrimonios, los nacimientos y las defunciones producidos en esta veintena larga de d¨ªas no existen a efectos registrales. No faltar¨¢n tampoco casos de procesados retenidos injustificadamente en las prisiones y otros que, tambi¨¦n injustificadamente, est¨¦n en libertad. Y la suspensi¨®n de las subastas supondr¨¢ un incremento del gasto p¨²blico, al ser necesaria la inserci¨®n en la prensa de nuevos edictos.

?Hasta qu¨¦ punto es tolerable que un cuerpo administrativo sea responsable de tan graves perjuicios, que tardar¨¢n meses en ser reabsorbidos, por su cerraz¨®n a admitir cualquier soluci¨®n que no sea la satisfacci¨®n ¨ªntegra de sus peticiones? ?Por qu¨¦ ese numantinismo de los huelguistas? ?Por desconfianza en que el Estado para el que trabajan cumpla con sus compromisos? ?Por deseo de uncir sus razonables reivindicaciones econ¨®micas con la insostenible pretensi¨®n de que se les reconozcan funciones judiciales? ?Por perjudicar a jueces, magistrados, fiscales, forenses y secretarios judiciales y forzar a que tambi¨¦n se aplace -por aquello de que mal de muchos, remedio de tontos- la entrada en vigor de sus retribuciones? ?O por la voluntad de dejar pudrir la huelga con objetivos pol¨ªticos de signo anti democr¨¢tico?

La situaci¨®n de los magistrados y jueces no es equiparable con la de los funcionarios, ya que no obedecen ¨®rdenes del Ejecutivo y ejercen una parcela propia del Poder del Estado. En cambio, los oficiales, auxiliares y agentes han de ser medidos con la misma regla que se aplica a sus hom¨®logos en otras ramas de la Administraci¨®n p¨²blica. En este sentido, la imagen de la ?gran familia judicial?, que incluir¨ªa desde un magistrado hasta un agente, es un puro embeleco, y corresponder¨ªa al resto de los funcionarios un recurso de agravio comparativo si las remuneraciones de los auxiliares de Justicia estuvieran por encima de las que aqu¨¦llos perciben.

Por lo dem¨¢s, la irregularidad de este paro queda de manifiesto en que, a diferencia de los huelguistas de una f¨¢brica o de una empresa de servicios, a quienes se les descuentan los d¨ªas no trabajados, los funcionarios en huelga siguen cobrando sus honorarios, anomal¨ªa que rebasa ya el car¨¢cter de abuso para rozar la plena ilegalidad. Se nos dir¨¢ que la previsi¨®n constitucional de un estatuto especial para regular la funci¨®n p¨²blica priva de validez a esa comparaci¨®n. ?Pero de verdad alguien cree que la futura norma legal va a autorizar la huelga indefinida de un servicio p¨²blico estatal pagando adem¨¢s a los huelguistas?