La Oposicion derrot¨® al Gobierno en favor de un mejor control de las cuentas del Estado

La oposici¨®n logr¨® ayer en la Comisi¨®n de Presupuestos del Congreso la aprobaci¨®n de una propuesta socialista -a la que s¨®lo se opuso UCD-, seg¨²n la cual ?las Cortes Generales podr¨¢n requerir al Tribunal de Cuentas los informes de fiscalizaci¨®n de cuentas y de gesti¨®n econ¨®mica del Estado, as¨ª como del sector p¨²blico, que considere pertinentes?. El hecho se produjo durante el debate de los Presupuestos Generales del Estado para 1980, que quedaron apr obados, tras comparecer ante la Comisi¨®n el presidente del Tribunal de Cuentas, Servando Fern¨¢ndez Victorio, quien manifest¨® que el citado Tribunal ?siempre ha estado mediatizado? y expres¨® su buena disposici¨®n para colaborar con las Cortes Generales, seg¨²n lo establecido en la Constituci¨®n.

La votaci¨®n registrada fue de diecisiete votos favorables (socialistas, comunistas, CD, Minor¨ªa Catalana, PNV y Andalucistas) y diecis¨¦is en contra (UCD). Previamente a la defensa de la enmienda, a petici¨®n del Grupo Socialista, compareci¨® ante la Comisi¨®n el presidente del Tribunal de Cuentas, quien precedi¨® a una serie de directores generales, que respondieron a los diputados de la izquierda sobre temas presupuestarios.

El socialista N¨¦stor Padr¨®n afirm¨® que el funcionamiento del Tribunal de Cuentas deja mucho que desear en la nueva etapa democr¨¢tica. Aludi¨® a su falta de independencia y a la desatenci¨®n por parte del Tribunal de los informes realizados por funcionarios a sus ¨®rdenes sobre posibles corruptelas en las cuentas del Estado. Se refiri¨® tambi¨¦n a la huelga realizada por el personal del Tribunal en petici¨®n de un trabajo efectivo.

El se?or Fern¨¢ndez Victorio manifest¨® que al Tribunal de Cuentas no se le presta atenci¨®n. ?Para un tribunal que est¨¢ constre?ido y encorsetado seria un alto honor colaborar con las Cortes Generales, en aplicaci¨®n del art¨ªculo 134 de la Constituci¨®n.? A una pregunta del diputado comunista Em¨¦rito Bono sobre la distribuci¨®n de los cinco millones de pesetas aprobados en los Presupuestos de 1979 para pertrechar t¨¦cnicamente a sus funcionarios, el presidente del Tribunal de Cuentas revel¨® que el Gobierno hab¨ªa contestado a la consulta sobre el destino del citado importe manifest¨¢ndole que no pod¨ªa disponer de esa cantidad y que: las conferencias y cursillo que ten¨ªa proyectado organizar no forman parte de los cometidos del Tribunal. A?adi¨® que el Tribunal de Cuentas siempre ha estado mediatizado y que, una vez que cuente con los medios suficientes, estar¨¢ en disposici¨®n de modificar los Presupuestos y controlar las cuentas, para cuya labor, a pesar de su avanzada edad y de llevar dieciocho a?os al frente del Tribunal, asegur¨®, ?me siento joven ?.

A la enmienda socialista se opuso el eentrista Alberto Oliart, por estimarla innecesaria. Sin embargo, la mayor¨ªa de la Comisi¨®n dio su conformidad a la propuesta. Otra enmienda socialista fue aceptada por la Comisi¨®n al producirse un empate a diecisiete votos, que se resolvi¨® en favor de los grupos de oposici¨®n, en aplicaci¨®n del criterio del voto ponderado, que consiste en contabilizar tantos diputados como cada grupo cuenta en total en la C¨¢mara. La enmienda aprobada establece una reducci¨®n de 5.000 pesetas en la cuota del impuesto sobre la renta de las personas f¨ªsicas para los pensionistas de jubilaci¨®n, vejez, invalidez o viudedad que perciban exclusivamente rentas por tales conceptos en cuant¨ªa no superior a 350.000 pesetas anuales.

En relaci¨®n con la distribuci¨®n de los 20.000 millones de pesetas con destino a acciones urgentes en zonas de escaso nivel de desarrollo, el Grupo Andalucista defendi¨® sin ¨¦xito una propuesta encaminada a incrementar el citado importe y a invertirlo en los territorios comparativamente menos desarrollados en proporci¨®n inversa de la renta por habitante y directamente proporcional a la tasa de emigraci¨®n, el d¨¦ficit de equiparnientos colectivos y el porcentaje de desempleo.

Tanto el grupo centrista como la Minor¨ªa Catalana y Coalici¨®n Democr¨¢tica se opusieron a esta enmienda. En relaci¨®n con el debate que se suscit¨® sobre las desigualdades territoriales, el grupo centrista dividi¨® en la votaci¨®n de algunas enmiendas sus votos. Los diputados de procedencia perif¨¦rica se manifestaron a favor de atajar tales desigualdades, mientras que los miembros de la Iponencia y otros diputados centristas se manifestaron en contra por estimar que los Presupuestos Generales del Estado no son el lugar adecuado para solucionar tales problemas. La mayor¨ªa de las enmiendas fueron rechazadas.

El ritmo de trabajo de la comisi¨®n -que en casi diez horas de trabajo dictamin¨® el articulado del proyecto de ley, cuyo estudio continuar¨¢ hoy- fue trepidante, bajo la direcci¨®n del ex ministro se?or Fern¨¢ndez Ord¨®?ez.

Una de las primeras cuestiones debatidas fue la propuesta de Alfonso Osorio, en nombre de CD, de ahorrar gastos mediante la supresi¨®n de las dos vicepresidencias del Gobierno y los ministerios para las relaciones con las Comunidades Europeas, relaciones con las Cortes y adjunto a la Presidencia, as¨ª como mediante el no incremento de los sueldos de ministros, directores generales y otros altos cargos y diputados y senadores. La enmienda fue rechazada.

Una serie de enmiendas de la izquierda, encaminadas a lograr un aumento de las retribuciones de los funcionarios, fueron sistem¨¢ticamente rechazadas por la mayor¨ªa de la comisi¨®n. Los centristas manifestaron insistentemente que los criterios retribuidos ser¨¢n considerados en la ley de la Funci¨®n P¨²blica, pendiente de remisi¨®n al Congreso. Tampoco fue admitida la propuesta del PNV sobre aumento de retribuciones a los funcionarios de las corporaciones locales peque?as. Una de las escasas enmiendas aceptadas fue la defendida por el socialista Francisco Ramos, sobre el ?perfeccionarniento? de los trienios de los funcionarios de Correos y Telecomunicaci¨®n. El mismo diputado fracas¨® en su intento de fijar como m¨ªnimo de las pensiones de las clases pasivas el tope de 15.500 pesetas, para las de jubilaci¨®n, y de 11.000 pesetas, para las pensiones familiares.

El tambi¨¦n socialista Esteban Granado defendi¨® que los ex ministros o asimilados que perciban remuneraciones de las administraciones p¨²blicas no tengan derecho a haberes pasivos. La enmienda fue rechazada. En cuanto a la negociaci¨®n colectiva, en el ¨¢mbito de la Administraci¨®n, el se?or Ramos denunci¨® la pr¨¢ctica actual que exige la autorizaci¨®n de los convenios por parte del Ministerio de Hacienda, una vez firmados por las autoridades del ministerio correspondiente. El se?or Ramos expres¨® tambi¨¦n sus reservas al texto gubernamental que establece que el personal laboral contratado con car¨¢cter temporal pase a la situaci¨®n de fijo, ?a iniciativa del departamento correspondiente?.