Se celebr¨® a puerta cerrada el juicio contra nueve personas acusadas de pr¨¢cticas abortivas

A puerta cerrada, por razones de moralidad, se celebr¨® ayer, en la Audiencia Provincial de Madrid, el juicio contra nueve personas, ocho mujeres y un hombre, acusadas de haber favorecido o haber realizado pr¨¢cticas abortivas. El tribunal que juzg¨® a los procesados bas¨® su decisi¨®n de celebrar la vista a puerta cerrada, sin presencia del p¨²blico y de los periodistas, en el art¨ªculo 680 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que faculta a los jueces a ?mandar que las sesiones se celebren a puerta cerrada cuando as¨ª lo exijan razones de moralidad o de orden p¨²blico, o el respeto debido a la persona ofendida por el delito o a su familia?.

La decisi¨®n judicial, no obstante, no fue protestada por los abogados defensores, en cumplimiento del mandato de sus defendidas, que hab¨ªan acordado con anterioridad impedir en lo posible la publicidad de las circunstancias y de los datos concretos del delito del que se les acusaba. Las procesadas, a trav¨¦s de sus defensores, solicitaron insistentemente a los periodistas que o publicaran sus nombres, por miedo a las graves repercusiones que la publicidad de los mismos podr¨ªa tener entre sus amistades y en el medio social en que se desenvuelven.La vista del juicio, que se inici¨® a las once de la ma?ana, se prolong¨® hasta cerca de las tres de la tarde. El se?alamiento del juicio atrajo hasta el palacio de Justicia madrile?o a varias decenas de personas, que portaban algunas pancartas alusivas a la despenalizaci¨®n del aborto. La polic¨ªa, que acudi¨® al lugar con fuertes efectivos, actu¨® sin insultos y sin utilizar medios violentos, como ocurri¨® en ese mismo escenario hace alg¨²n tiempo, en la concentraci¨®n de feministas a ra¨ªz del juicio de Bilbao, y con modos persuasorios orden¨® al p¨²blico que desalojase el vest¨ªbulo de la Audiencia Provincial.

Los hechos ocurrieron en el barrio madrile?o del Lucero, y se desarrollaron a lo largo de los a?os 1975-1977. El ministerio fiscal elev¨® a definitivas sus conclusiones provisionales, salvo en el caso de una de las procesadas, y seg¨²n relat¨® uno de los defensores, se mostr¨® mordaz en alg¨²n momento de su informe, por lo que el presidente del tribunal, a requerimiento de las defensas, le llam¨® la atenci¨®n en dos ocasiones.

Veintisiete a?os para la abortera

El fiscal solicit¨® para una de las procesadas, acusada de haber realizado tres abortos y haber intentado otro, un total de veintisiete a?os y siete meses de privaci¨®n de libertad. Esta procesada, mujer de 53 a?os, lleva dos a?os y medio,, en prisi¨®n provisional, en la c¨¢rcel de Yeser¨ªas; ha estado internada en el hospital penitenciario de Madrid, aquejada de tromboflebitis, y actualmente anda ayudada de muletas, despu¨¦s de haber utilizado hasta hace poco un carro de ruedas. Para las dos procesadas acusadas de haber abortado voluntariamente, el fiscal ha solicitado sendas penas de un a?o de prisi¨®n menor y seis meses de inhabilitaci¨®n especial. Estas dos mujeres, de 36 y 38 a?os, respectivamente, tienen tres y cuatro hijos, gozan de una salud precaria, y los m¨¦dicos les hab¨ªan aconsejado no tener m¨¢s hijos. Seg¨²n una de las defensoras, estas mujeres solicitaron anticonceptivos a la Seguridad Social, y se los denegaron. Por otra parte, en aquella ¨¦poca, la venta en farmacias de anticonceptivos no hab¨ªa sido todav¨ªa despenalizada.Para otra de las procesadas, acusada de haber abortado voluntariamente y de haber facilitado la direcci¨®n de la persona que realizaba el aborto, el fiscal ha solicitado un total de un a?o y cinco meses de privaci¨®n de libertad y once a?os de inhabilitaci¨®n. Esta procesada tiene veintid¨®s a?os. Para otra de las procesadas, de nacionalidad hondure?a, acusada de haber intentado abortar, el fiscal ha pedido tres meses de arresto y cuatro a?os de inhabilitaci¨®n especial. Finalmente, para las cuatro personas -tres mujeres y un hombre- acusadas de haber colaborado, bien facilitando la direcci¨®n de la persona que practicaba los abortos, bien ayudando por otros medios, el fiscal ha solicitado penas que oscilan entre 20.000 pesetas de multa y un a?o de prisi¨®n menor.

El fiscal ha insistido, en lo que se refiere a la principal acusada, en que cobraba por realizar los abortos, aunque dos de las procesadas afirmaron que la cantidad que ellas le entregaron fue por decisi¨®n propia y de manera voluntaria. El defensor de esta procesada, Alfredo Di¨¦guez, pidi¨® al tribunal que aplicase a su defendida la pena m¨ªnima legal, dadas las circunstancias concurrentes, entre ellas la de que accedi¨® a. realizar los abortos dada la situaci¨®n personal de las que se lo hab¨ªan pedido. Para el resto de los procesados, sus abogados defensores, Consuelo Abril, Cristina Alberdi, Ange la Cerrillos, Jos¨¦ Mar¨ªa Escribanos, Paz Pena y Ana Ruiz de Velasco, han solicitado la absoluci¨®n por distintos motivos. Para las procesadas que abortaron han alegado las eximentes de estado de necesidad y de miedo insuperable. Respecto a las otras dos procesadas, una acusada de haber abortado y otra de haberlo intentado, sus defensores han alegado que no estaban embarazadas. A este respecto, dos peritos han informado al tribunal que una inyecci¨®n de duoginona no puede producir el aborto. Agregaron que las hemorragias que se hab¨ªan producido en estas dos mujeres, a ra¨ªz del supuesto aborto, eran normales y que se producen tambi¨¦n en algunos partos. Seg¨²n los defensores, el fiscal tambi¨¦n expres¨® en su informe final sus dudas sobre el embarazo de estas dos mujeres. Respecto a las cuatro personas, tres mujeres y un hombre, acusadas de complicidad, los defensores negaron que existiese malicia en el hecho de facilitar la direcci¨®n de la persona que practicaba los abortos, ya que era conocida por muchas personas.

Ayer, en el despacho de Cristina Alberdi, una de las abogadas defensoras, se recibi¨® un, telegrama de varias asociaciones, colectivos feministas de Francia, en el que se protesta por el juicio y se pide amnist¨ªa para las procesadas y la despenalizaci¨®n del aborto.