Una lucha sin sentido

Al hilo del debate sobre la ense?anza, comenzado a nivel de ponencia en la comisi¨®n correspondiente del Congreso, y con amplias resonancias ya en la calle, dos ideas fundamentales me vienen a la mente: que Espa?a es, tristemente, diferente, y que har¨ªamos un gran pa¨ªs entre todos si, en vez de derrochar in¨²tilmente energ¨ªas atac¨¢ndonos, las emple¨¢ramos en buscar soluciones civilizadas de convivencia.Cuando se ve la obstinaci¨®n con que la izquierda aborda el debate (y para convencerse de ello basta hojear los folletos del PSOE y del PCE sobre el proyecto de ley de Estatuto de Centros, para no hablar de otros partidos), la parcialidad con que parecen invocar los derechos humanos cuando les conviene e ignorarlos o querer atropellarlos cuando est¨¢n en contra de su concepci¨®n de la sociedad; la distorsi¨®n en la interpretaci¨®n de textos tan claros como el art¨ªculo 26.3 de la Declaraci¨®n Universal de Derechos Humanos, referente al ?derecho preferente de los padres para elegir el tipo de educaci¨®n de sus hijos?, el 13.4 del Pacto Internacional de Derechos Econ¨®micos, Sociales y Culturales, sobre ?la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de ense?anza?, otros art¨ªculos de esos mismos textos y de otros convenios firmados y ratificados por Espa?a, en los que se afirma que ?la ense?anza ser¨¢ gratuita al menos en los niveles obligatorios?, uno no puede menos que preguntarse: ?pero en qu¨¦ siglo viven los autodenominados progresistas?; ?por qu¨¦ plantean ahora en Espa?a con tanta virulencia debates que se han resuelto satisfactoriamente a favor de la libertad de ense?anza en Europa a finales del siglo pasado o comienzos de ¨¦ste?; ?c¨®mo se puede demostrar tal ignorancia de lo que sucede en los pa¨ªses de la Comunidad Europea, en la que pensamos integramos? ?O es que a los cuatro a?os de democracia se han cansado de Occidente y vuelven la vista a los pa¨ªses tercermundistas o a las democracias populares?

En una sociedad plural y democr¨¢tica como la espa?ola, lo l¨®gico es que haya una pluralidad de centros, y no un modelo ¨²nico de escuela. Si queremos ahorrarnos energ¨ªas y debates in¨²tiles y emplearlas en elevar el nivel cultural y dialogante de los espa?oles, tiene que llegarse a un ordenamiento legal de la ense?anza que respete los derechos fundamentales citados anteriormente y no discrimine a grupo alguno de espa?oles.

Desde mi punto de vista, y en coherencia con la doctrina sobre libertad de ense?anza del Derecho Internacional, tres aspectos esenciales tienen que recogerse en ese ordenamiento legal sin los cuales no podr¨¢ afirmarse que haya en Espa?a libertad de ense?anza como reconoce nuestra Constituci¨®n (27.1).

1. Posibilidad jur¨ªdica de que puedan existir centros con un ideario educativo, para que los padres puedan elegir con conocimiento de causa el que sea m¨¢s conforme con sus convicciones y creencias.

2. La posibilidad jur¨ªdica de asegurar una direcci¨®n como garant¨ªa del mantenimiento del prop¨®sito fundacional y del ideario, lo cual no se opone a una participaci¨®n de los distintos sectores que constituyen la comunidad educativa, pero s¨ª a la utop¨ªa autogestionaria, y, finalmente,

3. Una justa distribuci¨®n de los fondos p¨²blicos destinados a la ense?anza entre todos los espa?oles, sin discriminaciones, para que la libertad de ense?anza llegue a ser real y no meramente formal, lo que implica la financiaci¨®n a las familias o a los centros, para que se beneficien las familias, en plano de igualdad.

Si no se respetan esos derechos fundamentales en el desarrollo de la Constituci¨®n, no se llegar¨¢ en Espa?a a la paz social en el terreno educativo, con gran quebranto de la prosperidad del pa¨ªs y de la democracia. Es claro que en las dos ¨²ltimas consultas electorales realizadas libremente, el pa¨ªs no se inclin¨® por el modelo de sociedad colectivista marxista, y es tambi¨¦n claro, como ponen de manifiesto encuestas realizadas cient¨ªficamente por consultoras independientes, que la mayor¨ªa de los espa?oles se inclina por la libertad de creaci¨®n y direcci¨®n de centros (59,4%) y la financiaci¨®n de todos los centros debidamente autorizados (69,9%).

Los argumentos en contra de este ordenamiento legal son pura demagogia. El hecho de que en una peque?a localidad no haya m¨¢s que un centro no elimina el derecho y el deber de posibilitar la elecci¨®n all¨ª donde sea posible, como sucede en todos los pa¨ªses del mundo libre. Es incomprensible que la izquierda no haga problema de la cuasi gratuidad de la ense?anza universitaria estatal ofrecida indiscriminadamente, incluso a aquellos que podr¨ªan pagarla, s¨®lo porque el organizador de esa ense?anza es el Estado, y se oponga a la financiaci¨®n de los centros de formaci¨®n profesional de segundo grado no estatales, a los que acuden, hijos de obreros y de clases humildes, por la sola raz¨®n de que el organizador sea una entidad no estatal. No es justo decir que un ordenamiento legal como el que pretende el proyecto de ley de Estatuto de Centro est¨¦ hecho a la medida de la ense?anza confesional cat¨®lica, cuando en realidad est¨¢ abierto a todas las confesiones y grupos sociales que tengan una determinada concepci¨®n de la vida y quieran trasmitirla a trav¨¦s de la ense?anza. Lo que quiz¨¢ sucede es que algunos de esos partidos est¨¢n en contra de la manera cristiana de ver la vida.

Los religiosos dedicados a la ense?anza en Espa?a estamos a favor de la paz, social, la democracia, la calidad de la ense?anza y de un ordenamiento legal que, sin privilegio alguno, pero respetando derechos fundamentales, haga posible, jur¨ªdica y financieramente, una escuela popular cristiana abierta a todas las clases sociales. Nos parecen hip¨®critas los ataques al pretendido elitismo de nuestros centros, cuando, simult¨¢neamente, se nos niegan las ayudas econ¨®micas imprescindibles que podr¨ªan eliminarlo. Si las fuerzas de la izquierda fueran l¨²cidas en estos momentos, comprender¨ªan los esfuerzos de renovaci¨®n que estamos realizando en nuestros centros, y que lo ¨²nico que pretendemos al defender la financiaci¨®n de la ense?anza no estatal es servir y favorecer la integraci¨®n social de todos los espa?oles.