Decenas de campesinos y obreros muertos en enfrentamientos con la fuerza p¨²blica en El Salvador
Existe una gran confusi¨®n en torno al n¨²mero exacto de muertos causados por la intervenci¨®n militar para desalojar centros de trabajo y fincas ocupados por militantes izquierdistas en diversos puntos de El Salvador, pero la impresi¨®n generalmente aceptada es que los incidentes del martes constituyen la m¨¢s grave crisis producida en el pa¨ªs desde que, el pasado 15 de octubre, un grupo de j¨®venes oficiales derroc¨® al presidente Carlos Humberto Romero.
Algunos diarios y emisoras locales se?alaron que la operaci¨®n de desalojo cost¨® doce vidas. Las Ligas Populares 28 de Febrero(LP-28), muchos de cuyos seguidores formaban parte de los grupos de ocupaci¨®n, aseguraron, por su parte, que la intervenci¨®n de los cuerpos de seguridad hab¨ªa originado m¨¢s de sesenta v¨ªctimas. Seg¨²n un comunicado oficial, veinticinco personas resultaron muertas y cuatro heridas. Los episodios m¨¢s sangrientos se produjeron, seg¨²n distintas versiones, en una hacienda cafetalera situada en la localidad de Berl¨ªn, a unos 120 kil¨®metros al norte de San Salvador. Las instalaciones administrativas e industriales de dicha explotaci¨®n hab¨ªan sido ocupadas hace m¨¢s de una semana por cerca de ochocientas personas, que exig¨ªan a los empresario el acatamiento de las medidas gubernamentales en materia de aumento de salarios. El lunes por la noche, soldados y polic¨ªas, apoyados por tanquetas, atacaron la hacienda. En los enfrentamientos murieron, seg¨²n las LP-28, cuarenta personas, entre ellas varios ni?os.En la hacienda de Opico, en el departamento de La Libertad, se produjo una operaci¨®n similar, en la que perdieron la vida otras veinte personas. En San Salvador, la capital, los cuerpos de seguridad emplearon gases lacrim¨®genos para desalojar a los periodistas de un noticiario privado de televisi¨®n, quienes se hab¨ªan encerrado en las oficinas de su empresa para reclamar pagos atrasados. Los mataderos de San Salvador, la escuela de Comercio y el mercado de San Jacinto, ocupados por militantes del Bloque Popular Revolucionario (BPR), fueron tambi¨¦n escenario de violentos choques. Lo m¨¢s confuso de todo resulta establecer el origen de las ¨®rdenes que provocaron la dura acci¨®n represiva de los soldados y polic¨ªas. Si las instrucciones para el desalojo de los centros de trabajo ocupados partieron directamente de los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno, la escasa y d¨¦bil credibilidad de que dispon¨ªa se habr¨¢ volatilizado. No hace a¨²n una semana portavoces de dicha Junta aseguraron que las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad hab¨ªan recibido instrucciones muy precisas y muy en¨¦rgicas para evitar enfrentamientos armados con grupos izquierdistas y para limitar a lo estrictamente indispensable las acciones represivas.
Est¨¢ dentro de lo posible, sin embargo, que las intervenciones militares hayan sido ordenadas por los mandos de las distintas unidades del Ej¨¦rcito y la polic¨ªa, en un claro enfrentamiento con el Gobierno. Para nadie es un secreto que, tras el golpe de Estado que derroc¨® al general Romero, numerosos altos mandos castrenses que hab¨ªan colaborado abiertamente con el anterior r¨¦gimen permanecen en sus anteriores puestos o, como mucho, fueron trasladados de destino.
El coronel Adolfo Majano, uno de los tres militares miembro de la Junta de Gobierno salvadore?a, lanz¨® una advertencia ?a todos los grupos ilegales que atentan contra la estabilidad del Estado?, al tiempo que afirmaba: ?Ser¨¢n juzgados como procede?, informa AFP.
En el curso de una conferencia de prensa, en la noche del martes, Majano desminti¨® ciertos rumores seg¨²n los cuales se gesta un contragolpe de Estado en San Salvador. ?En las circunstancias actuales, un cambio de r¨¦gimen ser¨ªa desastroso para el pa¨ªs.? Y a?adi¨®: ?La Junta de Gobierno cuenta con el apoyo de las fuerzas armadas y todas las decisiones se toman de com¨²n acuerdo con los cinco miembros de la Junta (tres militares y dos civiles). ?
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