Razones para una moratoria nuclear

Estamos llegando a la hora cero de la energ¨ªa en Espa?a. Decir qu¨¦ energ¨ªa queremos, c¨®mo y qui¨¦nes deben administrar los recursos energ¨¦ticos, es apuntar una soluci¨®n concreta y global para la sociedad del futuro. Es obligado resolver ahora un problema del largo plazo cuando los retos pol¨ªticos inmediatos son prioritarios, con un Gobierno que no parece capaz de dar perspectiva y camina de susto en susto, transmitiendo a los ciudadanos su propia inseguridad. La acumulaci¨®n de demoras (o moratorias) en pol¨ªtica energ¨¦tica ha sido espectacular: veinte meses para el PEN, veinte d¨ªas en el proyecto de ley sobre creaci¨®n del Consejo de Seguridad Nuclear, paralizaci¨®n de las acciones concertadas de 1975, inhibici¨®n y retraso en la promoci¨®n del sector del carb¨®n t¨¦rmico, etc¨¦tera. El suministro y b¨²squeda de materias primas energ¨¦ticas es una actividad estrat¨¦gica en los pa¨ªses industrializados; los jefes de Estado y de Gobierno intervienen de forma directa para asegurar los niveles normales de abastecimiento. En Espa?a todav¨ªa la acci¨®n coordinada del sector p¨²blico es solamente un ideal, y la resistencia a conjurar las operaciones de CAMPSA, Enpetrol, Petroliber y otros entes p¨²blicos tiene ya connotaciones dram¨¢ticas. El pa¨ªs contempla sorprendido la dispersi¨®n de esfuerzos en la exploraci¨®n de yacimientos de gas (C¨¢diz, Jaca) por organismos y empresas dependientes del Estado. Los partidarios entusiastas de la energ¨ªa nuclear no lo han sido tanto como para ocuparse de formar el personal t¨¦cnico imprescindible para gestionar los grupos nucleares en construcci¨®n avanzada. Tampoco se ha hecho nada por mejorar la posici¨®n tecnol¨®gica, acentuando la situaci¨®n ?ancilar? respecto a las t¨¦cnicas externas.En el ¨¢rea institucional encontramos que el Gobierno ha conservado el viejo y roque?o statu quo. Europa camina hacia la progresiva racionalizaci¨®n y planificaci¨®n del sector el¨¦ctrico, concebido como servicio p¨²blico de primera necesidad; aqu¨ª se mantiene el reparto de mercados por empresas privadas que procuran concentrar en su zona instalaciones generadoras, ocasionando distorsiones graves en emplazamientos y calidad de la red. La inversi¨®n por kilovatio instalado y por kilovatio/hora producido crece de forma continua, haciendo las cargas financieras demasiado pesadas para la mayor¨ªa de las compa?¨ªas privadas. Esto lleva a una pol¨ªtica de ?ensuciar? los activos mediante la transferencia de gastos corrientes (financieros, sobre todo) del ejercicio al inmovilizado en curso, buscando dar dividendos aunque no est¨¦ claro que se hayan generado beneficios. A ello se a?ade la carest¨ªa elevada en la captaci¨®n de recursos por la v¨ªa de ampliaci¨®n de capital, f¨®rmula realmente ingeniosa en sus inicios, pero que hoy es dif¨ªcilmente defendible. Necesidades primarias y bienestar ciudadano dependen por completo del suministro de electricidad. No es concebible hoy dejar en manos privadas (muy pocas manos) el enorme poder de administrar un bien primario por excelencia. En situaci¨®n de emergencia se hace apremiante la gesti¨®n ¨®ptima de las centrales el¨¦ctricas con criterios de beneficio social, lo que exige la propiedad p¨²blica de la red y el Reca (Repartidor de Cargas), incluso por razones de seguridad. El control del Reca est¨¢ localizado en un piso, mientras en otros pa¨ªses se encuentra debidamente protegido. La gran mayor¨ªa, o todas, las empresas el¨¦ctricas no re¨²nen las caracter¨ªsticas de tama?o y medios t¨¦cnicos que se consideran m¨ªnimos para operar con garant¨ªas una planta nuclear. Ah¨ª est¨¢ el informe Kemeny como referencia inmediata. Esto constituye un riesgo a corto plazo, pues en los pr¨®ximos 3/4 a?os deben entrar en servicio siete grandes grupos nucleares con una potencia que ya no es posible sustituir por otros medios (o en muy peque?a proporci¨®n). Estamos ante una urgencia inmediata de agrupar esfuerzos y medios por encima de intereses particulares. En efecto, el tema es tan serio que no puede ser ideologizado. Se precisa constituir una organizaci¨®n de dimensi¨®n suficiente con el mayor apoyo t¨¦cnico para hacer viable el manejo del sector nuclear que se nos viene encima. Las implicaciones econ¨®micas, gesti¨®n de residuos, impacto en la estrategia militar, protecci¨®n y evacuaci¨®n de poblaciones, imperativo de constante informaci¨®n y transparencia hacia los ciudadanos (v¨¦ase informe Kemeny) lleva a postular la titularidad p¨²blica mayoritaria en la propiedad y direcci¨®n del ente encargado de las plantas nucleares. Se puede configurar as¨ª un sistema mixto de propiedad en el conjunto del sector el¨¦ctrico que no es incompatible con las resoluciones del Congreso de los Diputados sobre el PEN. El sector p¨²blico detentar¨ªa el control de las ¨¢reas especialmente sensibles, asegurando el suministro.

En el contexto se explica la insistencia de la oposici¨®n en conseguir un Consejo de Seguridad Nuclear realmente independiente, dotado con la personalidad jur¨ªdica y autoridad necesarias para regular el sector nuclear y conceder las distintas licencias y permisos. Su papel trasciende en buena parte la pol¨ªtica coyuntural de cada Gobierno y, por tanto, su composici¨®n debe responder a la voluntad de la sociedad expresada por medio del Parlamento. No es admisible la dependencia presupuestaria y org¨¢nica (v¨ªa plantilla de personal) del Ministerio de Industria y Energ¨ªa, que se reserva adem¨¢s la autoridad efectiva en materia de seguridad. Los principios aprobados en el Congreso y en el pre¨¢mbulo del proyecto de ley se contradicen con el contenido del articulado. El proyecto del Gobierno intenta adem¨¢s introducir de forma oblicua la actual legislaci¨®n sobre seguridad nuclear como norma v¨¢lida hacia el futuro.

Est¨¢ el problema del presupuesto y el personal t¨¦cnico. No queremos que el SCN vaya a ser el parachoques de la indignaci¨®n y las exigencias ciudadanas, alguien a quien echar la culpa en los momentos cr¨ªticos, localizado h¨¢bilmente en la periferia de la Administraci¨®n. La responsabilidad es posible si hay competencias que permitan gestionar la seguridad de forma global, lo que implica la calificaci¨®n de empresas para el manejo de plantas, los certificados a operadores de centrales, la supervisi¨®n de las industrias y sociedades de ingenier¨ªa que suministran equipos y proyectos al sector nuclear. Disponer de plantilla suficiente y con personal calificado es un factor cr¨ªtico y, en mi opini¨®n, debe ser un plano de intransigencia pol¨ªtica de la oposici¨®n.

Creemos que hay razones sobradas para congelar el tr¨¢mite de centrales nucleares hasta no contar con los dispositivos, normas e instituciones de seguridad indispensables. A partir de ese momento, los mecanismos democr¨¢ticos de la sociedad y las actuaciones del CSN tendr¨¢n la palabra.

Es el momento de llevar a los centros de poder la convicci¨®n de que estamos dispuestos a desplegar toda la influencia y presi¨®n pol¨ªtica para obligar a que las cosas se hagan muy bien o no se hagan.

, miembro del comit¨¦ ejecutivo del PCE y responsable de la comisi¨®n de Industria y Energ¨ªa de este partido. Tiene cuarenta a?os y trabaja como ingeniero industrial en una empresa p¨²blica. Fue candidato por Badajoz al Congreso de los Diputados en las ¨²ltimas elecciones.