Autonom¨ªas: los costes del oportunismo

ES DESGRACIADAMENTE seguro que, a corto plazo, las posiciones de principio sobre los procesos auton¨®micos a¨²n pendientes, solucionados ya los contenciosos hist¨®ricos del Pa¨ªs Vasco y de Catalu?a, y sobre el articulado de la Constituci¨®n que debe regularlos est¨¢n destinadas a recibir improperios y juicios de intenci¨®n por parte de los grupos comprometidos, con una acelerada implantaci¨®n en sus territorios de las instituciones de autogobierno. Sin embargo, cuanto m¨¢s tarde amanezcan m¨¢s amargos ser¨¢n los despertares de quienes, muchas veces con completa buena fe y argumentos no por falsos menos brillantes, han apostado todas sus bazas en favor de los estatutos de autonom¨ªa como b¨¢lsamos de Fierabr¨¢s para curar las reales dolencias del paro, la emigraci¨®n, el subdesarrollo, la distribuci¨®n de la tierra, la falta de industria, la escasez de escuelas y la insuficiencia de redes hospitalarias y de servicios p¨²blicos comunitarios en sus territorios.En este sentido, el caso de Andaluc¨ªa resulta paradigm¨¢tico. Es doloroso tener por anticipado la certeza de que sectores honestos y probadamente democr¨¢ticos de esas ocho provincias van a considerar como un insulto deshonesto y antidemocr¨¢tico contra su dignidad colectiva la resuelta negaci¨®n de que sus problemas econ¨®micos, sociales y culturales vayan a ser resueltos por el art¨ªculo 151. Sin embargo, no existe m¨¢s remedio que reconocer que la decisi¨®n adoptada ayer por el comit¨¦ ejecutivo de UCD, aunque discutible en aspectos que se relacionan con los intereses partidistas de la propia organizaci¨®n, se adec¨²a a las necesidades a largo plazo de la construcci¨®n de un Estado a la vez funcional y democr¨¢tico, rectifica quiz¨¢ a tiempo el peligroso curso de esa insensata torrentera producida por el desplazamiento hacia los ¨¢mbitos territoriales de cuestiones amortiguadas o desactivadas dentro del marco nacional y no perjudica la causa de Andaluc¨ªa.

El documento hecho p¨²blico ayer por el partido del Gobierno es un texto valiente y a la altura de las responsabilidades que cabe exigir a quienes ejercen el poder y tienen a su cargo el encauzamiento del proceso de consolidaci¨®n de las instituciones democr¨¢ticas, al menos hasta 1983. Las l¨ªneas generales de su discurso poseen cualidades poco frecuentes en la literatura pol¨ªtica de estos a?os: rigor conceptual, veracida, idea del Estado y estrategia a largo plazo.

Examinemos con detalle algunas de las afirmaciones de este documento. Es cierto que el objetivo del proceso auton¨®mico debe ser una distribuci¨®n territorial m¨¢s justa y eficaz del poder estatal y un acercamiento al pueblo de los centros de decisi¨®n. Es cierto que ese proceso debe realizarse sin improvisaciones, gradualmente y con sentido de la responsabilidad, asegurando la funcionalidad de las instituciones de las comunidades aut¨®nomas con la nueva organizaci¨®n estatal y evitando los altos costes econ¨®micos y sociales de una innecesaria aceleraci¨®n de esa transformaci¨®n de una estructura fuertemente centralizada en otra auton¨®mica. Es cierto que cada Estatuto no puede ser una pieza aislada en el tiempo y en el espacio, sino una parte coherente del sistema jur¨ªdico institucional global. Es cierto el peligro de que las instituciones de autogobierno den lugar a la formaci¨®n de burocracias y centralismos subsidiarios, esto es, a la codiciosa ocupaci¨®n por la clase pol¨ªtica subalterna de cargos, prebendas y privilegios que solucionen sus particularis¨ªmas necesidades de empleo y vanidad.

Tambi¨¦n es cierto que un Estado moderno necesita unos m¨ªnimos de unidad de decisi¨®n y funcionamiento. Es cierto que asociar la soluci¨®n de los problemas econ¨®micos, sociales o culturales de una regi¨®n con la autonom¨ªa es simple demagogia. Es cierto que un desbordamiento insensato del proceso auton¨®mico y de reconversi¨®n del Estado ser¨ªa irresistible en t¨¦rminos de costes econ¨®micos y pol¨ªticos, tanto por sus efectos sobre el gasto p¨²blico y el funcionamiento de los servicios colectivos como por el frenes¨ª electoral que implicar¨ªa. Es cierto que la identificaci¨®n del art¨ªculo 151 con beneficios econ¨®micos y del art¨ªculo 143 con una bastard¨ªa de la penuria es insostenible, y que no habr¨ªa mayor obst¨¢culo para el progreso econ¨®mico de cada territorio y del pa¨ªs entero que un sistema de autonom¨ªas improvisado e incoherente. La verdad es la verdad, d¨ªgala Agamen¨®n o su porquero, expr¨¦sela UCD o la oposici¨®n.

?Se trata as¨ª, pues, de cubrir de flores y guirnaldas al se?or Su¨¢rez y a su Gobierno? Para hacerlo seria preciso padecer de amnesia, pues gran parte de las responsabilidades de esa situaci¨®n que el documento del comit¨¦ ejecutivo de UCD trata de enderezar cuando falta un minuto para la medianoche incumbe a los hombres y al partido que ha ejercido el poder desde las elecciones de junio de 1977. La necia tentativa de anegar en una artificial riada de autonom¨ªas el inevitable y urgente arreglo de los contenciosos hist¨®ricos con Catalu?a y el Pa¨ªs Vasco fue, sin duda, una genial ocurrencia de los estrategas de caf¨¦ del centrismo. Y la clamorosa ausencia de una idea de Estado en el proyecto democr¨¢tico de UCD demuestra hasta qu¨¦ punto el pragmatismo del avezado desmantelamiento del franquismo realizado por el se?or Su¨¢rez fue una huida hacia adelante bien intencionada en sus prop¨®sitos, pero carente de un proyecto meditado para la construcci¨®n de una comunidad pol¨ªtica democr¨¢tica. Tiempo habr¨¢ -las primeras reacciones pol¨¦micas contra la declaraci¨®n de UCD son los truenos in¨ªciales de una tormenta que puede convertirse en una tempestad- de examinar las nada escasas responsabilidades de los partidos de la oposici¨®n en esa lamentable puja demag¨®gica que, con finalidades electorales o de consolidaci¨®n de posiciones de poder, ha jugado peligrosamente con necesidades y reivindicaciones populares muy reales, desde el paro y la emigraci¨®n hasta los agravios comparativos, al crear desmesuradas y falsas expectativas acerca de la capacidad de los estatutos de autonom¨ªa para satisfacerlas. Pero hoy parece inexcusable resaltar la frivolidad e irreflexi¨®n, demostradas hasta ayer por el Gobierno, que va a pagar muy caro, aunque le honre su actual decisi¨®n de abonar su deuda, esa carencia de idea de Estado de la que ha hecho irresponsable gala desde el proceso constituyente hasta las v¨ªsperas de lo que hubiera podido ser el juicio final de la democracia espa?ola.

En esta perspectiva, la dimisi¨®n del se?or Clavero es una insignificante an¨¦cdota y en modo alguno una atenuante, y todav¨ªa menos una eximente, para el Gobierno y su partido. Es cierto que el se?or Clavero, durante su infausta etapa como ministro para las Regiones, se comport¨® como un charlat¨¢n de feria que ofrec¨ªa a cada territorio la baratija que solicitaban los notables locales. Pero su c¨®mica teor¨ªa de la tabla de quesos fue aceptada como buena por su partido; y el se?or Su¨¢rez premi¨®, en abril de 1979, su calamitosa labor con el Ministerio de Cultura. Tambi¨¦n es verdad que la crisis ha sido agravada y enconada por los intereses personales del se?or Clavero, que ha compaginado su burdo intento de situarse en la estela de Blas Infante, como presidente de UCD en Andaluc¨ªa, con el afanoso cultivo de la flor y nata del caciquismo sevillano y ha utilizado sus intentos de acuerdo con la oposici¨®n andaluza para fortalecer sus posibilidades de futuro jeque de las instituciones de autogobierno andaluzas. Pero el gusto, al estilo del antiguo r¨¦gimen, del se?or Su¨¢rez por lavar la ropa sucia dentro de casa y por ocultar a la opini¨®n p¨²blica los problemas realmente serios del Estado salvaron al se?or Clavero de la destituci¨®n y le han permitido el nardo de su dimisi¨®n.

Finalmente, lo m¨¢s ins¨®lito del texto de UCD sea que el partido del Gobierno, de ese Gobierno que ha condenado la abstenci¨®n en todas las consultas electorales hasta ahora realizadas en la Espa?a democr¨¢tica, se convierta ahora en promotor del alejamiento ciudadano de las urnas.