La nueva resistencia

De impresionante y oportuna puede calificarse la intervenci¨®n del comandante general del arma de Carabinieri, general Corsini, en la inauguraci¨®n del a?o acad¨¦mico 1979-1980, celebrada en la Escuela de Oficiales del arma, en Roma, ante el presidente del Tribunal Constitucional, los ministros de Defensa e Interior, representantes del Parlamento y otras autoridades y representaciones de la vida italiana.Despu¨¦s de aludir a la ?oscura edad media del vivir civil? en que quiere sumirnos, en los tiempos presentes, la violencia terrorista, el general Corsini ped¨ªa, sobre todo, ?reflejos legislativos y, -a¨²n m¨¢s, comportamientos que -exentos de un excesivo proteccionismo- nos cubran las espaldas y nos permitan conducir esta lucha sin cuartel contra la violencia con armas iguales; que no se nos haga asistir, con verg¨¹enza y con rabia, a la lectura, en las salas de los tribunales, de los delirantes mensajes de quienes se proclaman ?presos pol¨ªticos?; que impidan ver c¨®mo circulan impune y libremente delincuentes encallecidos, culpables de una interminable lista de delitos; que no se nos obligue a pasear a peligrosos detenidos, de una a otra parte de la pen¨ªnsula, para que saluden a parientes y amigos; que se nos permita, en fin, desarrollar eficazmente nuestro trabajo de prevenci¨®n y de represi¨®n, restituyendo a la Polic¨ªa Judicial las facultades necesarias para realizar las primeras y determinantes indagaciones?.

En este mismo contexto se inscribe su petici¨®n, no s¨®lo de solidaridad, sino de participaci¨®n activa de todos los hombres de buena voluntad, para hacer frente a lo que el ministro de Defensa italiano calific¨® como un ataque al Estado y un desaf¨ªo a las instituciones republicanas.

Por ello, el general Corsini, siguiendo a Giorgio Amendola, reiter¨® el paralelismo existente entre ?los ca¨ªdos de la Resistencia y los ca¨ªdos de hoy, de la Nueva Resistencia?.

Unos y otros por un ideal com¨²n, impulsado hasta el holocausto: la defensa de la libertad. En el primer caso, la libertad perdida; en el segundo, la amenaza de su privaci¨®n. Ciertamente, ese paralelismo refleja de manera inequ¨ªvoca la necesidad cada vez m¨¢s sentida en los Estados democr¨¢ticos de preservar y defender la libertad de sus pueblos, tanto del dominio y opresi¨®n exteriores como de las dictaduras terroristas desatadas en el interior de sus fronteras.

Si la violencia es, por esencia, el empleo de la fuerza o la intimidaci¨®n contra la voluntad ajena, cuando se trata de la voluntad pol¨ªtica de un pueblo que se forma y expresa libremente y que por la adhesi¨®n mayoritaria de sus ciudadanos se convierte en norma de comportamiento general, el terrorismo es moralmente rechazable, jur¨ªdicamente condenable y pol¨ªticamente la m¨¢s irracional aberraci¨®n.

La voluntad de la mayor¨ªa como principio legitimador del poder, fuente de la soberan¨ªa y origen del derecho en la vida de la sociedad, no puede ser contestada apelando a la violencia institucional para justificar el terrorismo.

La vioiencia institucional es, por principio, incompatible con la convivencia, ordenada seg¨²n la voluntad de la mayor¨ªa de los miembros de la sociedad.

Ir contra la voluntad de la mayor¨ªa del cuerpo social es la m¨¢s clara y brutal forma de violencia.

Imponer la voluntad de los menos sobre toda la comunidad es la forma t¨ªpica de violencia institucional, aunque no vaya acompa?ada de compulsi¨®n f¨ªsica.

No caben, pues, en esta materia equ¨ªvocos ni ambig¨¹edades. Donde se reconoce la discrepancia pol¨ªtica, se acepta el debate p¨²blico; se celebran elecciones libres y peri¨®dicas y se permiten las distintas opciones sobre la organizaci¨®n de la convivencia y la conformaci¨®n de la vida social, es inaceptable cualquier alusi¨®n a la violencia institucional.

La violencia institucional existe cuando una minor¨ªa pol¨ªtica, econ¨®mica, social, cultural, racial o religiosa se impone con sus dictados y decisiones al resto de la sociedad.

De las consideraciones expuestas se desprende el valor ¨¦tico y jur¨ªdico de esta Nueva Resistencia, que las sociedades e instituciones democr¨¢ticas deben ofrecer, en el marco de la legalidad constitucional, para liberar a sus pueblos de todos los terrorismos interiores, que amenazan con destruir su libertad.