La empresa en Espa?a / y 2

La Constituci¨®n de 6 de diciembre de 1978 recientemente aprobada por el pueblo espa?ol no ha supuesto una modifitaci¨®n sustancial de la funci¨®n de la empresa privada en la sociedad espa?ola. Dicha norma b¨¢sica recoge un modelo econ¨®mico similar en sus principios al hasta ahora vigente.Sin embargo, el cambio pol¨ªtico deducido de la introducci¨®n de nuevos principios democr¨¢ticos en nuestra convivencia, ha impuesto modificaciones muy importantes en el marco inmediato en que se desenvuelve la empresa privada. Las relaciones laborales, el sistema financiero, la fiscalidad, el poder sindical, el ¨¢mbito de actuaci¨®n del sector p¨²blico, la ordenaci¨®n de las autonom¨ªas, y aun la propia figura del empresario, han sido o est¨¢n siendo modificadas a impulsos del ?nuevo esp¨ªritu? que recoge la Constituci¨®n.

Es l¨®gica, pues, la ?pausa de desconcierto? que vive nuestro empresariado, a la espera de las aclaraciones que necesitan los comportamientos de previsi¨®n y riesgo que lleva consigo el mundo del negocio.

Podr¨ªamos resumir cu¨¢les son las razones primarias de esa pausa: primero, la crisis eco?¨¦mica general, como factor ajeno pero concurrente con nuestros problemas espec¨ªficos; segundo, la inseguridad pol¨ªtica, como elemento que alcanza a empe?os empresariales tales como propiedad, inversi¨®n, beneficios y orden social; y tercero, los problemas propios de la adecuaci¨®n del ordenamiento jur¨ªdico nuevo a las capacidades reales de asimilaci¨®n por las empresas.

A pesar del cada vez m¨¢s extendido principio de no intervenci¨®n en la econom¨ªa, y de los recientes pronunciamientos liberalizadores, corresponde al Estado, en nombre de nuestra sociedad, acelerar el fin de las indefiniciones y garantizar el funcionamiento de nuestro mundo empresarial, en funci¨®n de los principios constitucionales.

Es obvio se?alar que las dificultades, de todo tipo, que supone la crisis econ¨®mica mundial, y la especial incidencia en la misma (y en la nuestra espa?ola), del problema energ¨¦tico, son causas comunes en el mundo occidental y, por tanto, su an¨¢lisis no presenta excesiva particularidad en nuestra concreta sociedad industrial.

S¨ª es necesario, sin embargo, una pol¨ªtica de permanente informaci¨®n y compromiso con los otros motivos de la ?pausa? empresarial que comentamos: es decir, la raz¨®n pol¨ªtica y el nuevo ordenamiento jur¨ªdico.

Previsiones constitucionales

La Constituci¨®n recoge el derecho de propiedad privada y el principio de econom¨ªa de mercado y libertad de empresa, y se?ala que corresponde a los poderes p¨²blicos garantizar y proteger su ejercicio y la defensa de la productividad de acuerdo con las exigencias de la econom¨ªa general y, en su caso, de la planificaci¨®n. Estos pronunciamientos, que se catalogan en el t¨ªtulo referido a ?De los derechos y deberes fundamentales? tienen el mismo rango que los correspondientes a las libertades p¨²blicas, y por tanto son, por su solemnidad y categorizaci¨®n, como los cimientos del orden econ¨®mico. Otros pilares de ese orden son aquellos que definen los principios rectores de la pol¨ªtica social y econ¨®mica, se?alan que los poderes p¨²blicos promover¨¢n las condiciones favorables para el proceso social y econ¨®mico, indican que la riqueza del pa¨ªs se subordina al inter¨¦s general, reconocen la iniciativa p¨²blica en la actividad econ¨®mica, incitan la participaci¨®n en la empresa y el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producci¨®n, etc¨¦tera.

Las disposiciones legales, anteriormente citadas, dise?an un sistema econ¨®mico de libre empresa, coexistente con una progresiva concepci¨®n del Estado y de sus responsabilidades en el ¨¢mbito econ¨®mico y social. Por otra parte, ese esquema es, con mayores o menores m¨¢rgenes, el mundo de los principios por los que se rige el modelo occidental de convivencia. Se entiende, adem¨¢s, que no es compatible con aquellos una econom¨ªa estatizada al estilo de las existentes en los pa¨ªses social-comunistas, que requerir¨ªa un sustantivo y diferente ?esp¨ªritu? constitucional.

Entonces, la pregunta es obvia: ?son suficientes para el est¨ªmulo empresarial esos pronunciamientos del m¨¢s alto rango? Y otra interrogante quiz¨¢ m¨¢s pragm¨¢tica. ?Cree el empresariado que la sociedad espa?ola garantiza, a trav¨¦s de sus instituciones, que eso sea as¨ª y no de otra manera contraria a sus intereses? Despejar esas inc¨®gnitas es avanzar en la penumbra psicol¨®gica de los miedos, la infiabilidad o los recelos. Y aqu¨ª hay una gran tarea a llevar a cabo por los agentes pol¨ªticos de nuestra sociedad, que deben conseguir el est¨ªmulo a la inversi¨®n y, por tanto, a la creaci¨®n de empleo, con garant¨ªas, seguridades y conflanza. Hoy por hoy, no existe ning¨²n otro camino para nuestra deseada reactivaci¨®n.

Pero, si bien las razones antedichas (crisis econ¨®mica general y desconfianza pol¨ªtica) enmarcan las generalidades del problema de nuestra empresa privada, la adecuaci¨®n de ¨¦sta a la normativa que se desprende del nuevo ?esp¨ªritu? constitucional est¨¢ produciendo situaciones de encaje o rechazo que hay que analizar desde posiciones m¨¢s espec¨ªficas.

El Estatuto de los Trabajadores, ciertamente progresista y al nivel de las modernas legislaciones laborales europeas, puede despejar bastantes inc¨®gnitas en el dif¨ªcil cuadro de las relaciones laborales. Faltan a¨²n (tarea para 1980) la ordenaci¨®n racional de las situaciones de conflicto -huelga y lock out- as¨ª como el del derecho de asociaci¨®n sindical, pero, ciertamente, este escabroso panorama se ha visto esclarecido de forma importante.

El planteamiento de la reforma fiscal en curso fue la gran justificaci¨®n progresista de los dos ¨²ltimos Gobiernos. Hay que se?alar, de principio, dos cosas: una, que era necesaria; otra, que su urgencia deber¨ªa compatibilizarse con su calidad. En su aplicaci¨®n al mundo empresarial ha suscitado inquietudes e indecisiones a la hora de juzgar su virtualidad como elemento de promoci¨®n de la justicia social y del desarrollo econ¨®mico. Tuvo la reforma fiscal a su favor todos los deseos y los pronunciamientos favorables aunque su pretendido progresismo quede cuestionado por los mecanismos t¨¦cnicos puestos en funcionamiento. De todas formas, y aunque no vaya a encontrarse ya mejor tiempo para su implantaci¨®n, ha contribuido a saber a qu¨¦ atenerse, m¨¢s o menos, respecto a ese nuevo ordenamiento fiscal tan exigido y ofrecido por unos y otros.

Otro elemento concreto de asimilaci¨®n dificultosa es el ordenamiento (?) del sistema financiero, tendente a la liberalizaci¨®n del mismo, iniciado en 1977. El proceso iniciado ha supuesto una profunda distorsi¨®n de los mercados financieros que ha supuesto un evidente retraimiento de las presencias empresariales en el mismo. Falta, por otra parte, la confianza suficiente para aceptar como programas, o planes, los distintos pronunciamientos al respecto de las autoridades econ¨®micas, que si bien est¨¢n destinadas a orientar liberalizadoramente, est¨¢n carentes de compromisos instrumentales de operatividad.

Algunas exageraciones y dudas

Por ello, a los factores concretos antes rese?ados, hay que a?adir, y muy ponderadamente, esas repercusiones psicol¨®gicas que han producido las exageraciones generalizadas sobre el empresario-explotador y las extralimitaciones del poder sindical que hacen aparecer como cohibidas y temerosas las necesarias manifestaciones de autoridad y participaci¨®n que son imprescindibles en una situaci¨®n industrial normalizada.

Si a?adimos a todo lo anterior las dudas que suscitan la nueva organizaci¨®n territorial del Estado y la presencia de ¨¦ste como empresario, habremos rese?ado el cuadro en que se mueve esa ?pausa empresarial? a que nos venimos refiriendo.

Toda la pequena y mediana empresa industrial, la casi totalidad del sector agr¨ªcola y una gran parte de la actividad de los servicios se instrumentan en Espa?a bajo la acci¨®n de la empresa privada. En ella residen las mayores potencialidades de ahorro, inversi¨®n, generaci¨®n de empleo y desarrollo econ¨®mico. Est¨¢ claro que si las indefiniciones o inseguridades se diluyeran, la iniciativa privada podr¨ªa realizar su actividad de forma intensiva y se producir¨ªa el tan deseado relanzamiento econ¨®mico que necesita como respaldo la joven democracia espa?ola. No hay otra receta, ciertamente.

Por todo ello, impulsar la empresa privada, permitir su normal funcionamiento, motivar a los empresarios, promocionar su funci¨®n y colaborar en sus fines, deben ser esfuerzos a realizar desde una pol¨ªtica responsable, realista y decidida.