El terrorismo no se considera delito pol¨ªtico y no se obstaculizar¨¢ la extradici¨®n

El Pleno del Congreso acord¨® ayer, por 265 votos favorables, dos en contra y tres abstenciones, proponer la ratificaci¨®n del convenio europeo para la represi¨®n del terrorismo, pactado en Estrasburgo por los miembros del Consejo de Europa en enero de 1977. El convenio, al que s¨®lo se opuso el diputado de Uni¨®n del Pueblo Canario, Fernando Sagaseta, otorga facilidades para la extradici¨®n de terroristas, a cuyos actos no se podr¨¢ aplicar la consideraci¨®n de delito pol¨ªtico.

El objeto del convenio, seg¨²n su pre¨¢mbulo, es lograr que los Estados miembros del Consejo de Europa adopten medidas eficaces para que los autores de actos de terrorismo no escapen ?a la persecuci¨®n y al castigo?.Para ello, no ser¨¢n considerados como delitos pol¨ªticos, conexos con un delito pol¨ªtico o delitos inspirados por m¨®viles pol¨ªticos una serie de actos, entre los que destacan la captura ?l¨ªcita de aeronaves y otros actos contra la seguridad de la aviaci¨®n civil; el ataque contra la vida, la integridad corporal o la libertad de las personas que tengan derecho a una protecci¨®n internacional, incluidos los agentes diplom¨¢ticos; el rapto, toma de rehenes o secuestro arbitrario; la utilizaci¨®n de bombas, granadas, cohetes, armas de fuego autom¨¢ticas, o cartas o paquetes con explosivos ocultos, en los casos en que dicha utilizaci¨®n represente un peligro para las personas; as¨ª como cualquier acto grave de violencia que est¨¦ dirigido contra la vida, la integridad corporal o la libertad de las personas.

A efectos de la extradici¨®n de los autores de los actos citados, el convenio establece que afectar¨¢ a la participaci¨®n como autor o c¨®mplice y tambi¨¦n a la tentativa de comisi¨®n del delito.

Como cl¨¢usula de salvaguardia, el convenio establece que no existir¨¢ la obligaci¨®n de llevar a cabo la extradici¨®n si el Estado requerido tiene serias razones para creer que la solicitud de extradici¨®n ?se ha presentado con el fin de perseguir o de castigar a una persona por consideraciones de raza, religi¨®n, nacionalidad u opiniones pol¨ªticas, o que la situaci¨®n de dichas personas corre el riesgo de agravarse por una u otra de las citadas razones?.

Oposici¨®n de Sagaseta

S¨®lo el diputado de Uni¨®n del Pueblo Canario, Fernando Sagaseta, se opuso a la ratificaci¨®n del convenio, mediante un discurso escuchado por muy pocos diputados y con el banzo azul vac¨ªo. Sagaseta comenz¨® afirmando que cuando Carlos Marx descubri¨® que la gran partera de la historia hab¨ªa sido la violencia, no hac¨ªa referencia a un deseo subjetivo, sino que reflejaba un hecho objetivo. Tras esta cita, el diputado nacionalista canario asegur¨® que no patrocinaba el terrorismo, y se?al¨® que a veces los idealistas violentos retrasan el proceso hist¨®rico, del mismo modo que otros terroristas, amparados en el Estado, tratan de impedir ese proceso.

Fernando Sagaseta aludi¨® a la situaci¨®n de oposici¨®n al convenio registrada en Francia, no solo por parte de la izquierda, sino tambi¨¦n de los gaullistas. Expres¨® su desconfianza hacia la expresi¨®n de ?delito pol¨ªtico?, que UCD aplica a los piquetes de huelga. Record¨® tambi¨¦n que el convenio no ha sido ratificado todav¨ªa por ning¨²n pa¨ªs mediterr¨¢neo y aludi¨® a las disposiciones que permiten al Gobierno hacer discriminaciones entre unos terroristas y otros en base de consideraciones de raza, religi¨®n, nacionalidad u opiniones pol¨ªticas. En un momento dado, aludi¨® cr¨ªticamente a determinadas instancias judiciales, por lo que el vicepresidente, Modesto Fraile -que dirig¨ªa en ese momento la sesi¨®n-, le llam¨® la atenci¨®n.

Por el grupo centrista, Joaqu¨ªn Satr¨²stegui defendi¨® la ratificaci¨®n del convenio y replic¨® a Sagaseta. Afirm¨® que el delito pol¨ªtico no existe cuando los pa¨ªses son democr¨¢ticos, sino s¨®lo cuando son autoritarios. Asegur¨® que para UCD no son delincuentes pol¨ªticos ni quienes mataron a seis guardias civiles ni quienes mataron a una joven -Yolanda Gonz¨¢lez- cerca de San Mart¨ªn de Valdeiglesias.

Por Coalici¨®n Democr¨¢tica, Jos¨¦ Mar¨ªa de Areilza record¨® que el Consejo de Europa est¨¢ constituido por veintiuna naciones democr¨¢ticas, en las que existen las mas variadas ideolog¨ªas. Destac¨® que en el convenio se enumeran taxativamente los actos de terrorismo, a cuyos autores se les podr¨¢ aplicar la extradici¨®n. A?adi¨® que el convenio no hab¨ªa sido ratificado por dificultades internas de tipo parlamentario y pol¨ªtico, aunque recientemente, en Dubl¨ªn, los miembros de la Comunidad Econ¨®mica Europea hab¨ªan suscrito un documento parecido.

PSOE y PCE, a favor

Por el Grupo Comunista, Jordi Sol¨¦ Tura se mostr¨® favorable a la ratificaci¨®n, en coherencia con una concepci¨®n de izquierdas no coincidente con la ¨®ptica de Sagaseta. Expuso la posici¨®n comunista de dar salida, en una sociedad en crisis, a los valores que conduzcan a una sociedad m¨¢s justa, y dijo que para eso ?es indispensable que el protagonista del cambio sea la mayor¨ªa de la poblaci¨®n?. Asegur¨® que el terrorismo de uno y otro signo no deja margen de maniobra a las mayor¨ªas.

Por ¨²ltimo, el socialista Vicente Sotillo, que critic¨® las ausencias en los esca?os centristas, se expres¨® tajantemente a favor de la ratificaci¨®n del convenio y dijo que contra el terrorismo la ¨²nica soluci¨®n es ?democracia, democracia y democracia?. La traducci¨®n de esta frase es, seg¨²n el diputado socialista, la participaci¨®n de los ciudadanos en la vida pol¨ªtica, econ¨®mica y cultural del pa¨ªs. A?adi¨® que la erradicaci¨®n del terrorismo exige el respeto a la Constituci¨®n, incluido el derecho que ella misma reconoce a cambiarla. Destac¨® que el convenio conten¨ªa garant¨ªas procesales incluso para quienes no aceptan el Estado democr¨¢tico.

La sesi¨®n plenaria de ayer se inici¨® con la aprobaci¨®n del final del proyecto de ley, por el que se independiza el r¨¦gimen retributivo de los funcionarios al servicio del poder judicial respecto al general de la Administraci¨®n del Estado. C¨®mo en la sesi¨®n anterior, se rechazaron pr¨¢cticamente todas las enmiendas, propuestas en su mayor¨ªa por socialistas y comunistas.

El socialista Francisco Ramos plante¨® la supresi¨®n de las pr¨®rrogas a los jueces y magistrados a partir de los setenta a?os, edad establecida para su jubilaci¨®n. Lo justific¨® en el prop¨®sito de rejuvenecer la c¨²spide de la carrerajudicial. El proyecto de ley establece que, a pesar de la citada jubilaci¨®n, los magistrados del Tribunal Supremo y miembros de la carrera judicial y fiscal podr¨¢n excepcionalmente continuar en el servicio, activo hasta los 72 a?os de edad, previa comunicaci¨®n al Ministerio.

La enmienda socialista fue rechazada y asimismo otra de Coalici¨®n Democr¨¢tica, que solicitaba que quienes disfruten de pr¨®rroga hasta los 75 a?os, de acuerdo con la legislaci¨®n vigente, conservaran tal derecho adquirido.