Final jur¨ªdico de la "crisis de enero"

LA SALA Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia sobre la matanza de los abogados laboralistas de la calle de Atocha. La detenci¨®n de los autores materiales de aquel crimen, en un eficaz trabajo policial de los hombres del comisario Federico Pastor; la instrucci¨®n del sumario (pese a sus dificultades y dilaciones), la vista de? juicio y las sentencias reflejan, en su conjunto, saludables indicios de que nuestro proceso democr¨¢tico se ve progresivamente consolidado y que penetra en otras instituciones del tejido social, am¨¦n de la parlamentaria.Con el ?juicio de Atocha? se cierra judicialmente la puerta de la historia sobre aquella crisis de enero de 1977, que pudo haber dado al traste con todo el complicado trabajo de ingenier¨ªa pol¨ªtica de la transici¨®n democr¨¢tica. Aquella semana de enero, el grup¨²sculo fascista ahora condenado perpetraba la matanza del bufete laboralista del PCE, en tanto, con s¨®lo horas de diferencia, los GRAPO (ese iceberg terrorista) proced¨ªan al secuestro del teniente general Villaescusa, cuando ya ten¨ªan secuestrado. al entonces presidente del Consejo de Estado, se?or Oriol. Sentenciados el pasado mes de mayo los secuestradores de Villaescusa (el secuestro de Oriol fue contemplado por la amnist¨ªa), puede decir se que quedan saldados judicialmente aquellos siete d¨ªas de enero.

En aquellas fechas se conjuraron los intereses del terrorismo fascista con los de otras organizaciones totalitarias que creyeron tener en las manos su oportunidad de paralizar un proceso electoral golpeando, desde sobre un partido comunista a¨²n ?legal, hasta sobre el Ej¨¦rcito, pasando por la figura de un Oriol, destacado representante del establecimiento pol¨ªtico y econ¨®mico, que hab¨ªa accedido a la ruptura pol¨ªtica desde el poder. Si hubo un momento en que la transici¨®n democr¨¢tica pudo paralizarse fue aqu¨¦l. Y aquella crisis encontr¨® soluciones gracias a la templanza popular y al sentido de responsabilidad de las fuerzas pol¨ªticas e instituciones simb¨®licamente agredidas entonces.

As¨ª, es obligado ahora un elogio a la independencia y valor jur¨ªdico, y hasta personal, de los miembros de un tribunal. que han sabido dictar justicia y llevar a buen puerto un proceso dificil, como el de Atocha, digiriendo, desde los excesos verbales de una defensa empe?ada en mal politizar el juicio, hasta algunas alusiones a los tribunales, que rozaron el desacato, Y con un p¨²blico decidido, desde la segunda vista, a impedir el trabajo de los jueces, llegando a la apoteosis final de c¨¢nticos y gritos de significaci¨®n fascista.

A este respecto, no se puede ocultar la acci¨®n partidista de uno de los jefes de la fuerza p¨²blica, que controlaba el acceso del p¨²blico a la sala y que pr¨¢cticamente monopoliz¨® la entrada en beneficio de los amigos pol¨ªticos o personales de los acusados. Tuvo, finalmente, que ser relevado de su mando., La acusaci¨®n particular actu¨® irreprochablemente (acaso su papel haya quedado destacado por lo deslavazado e inconcreto de la defensa), en una l¨ªnea insistente de condena de la muerte como opci¨®n pol¨ªtica o jur¨ªdica y de argumentaci¨®n en torito a los valores ¨¦ticos de convivencia, de respeto a la vida y de justo y ejemplificador castigo para los grupos asesinos que atentan contra la democracia.

La argumentaci¨®n, intr¨ªnsecamente falsa, esgrimida por los amigos pol¨ªticos de los condenados, o por sus defensores, de que no se castiga con el mismo rasero legal el terrorismo de derechas que el de izquierdas no se sostiene, desde el momento en que la misma Sala de lo .Penal que acaba de dictar sentencia en el caso de Atocha ha dictado otras varias en los dos ¨²ltimos a?os, y no precisamente clementes, contra terroristas de los GRAPO o de la ETA.

Este ha sido, en suma, el primer proceso contra un grupo fascista con prop¨®sitos criminales de amedrentaci¨®n pol¨ªtica. Juicio que cobra doble significado cuando grupos del mismo corte contin¨²an su acci¨®n terrorista: el reciente asesinato de la joven Yolanda Gonz¨¢lez es prueba de ello. Y el Gobierno y las instituciones del Estado deben ser consecuentes con la necesidad de continuar e incrementar esa lucha contra las bandas fascistas, que constituyen un serio peligro para la estabilidad democr¨¢tica del pa¨ªs.