Administraci¨®n de la investigaci¨®n: m¨¢s, pero no mejor
La investigaci¨®n cient¨ªfica y t¨¦cnica en Espa?a va mal: se investiga poco, se importa mucha informaci¨®n. En este diagn¨®stico, tantas veces repetido y tan ampliamente difundido por los medios de comunicaci¨®n de masas, todos estamos de acuerdo. Pero, lo que conviene examinar con mesura y seriedad es, primeramente cu¨¢les son las causas de tales males y, s¨®lo despu¨¦s de entenderlas, cu¨¢les son los remedios.En cuanto a las causas, lo que se viene afirmando es que no nos gas tamos bastante dinero en investigaci¨®n. Esta argumentaci¨®n se ha ce comparando los porcentajes del PNB que gastan en investigaci¨®n los pa¨ªses occidentales. En estos t¨¦rminos, en proporci¨®n al PNB, es obvio que nuestro esfuerzo es menor que el de otros pa¨ªses. Pero, aunque no quepa duda de que el bajo porcentaje de PNB que nos gastamos en investigaci¨®n es una medida del escaso valor que la sociedad espa?ola atribuye a esta actividad, cabe preguntarse si ¨¦ste es el ¨²nico factor que explica que produzcamos tan poco y tan mal.
Insistiendo casi ¨²nicamente sobre el presupuesto de la investigaci¨®n, la prensa silencia otros factores no menos importantes de la pol¨ªtica cient¨ªfica espa?ola. Se trata de los aspectos organizativos y administrativos de la investigaci¨®n en Espa?a.
Pa¨ªses que invierten en la investigaci¨®n cient¨ªfica y t¨¦cnica un volumen absoluto de recursos inferior al espa?ol -B¨¦lgica, por ejemplo- tienen una investigaci¨®n cient¨ªfica y t¨¦cnica de mayor nivel cuantitativo y cualitativo que la nuestra. Porque, al fin y al cabo, el volumen de recursos depende tanto del porcentaje del PNB dedicado a la investigaci¨®n, como de la magnitud misma del PNB. Queda, pues, por explicar c¨®mo con recursos absolutos iguales o inferiores, otros pa¨ªses logran cotas de productividad cient¨ªfica y t¨¦cnica muy superiores.
Gastar mejor
Para producir m¨¢s y mejor en la investigaci¨®n, no s¨®lo hay que tomar en cuenta si se gasta m¨¢s: hay que examinar tambi¨¦n si se gasta mejor. Las macro magnitudes econ¨®micas enmascaran realidades que, en cuanto a las actividades de investigaci¨®n se refiere, son de enorme importancia. Una de ellas es que aun cuando el porcentaje del PNB que Espa?a destina a la investigaci¨®n es, comparativamente, muy bajo, muchas instituciones investigadoras disponen de vol¨²menes de recursos que, tambi¨¦n comparativamente, son muy elevados. Y llegan, en algunos casos, a ser incluso muy superiores a los que utilizan instituciones francesas o americanas de similares objetivos.
Ahora bien, sobre este tema, el de la Administraci¨®n de la investigaci¨®n cient¨ªfico-t¨¦cnica, se habla poco en Espa?a, por aquello de que si hay poco que administrar, poco importa c¨®mo se administre. La falacia de este argumento s¨®lo es aceptable para los beneficiarios de la mala administraci¨®n. No proseguir¨¦ con este an¨¢lisis; me limitar¨¦ a indicar algunos aspectos de la problem¨¢tica de la administraci¨®n de la investigaci¨®n.
Dado que la investigaci¨®n cient¨ªfica alcanza hoy, incluso en Espa?a, vol¨²menes cuantiosos de inversi¨®n y de gasto, el administrar estos recursos, el traducirlos en una producci¨®n de alto nivel cualitativo y cuantitativo, es una actividad que no puede descuidarse y requiere la utilizaci¨®n de procedimientos racionales.
Como los recursos -aqu¨ª y fuera de aqu¨ª- son siempre escasos, su asignaci¨®n es un problema prioritario en la administraci¨®n de la investigaci¨®n. Asignar recursos a uno u otro de los m¨²ltiples proyectos de investigaci¨®n posibles implica el efectuar una evaluaci¨®n de los proyectos.
Toda evaluaci¨®n requiere criterios precisos y hay que subrayar que es una misi¨®n de la pol¨ªtica cient¨ªfica nacional elaborar aquellos que conciernen, al menos, a los objetivos de los proyectos financia dos con recursos p¨²blicos. Pero la evaluaci¨®n de proyectos no consiste solamente en estimar si los objetivos de estos coinciden m¨¢s o me nos con las prioridades establecidas por la pol¨ªtica cient¨ªfica.
Dando por supuesto que los objetivos de un proyecto son v¨¢lidos, queda a¨²n por determinar si el proyecto, tal y como se presenta, es factible. Por no hacer este ¨²ltimo tipo de evaluaci¨®n, muchas inversiones conducen a fracasos notorios. Los objetivos de un proyecto pueden ser meritorios, pero si no se alcanzan, ni pueden ser razonablemente alcanzados, m¨¢s vale promover otro proyecto con objetivos menos meritorios, pero que se cumplan. Existen t¨¦cnicas -mejores o peores- para estimar la factibilidad de los proyectos. Todas toman en cuenta si el personal cientifico-t¨¦cnico responsable de su ejecuci¨®n ofrece las necesarias garant¨ªas de competencia y disponibilidad para realizarlo, si los medios materiales, la metodolog¨ªa y el cronograma previsto son realistas. Y aunque una evaluaci¨®n absolutamente objetiva sobre estas materias sea imposible, no cabe duda de que las t¨¦cnicas existentes disminuyen la subjetividad en la toma de decisiones.
Problema social
No quiero dejar de se?alar, sin embargo, que la existencia de una administraci¨®n racional de la investigaci¨®n cient¨ªfico-t¨¦cn¨ªca no es un mero problema t¨¦cnico. Si lo fuera, ya tendr¨ªamos en Espa?a unas organizaciones investigadoras bien administradas. Es, al contrario, un problema social, en el sentido estricto del t¨¦rmino.
El desarrollo y la aplicaci¨®n sistem¨¢tica de m¨¦todos racionales de administraci¨®n de la investigaci¨®n s¨®lo puede hacerse cuando la organizaci¨®n efectiva de las instituciones investigadoras lo permita. Por ello, plantear el problema de la administraci¨®n de la investigaci¨®n implica cuestionar la organizaci¨®n de nuestras instituciones, las pautas de selecci¨®n y reclutamiento del personal, y las incompatibilidades de los investigadores. Tambi¨¦n conlleva el examinar la relaci¨®n ¨®ptima entre los trabajos efectuados por personal de plantilla y contratado y los que se encargan a personas f¨ªsicas o jur¨ªdicas exteriores a la instituci¨®n responsable de un programa o conjunto de programas.
Para acometer esta necesaria reorganizaci¨®n del ordenamiento institucional de la investigaci¨®n en Espa?a existen criterios racionales que debieran inspirar la actividad normativa del legislador. Un ejemplo admirable de conocimientos sobre la organizaci¨®n de la investigaci¨®n es el libro Scientific Productivity, publicado en 1979 conjuntamente por Cambridge University y Unesco Press. En ese trabajo se recogen los resultados de un importante estudio efectuado, bajo la direcci¨®n de la Unesco, en seis pa¨ªses europeos. Este libro pone de manifiesto la importancia de cuidar los factores organizativos que determinan la productividad de la investigaci¨®n. Los estudiosos espa?oles tienen conciencia de la importancia de este tipo de factores. Una muestra de ello es el n¨²mero de agosto de 1979 de Informaci¨®n Comercial Espa?ola, y, en particular, el magn¨ªfico art¨ªculo de sobre Pol¨ªtica cient¨ªfica y desarrollo econ¨®mico: 1959-1979, que en ¨¦l publica F¨¦lix Lobo.
Si se quisiera ignorar esta realidad al reorganizar la investigaci¨®n en Espa?a, la configuraci¨®n institucional de la investigaci¨®n resultar¨¢ s¨®lo del equilibrio o compromiso entre los diferentes grupos de presi¨®n corporativos y pol¨ªticos interesados en la investigaci¨®n cient¨ªfico-t¨¦cnica. Y no cabe duda de que el compromiso sobre la organizaci¨®n de la investigaci¨®n ser¨¢ tanto m¨¢s estable y f¨¢cil de alcanzar, cuanto m¨¢s aumente el volumen de recursos asignados, es decir, el c¨¦lebre porcentaje del PNB que gastemos en investigaci¨®n: el gastar m¨¢s servir¨¢, ante todo, para eludir la penosa consideraci¨®n de c¨®mo gastar mejor.
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