Prensa y democracia

LA CASUALIDAD, o quiz¨¢ no, ha querido que s¨®lo dos d¨ªas m¨¢s tarde de la sentencia sobre la ?operaci¨®n Galaxia? haya visto la luz la que condena al director de este peri¨®dico a tres meses de c¨¢rcel por un editorial que, parad¨®jicamente, se titulaba Prensa y democracia. El. editorial en cuesti¨®n -de abril de 1978- se publica hoy con el conjunto de la sentencia, y al buen juicio de los lectores ha que quedar qu¨¦ clase de desacato o de ofensa a los tribunales se Comet¨ªa en ¨¦l. La posici¨®n de respeto aja independencia de los jueces y el papel esencial del poder judicial en una democracia ha sido y seguir¨¢ siendo una de las m¨¢ximas de este peri¨®dico. Pero es un hecho objetivo e hist¨®rico que, igual que hubo militares franquistas, polic¨ªas franquistas y periodistas franquistas, que hoy siguen empe?ados en dar una dura batalla contra la libertad, hay todav¨ªa jueces por los que no parece haber pasado la transici¨®n democr¨¢tica.Los ciudadanos somos conscientes de que si las Cortes -el legislativo- fueron renovadas democr¨¢ticamente, s,i el Gobierno -el ejecutivo- es emanaci¨®n democr¨¢tica de esas mismas Cortes, los cargos fundamentales de los tribunales -el judicial- siguen siendo los que eran. El acatamiento de la sentencia inapelable no merma un ¨¢pice nuestro desacuerdo intelectual con ella. Y no han de ser los funcionarios judiciales de la dictadura quienes exhiban ante la opini¨®n mayor fuerza moral o mejor criterio que este peri¨®dico sobre los par¨¢metros de la libertad.

La renovaci¨®n de la justicia espa?ola no va a ser solicitada ahora por nosotros a ra¨ªz de esta sentencia, porque la venimos pidiendo desde que EL PAIS naci¨®. La sensibilidad del actual fiscal general del Estado, que adorn¨® los esca?os de antes como procurador y los de ahora acompa?ando a Su¨¢rez en el n¨²mero dos de las listas de UCD, es proverbial respecto a los llamados delitos de opini¨®n. No lo ha sido a la hora de la defensa de las libertades a lo largo de su prolongada carrera pol¨ªtica. La gran cantidad de sumarios y procesos incoados contra periodistas a petici¨®n del Gobierno o del propio Ministerio fiscal contrasta con la indefensi¨®n jur¨ªdica que los particulares encuentran tantas veces ante los excesos o las calumnias de la Prensa. No parece tampoco grande la sensibilidad del ministerio p¨²blico respecto a la corrupci¨®n y malversaci¨®n de fondos televisiva, o las torturas en la c¨¢rcel de Herrera de la Mancha, o la actividad de las bandas fascistas. De la efectividad y actividad de la justicia tenemos en esta casa larga experiencia. M¨¢s de sesenta veces ha declarado en las secretar¨ªas de los juzgados el director de este peri¨®dico en los ¨²ltimos cuatro a?os, cinco ha sido procesado. Pero apenas unos meses despu¨¦s de que se publicara el editorial que hoy le condena a la c¨¢rcel, una bomba hizo explosi¨®n en esta casa y acab¨® con la vida de un hombre, mientras hiri¨® seriamente a otro. A?o y medio m¨¢s tarde de aquel doloroso suceso el director de EL PAIS, tantas veces solicitado por la autoridad judicial, no lo ha sido todav¨ªa por este caso. Curioso ritmo de actividad este.

En cuanto a la sentencia misma, s¨®lo nos cabe decir que sorprende c¨®mo la Sala del Supremo ha cambiado la tipificaci¨®n del delito -la Audiencia lo consider¨® una simple falta- y ha deso¨ªdo la propia sentencia de la Audiencia que no consideraba existiera animus injuriandi en el editorial. Ahora resulta bastante claro que unos tipos penales abiertos siempre crean inseguridad y han sido ahora enfocados como siempre lo son desde las ideolog¨ªas particulares de unos jueces concretos. S¨®lo cabe a?adir que la mayor¨ªa de ellos fueron designados para el alto Tribunal por el r¨¦gimen franquista. Este es el problema pol¨ªtico -uno de los m¨¢s graves- que debe ser contemplado como lecci¨®n del hecho. Obviamente lo que no puede ser delito en un pa¨ªs libre es sin duda muchas veces horr¨ªsono crimen ante los jueces de los reg¨ªmenes totalitarios.

La transici¨®n sin rupturas ten¨ªa sus precios. Los precios los estamos pagando hoy. El primer ministro es el antiguo secretario general del Movimiento. El jefe de la Polic¨ªa lo fue de la brigada pol¨ªtica franquista. El fiscal general, el se?or Fanjul Sede?o. La Justicia es una instituci¨®n y un aparato administrativo, pero tambi¨¦n un t¨¦rmino moral e intelectual. Moral e intelectualmente la sentencia nos parece rechazable. El hecho de que la condena que comentamos suceda en un momento de recesi¨®n de la libertad de expresi¨®n en nuestro pa¨ªs, no debe pasar inadvertido. Hace s¨®lo dos d¨ªas, el Instituto Internacional de Prensa, en una reuni¨®n a la que acudieron m¨¢s de cuatrocientos periodistas del mundo occidental, llamaba la atenci¨®n al Gobierno sobre la intervenci¨®n de los tribunales militares contra periodistas en Espa?a, y condenaba el gran n¨²mero de juicios ordinarios que tend¨ªan a dificultar las libertades de expresi¨®n. No es dramatizar decir ahora que la democracia, antes o despu¨¦s, se ver¨¢ herida de muerte si las instituciones de este pa¨ªs no son renovadas en sus hombres y en sus conceptos por servidores de la libertad. Y antes. o despu¨¦s tambi¨¦n los sectores democr¨¢ticos del partido del Gobierno tendr¨¢n que elegir por construir aqu¨ª un r¨¦gimen de libertades o de cinismos, y por garantizar al ciudadano los derechos que te¨®ricamente la Constituci¨®n le Otorga.

Por lo dem¨¢s, vamos a seguir reclamando la m¨¢xima independencia y otorgando el m¨¢ximo respeto a nuestros jueces. Pero el poder judicial dejar¨ªa de respetarse a s¨ª mismo si considerara que sus actos y sentencias no pueden ser comentados y s¨ª s¨®lo aplaudidos. Este peri¨®dico no cree haber ofendido a los tribunales y se siente hoy, en cambio, agredido por las instituciones de una democracia que considera haber contribuido como tantos otros espa?oles a construir. Pero no es en definitiva la condena de nuestro director lo que m¨¢s nos preocupa. Sino el precedente que representa para decenas de periodistas y el desgraciado s¨ªntoma de que el desencanto popular por el actual r¨¦gimen no proviene tanto de las dificultades econ¨®micas o de la amenaza del terrorismo, como del escaso valor moral de sus dirigentes por defender los principios democr¨¢ticos.

El Tribunal Supremo, pensamos, acaba de rendir un mal servicio a la normalizaci¨®n pol¨ªtica de este pa¨ªs y a la defensa de la democracia. Pero, en cualquier caso, ya sabemos que Espa?a es un lugar donde un intento de golpe de Estado apenas supone mayor pena de c¨¢rcel que dos l¨ªneas en un editorial. Nada nuevo. La historia de nuestro pa¨ªs est¨¢ plagada de consideraciones semejantes. Ser¨ªa, sin embargo lamentable que un d¨ªa no lejano pudiera llegar a escribirse lo que don Ram¨®n P¨¦rez de Ayala dijera ya en 1917 con referencia a dos sonados juicios: ?...p¨²sose de claro en la conciencia espa?ola que la Administraci¨®n de Justicia, ese ¨®rgano cordial, regulador de la vida de los pueblos,. no reg¨ªa bien. La justicia era ancilla de la politica?. A lo mejor el cad¨¢ver de don Ram¨®n es tambi¨¦n hoy acusado de desacato.