Sesenta personas procesadas en m¨¢s de cuatrocientas causas relacionadas con la libertad de expresi¨®n
Durante los cuatro primeros meses de 1980, los atentados contra la libertad de expresi¨®n en Espa?a, presentes sin duda durante toda la transici¨®n posfranquista y los primeros balbuceos democr¨¢ticos de la nueva etapa pol¨ªtica, han conocido un recrudecimiento alarmante, que ha sido puesto de relieve en numerosas ocasiones por la prensa independiente y observado con preocupaci¨®n por organismos internacionales como el Instituto Internacional de Prensa (IPI).Sesenta periodistas, escritores e intelectuales se encuentran sometidos actualmente a m¨¢s de cuatrocientas causas relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresi¨®n, reconocido en el art¨ªculo 20 de la Constituci¨®n. De entre todas estas actuaciones, existen cinco casos al menos en los que el auto de procesamiento ha sido dictado por la jurisdicci¨®n militar, procedimiento que parece estar en contradicci¨®n con la Constituci¨®n espa?ola, que garantiza que los delitos de, opini¨®n son competencia de la jurisdicci¨®n ordinaria.
Los procesamientos por presuil,tos delitos contra el Ej¨¦rcito o la Guardia Civil ocupan el prirner lugar (seis casos) entre las causas seguidas en los primeros cuatro meses, del a?o en curso; siguen a continuaci¨®n las torturas, prisiones, malos tratos, poder judial (5), esc¨¢ndalo p¨²blico (5), seguridad del Estado, apolog¨ªa del terrorismo, desobediencia a la autoridad (4), corrupci¨®n (1) y, finalmente, un procesamiento por asesinato por inducci¨®n y otro por calumn¨ªas. Llama la atenci¨®n la variada gama de actos represivos desencadenados ¨²ltimamente: no se trata s¨®lo de procesamientos o diligenclas a periodistas por delitos de opini¨®n, sino que se han producido adem¨¢s secuestros de peri¨®dicos y libros, malos tratos a un informador gr¨¢fico, intentos oficiales de manipulaci¨®n de peri¨®dicos estatales, interferencias y prohibiciones en la actividad informat¨ª va de las emisoras de radio, declaraciones de periodistas en comisar¨ªa y juzgados, detenciones, multas a editores y hasta el procesamiento militar de una realizadora de cine.
Entre los casos m¨¢s graves en relaci¨®n con el ejercicio de la libertad de expresi¨®n, sucedidos en los cuatro primeros meses de 1980, hay que se?alar los siguientes:
- El Tribunal Supremo condena, el 17 de enero a Francisco Puigdevall a seis a?os de inhabilitaci¨®n especial y multa de 20.000 pesetas, por esc¨¢ndalo p¨²blico. El motivo fue un art¨ªculo publicado en la revista Galicia Deportiva el 23 de enero de 1978, titulado ?Siete travest¨ªs se confiesan ?.
- El Juzgado Militar n¨²mero 6 de Madrid procesa el 1 de febrero al periodista Miguel Angel Aguilar, director de Diario 16, en relaci¨®n con un art¨ªculo publicado el 25 de enero, titulado ?Una intentona militar ha sido abortada en Madrid?. Miguel Angel Aguilar se neg¨® a revelar los nombres de los autores y las fuentes de la informaci¨®n, acogi¨¦ndose al secreto profesional garantizado por la Constituci¨®n.
- El 15 de febrero, Luis Mart¨ªnez Ros, director de la editorial Nuestra Cultura, es acusado del delito de esc¨¢ndalo p¨²blico por la edici¨®n de El libro rojo del cole. El juez dicta contra ¨¦l auto de prisi¨®n y es detenido. Sale en libertad bajo fianza de 500.000 pesetas, todos los ejemplares del libro hab¨ªan sido previamente secuestrados.
- El Juzgado Militar n¨²mero 2 de la IV Regi¨®n (Catalu?a) dicta el d¨ªa 16 de febrero auto de procesamiento contra Jos¨¦ lldefonso L¨®pez Tufet y Juan Jos¨¦ Sarto, por un presunto delito de injurias a la Guardia Civil, por la publicaci¨®n de un com¨ªc sobre la vida cotidiana en la Guernica de 1945, aparecido en la revista El Viejo Topo.
- El director del diario EL PAIS, Juan Luis Cebri¨¢n, es llamado a declarar el 19 de febrero ante el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 13 de Madrid, en relaci¨®n con las diligencias previas incoadas por el ministerio fiscal a causa de un art¨ªculo publicado el 27 de enero, titulado La extra?a muerte de Agust¨ªn Rueda, firmado por Joaquina Prades, quien tambi¨¦n estaba citada en las mismas diligencias para el 25 del mismo mes.
-Javier S¨¢nchez Erauskin, director de la revista Punto y Hora de
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Procesos por la libertad de expresi¨®n
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Euskalerr¨ªa, es procesado el 27 de febrero por presunto delito de apolog¨ªa del terrorismo, en el que podr¨ªa incurrir su libro Txiki y Otaegui, El juez decret¨® su libertad bajo fianza de 200.000 pesetas.
- Gregorio Mor¨¢n y Antonio Ojeda, antiguos redactor y corresponsal de Diario 16, comparecen el 27 de febrero ante la secci¨®n quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, acusados de un delito de desacato, por haber publicado una informaci¨®n titulada Un juez vinculado a la extremo derecha. El fiscal solicit¨® tres meses de arresto mayor y 100.000 pesetas de multa .para cada uno.
- Antonio Mach¨ªn, redactor de la revista La Calle, es procesado el 15 de marzo como presunto autor de un delito de injurias a la polic¨ªa, por un reportaje publicado el 27 de marzo de 1979, con el t¨ªtulo Direcci¨®n General de Seguridad: siguen torturando. Fue puesto en libertad bajo fianza de 500.000 pesetas.
- El 25 de marzo es detenido Ricardo Cid Ca?averal, redactor tambi¨¦n de la revista La Calle e Interviu, al dictar auto de prisi¨®n contra ¨¦l un juez de Barcelona, ante el que no compareci¨®, en relaci¨®n con sendos art¨ªculos publicados por ¨¦l en ambas revistas sobre el tema del poder judicial. Permanece seis d¨ªas en prisi¨®n. En estos momentos est¨¢ procesado por tres juzgados.
-El 27 de marzo comparecen ante la secci¨®n primera de la Audiencia de Barcelona Antoni Reig, director de Flash-Foto, y Antonio Alvarez Sol¨ªs, director de Interviu, ambos acusados de un delito de esc¨¢ndalo p¨²blico por la publicaci¨®n de fotograf¨ªas, de desnudos. El fiscal pide para ambos tres meses de arresto, nueve a?os de inhabilitaci¨®n y 30.000 pesetas de multa.
Francisco Garc¨ªa Salve, dirigente de CC OO y del PCE, es condenado el d¨ªa 31 de marzo por la Audiencia Provincial de Madrid a una pena de tres a?os y cuatro meses de arresto mayor y medio mill¨®n de pesetas de multa, por un delito de, injurias graves a la autoridad contenidas en su libro Yo creo en la clase obrera. El libro, que estaba secuestrado desde hacia cuatro a?os, hac¨ªa una referencia cr¨ªtica al desaparecido Tribunal de Orden P¨²blico y a uno de sus presidentes, el magistrado Jos¨¦ Francisco Mat¨¦u, asesinado en noviembre de 1978.
- El 9 de abril se dicta orden de b¨²squeda y captura y prisi¨®n incondicional contra el periodista catal¨¢n Xavier Vinade; como autor de un presunto delito de asesinato por inducci¨®n, por dos reportajes en los que denunciaba, a trav¨¦s de una entrevista con un ex polic¨ªa, las actividades de los grupos parapoliciales que act¨²an en el Pa¨ªs Vasco. Dos personas de las aludidas all¨ª fueron asesinadas posteriormente por ETA Militar.
- El d¨ªa 15 de abril, el Juzgado Militar n¨²mero 5 de Madrid dicta auto de procesamiento contra Pilar Mir¨®, realizadora de la pel¨ªcula El crimen de Cuenca, por su posible delito de injurias y calumnias a la Guardia Civil. El 2 de febrero hab¨ªa sido decretado el secuestro de todas las copias ael filme por el mismo juzgado militar.
- En la madrugada del 26 de abril, fuerzas de la Polic¨ªa Nacional secuestran todos los ejemplares del diario vasco Egin, en los que se conten¨ªa la primera entrega del serial coleccionable del Libro rojo del cole, secuestrado meses antes.
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