La aproximaci¨®n al PNV y a Convergencia, ¨²nico remedio para la "soledad centrista"

El per¨ªodo de reflexi¨®n en el que ha ingresado el Gobierno Su¨¢rez, tras el ¨¦xito jur¨ªdico-constitucional y el descalabro pol¨ªtico que ha significado para Uni¨®n de Centro Democr¨¢tico (UCD) el debate sobre la moci¨®n de censura socialista, va atener el efecto de un revulsivo sobre el partido gubernamental. Seg¨²n informaron a EL PAIS miembros del propio Gabinete, el aldabonazo parlamentario obligar¨¢ a UCD a acelerar la operaci¨®n, planificada para m¨¢s largo plazo, de aproximaci¨®n a las minor¨ªas nacionalistas vasca y catalana, como ¨²nico modo ideol¨®gicamente coherente de acabar con la evidente soledad centrista.

No hay duda de que el c¨ªrculo ¨ªntimo de Adolfo Su¨¢rez ya ten¨ªa en cartera este proyecto. El rango de vicepresidente que se hab¨ªa pensado dar a Jos¨¦ Pedro P¨¦rez-Llorca (merecedor, seg¨²n compa?eros suyos de Gobierno, del cargo de negociador universal) no era m¨¢s que una forma de colocar en su lugar, entre las prioridades del Gabinete, el dif¨ªcil entramado de pactos y negociaciones previos al necesario abrazo centrista a catalanes y vascos.Por lo que se refiere a estos ¨²ltimos, las dificultades son especialmente notables y han dejado en el camino a personas de la entera confianza de Su¨¢rez, como Fernando Abril -fracasado negociador de la integraci¨®n constitucional del PNV-, o que, como Antonio Font¨¢n, parecieron especialmente h¨¢biles para conversar con los vascos durante su etapa de presidente del Senado. La idoneidad de P¨¦rez-Llorca para el cometido no ha sido todav¨ªa puesta en duda.

La operaci¨®n consist¨ªa, en compensar los descalabros electorales en el Pa¨ªs Vasco y Catalu?a mediante acuerdos parlamentarios o de gobierno con los respectivos vencedores en ambas comunidades aut¨®nomas. Con ello se cubr¨ªa un triple objetivo: sustituir el consenso habitual de UCD con los socialistas, hegem¨®nicos hasta hace poco en sendos territorios, por el pacto con quienes derrotaron a estos ¨²ltimos; integrar en la pol¨ªtica de Estado a las principales fuerzas perif¨¦ricas y dar estabilidad al Gobierno Su¨¢rez sin hipotecarlo con la aproximaci¨®n a Fraga. El convenio con este ¨²ltimo quedaba descartado, porque intensificar¨ªa la tensi¨®n interior de los liberales y socialdem¨®cratas y dejar¨ªa por la izquierda espacio electoral que podr¨ªa f¨¢cilmente cubrir el socialismo moderado de Felipe Gonz¨¢lez. La operaci¨®n, adem¨¢s, contaba con la bendici¨®n democristiana, la corriente m¨¢s s¨®lida y a la vez m¨¢s af¨ªn a peneuvistas y convergentes.

La moci¨®n de censura socialista ha interceptado el plan, pero en realidad puede producir el efecto de su aceleraci¨®n, aunque acaso los precios nacionalistas sean ahora m¨¢s altos para UCD, dada la indigencia de apoyos que ha quedado de manifiesto. En todo caso, el ¨²nico acuerdo pol¨ªtico coherente para UCD no puede esperar hasta octubre, porque el congreso del partido centrista ser¨ªa la gran ocasi¨®n para producir una alternativa a Su¨¢rez si la debilidad parlamentaria del Gobierno continuara sin resolverse. La contrastada ineptitud de Adolfo Su¨¢rez para el debate vivo -que no significa su descalificaci¨®n para la pol¨ªtica., sino s¨®lo para ocupar la cabeza del Ejecutivo en un r¨¦gimen parlamentario- ser¨ªa un elemento decisivo para alzaprimar un nuevo l¨ªder.

Mientras tanto, personalidades responsables del Gobierno consideran necesario no descartar la colaboraci¨®n de los socialistas y cuentan con que ¨¦stos no se la nieguen para la denominada pol¨ªtica de Estado. Concretamente, Jos¨¦ Pedro P¨¦rez-Llorca insiste en la coincidencia esencial de UCD y PSOE sobre el planteamiento auton¨®mico y desea hacerla operativa. Por su parte, Juan Antonio Ortega, ministro de Coordinaci¨®n Legislativa, mantiene el prop¨®sito de contar con los socialistas para determinadas leyes, como la del Poder Judicial, y teme que la actitud subsiguiente al debate -que, por otra parte, estim¨® m¨²y positivo- dificulte el desarrollo legislativo de la Constituci¨®n. Uno de los primeros proyectos a remitir a las Cortes ser¨¢ el estatuto de Libertades P¨²blicas.