Las autonom¨ªas y la Administraci¨®n

S?LO la voluntad de no ceder terreno electoral al adversario puede explicar la oscuridad y confusi¨®n de las llamadas ofertas auton¨®micas del Gobierno y de la oposici¨®n socialista. En verdad, casi todas las preguntas son posibles en este terreno. ?Quiere el Gobierno reforzar la persona lidad de las nacionalidades hist¨®ricas o se propone, m¨¢s bien, debilitar su identidad igual¨¢ndolas con otros terri torios? ?Se trata de revisar a la baja lo ya negociado con vascos y catalanes o de modificar al alza los futuros reg¨ªmenes auton¨®micos acogidos al art¨ªculo 143? ?Qu¨¦ es el proyecto de Estado de las autonom¨ªas: un federalismo vergonzante o una descentralizaci¨®n administrativa re bautizada? ?Qu¨¦ esgrime el Gobierno: el palo o la zanahoria? ?Qu¨¦ se esconde tras la f¨®rmula esot¨¦rica de las leyes ?horizontales?, ?sectoriales? o ?competenciales?? ?Y qui¨¦nes de entre los ciudadanos entienden una cosa as¨ª, y para qu¨¦ vale? A fuerza de tecnicismos acabaremos con la vida pol¨ªtica. El mundo occidental conoce pa¨ªses de vieja tradici¨®n federal, como Estados Unidos, y naciones que, como Alemania, recuperaron recientemente esa antigua condici¨®n suya. Tanto en uno como en otro caso, el federalismo se ha tenido que ajustar a nuevas circunstancias econ¨®micas, t¨¦cnicas y pol¨ªticas, en las que muchas decisiones y normas de car¨¢cter general influyen m¨¢s intensamente que en el pasado sobre la vida global de las comunidades. La v¨ªa de ajuste es un forcejeo entre la Constituci¨®n real y la Constituci¨®n formal, que suele resolverse espont¨¢neamente en una red de acuerdos y mecanismos de cooperaci¨®n. La cl¨¢sica divisi¨®n de funciones del Estado queda as¨ª modificada parcialmente por la participaci¨®n en la elaboraci¨®n de las decisiones de las instituciones locales. Por ejemplo, los programas de actuaci¨®n de naturaleza federal se discuten primero en las C¨¢maras de representaci¨®n territorial, y su puesta en pr¨¢ctica se negocia despu¨¦s con los Estados que van a ejecutarlos. El problema de nuestro gaseoso ?stado de autonom¨ªas no es s¨®lo la ausencia de tradiciones federales y el incomprensible desaprovechamiento como C¨¢mara territorial del Senado, sino que tambi¨¦n se desaprovecha ahora la oportunidad de transformar la estructura del Estado para hacer lo propio de una vez con la de la Administraci¨®n. No se trata s¨®lo de ceder competencias del centro a la periferia, sino tambi¨¦n de suprimir intervenciones, tanto en el centro como en la periferia. En efecto, el traslado, como si de la Cibeles se tratara, de la faramalla de atribuciones de los ministerios madrile?os a los ministerios de las comunidades aut¨®nomas puede desencadenar un caos de formidables proporciones. La cesi¨®n a los organismos de autogobierno de las funciones intactas de la Administraci¨®n central puede engendrar un aumento del intervencionismo, aunque s¨®lo fuera por el placer que el nuevo poder producir¨ªa a quienes lo ejercieran, un desmesurado incremento de los gastos p¨²blicos corrientes para el mantenimiento y crecimiento de los nuevos microestados y una incordiante semipar¨¢lisis de la vida social. Antes de determinar qu¨¦ competencias son transferibles, no vendr¨ªa mal eliminar previamente todas las intervenciones entorpecedoras e in¨²tiles.Sin embargo, la segunda lectura constitucional no presagia nada bueno al respecto cuando anuncia la posibilidad de que cualquier nueva comunidad aut¨®noma pueda dotarse de un esquema organizativo paralelo al previsto para las nacionalidades hist¨®ricas. Navegando sin br¨²jula ientre el federalismo y la descentralizaci¨®n, la soluci¨®n del caf¨¦ para todos, que incluye los azucarillos de un Gobierno, un Parlamento y un tribunal propios, se da de bruces con la economicidad del Estado de autonom¨ªas, para emplear el feo neologismo ideado por el presidente Su¨¢rez, y priva de autoridad moral al Gobierno para exhortar a los ciudadanos a la austeridad. Ese esquema amenaza con no significar otra cosa que la indiscriminada transferencia de competencias ministeriales, quiz¨¢ aumentadas en puntillosidad intervencionista, a los Gobiernos auton¨®micos y la invenci¨®n de tareas y deberes para Parlamentos auton¨®micos en principio ociosos. Algo as¨ª como la calcoman¨ªa de una misma imagen distribuida por el mapa de Espa?a.

Es urgente que el Estado deje de meter el palo entre las ruedas de la vida social y qu¨¦la Administraci¨®n transfiera competencias concretas -desde ciertas autorizaciones administrativas hasta buena parte de los asuntos relacionados con la educaci¨®n- a centros de decisi¨®n auton¨®micos y locales que las aproximen a los ciudadanos. Pero la descentralizaci¨®n y los recortes al intervencionismo poco tienen que ver con la sustituci¨®n de una Administraci¨®n central por diez o quince Administraciones territoriales igualmente absorbentes, tambi¨¦n centralizadoras dentro de su ¨¢rea, tendencialmente orientadas a la ampliaci¨®n de su ¨¢mbito de poder y de las n¨®minas de funcionarios, procesos estos ¨²ltimos que siempre marchanjuntos.

Tampoco guarda relaci¨®n l¨®gica con el Estado de autonom¨ªas las exigencias de ayudas econ¨®micas o planes especiales para el Norte o para el Sur. Estos son asuntos que tienen que discutir las Cortes Generales. Porque adem¨¢s las instituciones de autogobierno y la descentralizac¨®n administrativa, tanto m¨¢s ¨²tiles cuanto m¨¢s renuncien los nuevos centros de decisi¨®n a imitar el nefasto modelo hiperintervencionista del pasado, pueden servir para muchas cosas, pero nunca para producir el milagro de los panes y de los peces.