Los nuevos ¨®rganos creados por la Constituci¨®n, esperanza para la consolidaci¨®n de la democracia

Hasta ahora, la pervivencia de los usos jur¨ªdicos preconstitucionales y la inaplicaci¨®n efectiva de la Constituci¨®n han contribuido de modo destacado a fomentar la falta de credibilidad en la democracia. El principal responsable de la iniciativa legislativa del Gobierno, Juan Antonio Ortega y D¨ªaz-Ambrona, afirma que ?la Constituci¨®n ha introducido tantos cambios en la realidad jur¨ªdica espa?ola que, hasta que no se convierta en vida social, no se cumplir¨¢?. Para el ministro de Coordinaci¨®n Legislativa, por muchas leyes que se hagan, s¨®lo cuando los principios constitucionales hayan logrado arraigar en los h¨¢bitos sociales, la Constituci¨®n ser¨¢ una realidad eficaz.Las nuevas instituciones

Desde esta perspectiva, m¨¢s que la letra de unas leyes que desarrollen la Constituci¨®n -con el peligro de que los desarrollos se impregnen de recortes y limitaciones-, ser¨¢ el funcionarmento vivo de las criaturas institucionales que dimanan de ella lo que contar¨¢ con fuerza para arraigar en la sociedad la nueva legalidad. En el caso del Tribunal Constitucional, definido por su ley org¨¢nica como ?Int¨¦rprete supremo de la Constituci¨®n?, su actividad suscita toda clase de esperanzas. Ya desde el acto de su constituci¨®n para elegir presidente y vicepresidente, los diez primeros magistrados del Alto Tribunal han convertido en realidad lo que el art¨ªculo primero de la ley predica respecto a su independencia ?de los dem¨¢s ¨®rganos constitucionales?. No se han sentido atados por pactos pol¨ªticos previos.

La innovaci¨®n b¨¢sica que el Tribunal Constitucional traer¨¢ a la vida social espa?ola -tras la experiencia republicana, que no tuvo tiempo de madurar, del Tribunal de Garant¨ªas Constitucionales- ser¨¢ la posibilidad de que se planteen jur¨ªdicamente cuestiones eminentemente pol¨ªticas. El recurso de amparo, en defensa de los derechos y libertades, es pieza esencial de este engranaje. Puede plantearlo directamente la persona afectada, y entre los efectos que la resoluci¨®n del Tribunal Constitucional es capaz de producir figura la ?nulidad de la decisi¨®n, acto o resoluci¨®n que hayan impedido el pleno ejercicio de los derechos o libertades protegidos?.

La peculiar situaci¨®n jur¨ªdica espa?ola por el desfase entre la legislaci¨®n ordinaria y la constitucional, unido a la pr¨¢ctica viciosa de algunos ¨®rganos jurisdiccionales que contin¨²an aplicando leyes obsoletas, puede producir una aut¨¦ntica inflaci¨®n de recursos de amparo. Fuentes jur¨ªdicas de toda solvencia han advertido que en el derecho comparado existe un ¨ªndice muy alto de no admisi¨®n a tr¨¢mite de demandas por parte de los tribunales de este car¨¢cter, que en el caso espa?ol podr¨ªa acentuarse a causa de la falta de pr¨¢ctica en la interposici¨®n de este tipo de recursos. En todo caso, la inadmisi¨®n de las demandas de amparo -contra la que no cabe recurso alguno- est¨¢ objetivada y tasada en la ley del Tribunal Constitucional, considerada por los especialistas como muy perfecta t¨¦cnicamente.

Otra instituci¨®n creada por la Constituci¨®n y muy importante para su correcta aplicaci¨®n es el Consejo General del Poder Judicial, cuya ley org¨¢nica regula el autogobierno del poder judicial y el nombramiento y r¨¦gimen de su miembros, que compete al Consejo General. La reciente ruptura del consenso entre centristas y socia listas ha impedido el acuerdo parlamentario sobre los ocho consejeros que corresponde proponer a la C¨¢maras. En consecuencia, el Consejo General del Poder Judicial no ha podido constituirse ni, por tanto, proponer los dos miembros del Tribunal Constitucional que le corresponden. La regulaci¨®n de la justicia se completar¨¢ en su d¨ªa cuando se apruebe el proyecto de ley org¨¢nica del Poder Judicial, actualmente en tr¨¢mite en la Comisi¨®n de Justicia del Congreso. El proyecto de ley citado establece, entre otras l¨ªneas maestras, la plena independencia del poder judicial respecto al Gobierno y la Administraci¨®n.

La arquitectura institucional del nuevo r¨¦gimen se completa con otra ley org¨¢nica ya vigente, la del Consejo de Estado, mientras que se encuentran tambi¨¦n en tramitacion los proyectos de ley del Tribunal de Cuentas, del Estatut org¨¢nico del ministerio fiscal y del Goblerno, de la Administraci¨®n del Estado y de la funci¨®n p¨²blica

45 leyes en un a?o

Durante los dos ¨²ltimos per¨ªodos de sesiones, entre septiembre y junio, al margen de los cr¨¦dito extraordinarios y la ratificaci¨®n de convemos de segundo orden, han sido aprobadas por el Parlamento un total de 45 leyes, cuya iniciativa se distribuve as¨ª: treinta corresponden a otros tantos proyectos remitidos por el Gobierno a la Cortes Generales, trece son consecuencia de proposiciones de ley planteadas por el propio Parlamento (de ellas, cinco son de procedencia socialista: cuatro, centrista: una comunista; otra compartida por socialistas y comunistas: otra de Coalici¨®n Democr¨¢tica,y una ¨²lrtima a iniciativa del Senado) y dos proceden de la iniciativa originaria de las asambleas de parlamentarios del Pa¨ªs Vasco y de Catalu?a, que, tras el proceso de tramitaci¨®n de los respectivos estatutos de autonom¨ªa, produjeron sendas leyes org¨¢nicas.

De las leyes debidas a la iniciativa gubernamental cabe destacar, jurito a las ya citadas de car¨¢cter institucional, las que afectan m¨¢s directamente al desarrollo de la Constituci¨®n, como la ley de libertad religiosa (pendiente de publicaci¨®n en el BOE). caracterizada por su flexibilidad; la que regula la.s distintas modalidades de refer¨¦ndum, ajustada seg¨²n el Gobierno a la Constituci¨®n, pero impugnada por las fuerzas pol¨ªticas autonomistas, especialmente enAndaluc¨ªa; la que incorpora a los planes de estudio de bachillerato y formaci¨®n profesional de primer grado el conocimiento del ordenamiento constitucional y la ley de la Defensa y la Organizaci¨®n Militar (todav¨ªa no publicada en el BOE), que establece las competencias de los distintos ¨®rganos del Estado en ma.teria de defensa nacional y especifica la estructura y funciones de las Fuerzas Armadas.

Por el car¨¢cter pol¨¦mico que presidi¨® su tramitaci¨®n parlamentaria y la importancia social de los temas que regulan, resaltan tres leyes que re¨²nen la denominaci¨®n corn¨²n de estatuto: el de centros escolares, que ser¨¢ objeto del primer recurso de inconstitucionalidad contra una ley, planteado por los socialistas, el de los trabajadores, que dividi¨® a la izquierda -socialistas a favor, comunistas en contra- durante los debates, y el de Radio y Televisi¨®n, para cuya vigencia efectiva es precijso el acuerdo UCD-PSOE. La imposibilidad de obtenerlo hasta ahora para elegir, por mayor¨ªa de tres quintos del Parlamento, los consejeros de administraci¨®n de RTVE, puede inclinar al Goberno a rebajar este qu¨®rum, mediante la reforma de esta ley.

Entre otras leyes producidas por el Parlamento durante el ¨²ltimo a?o legislativo figura la ley sobre fincas manifiestamente mejorables, que ya ha comenzado a surtir efecto sobre los propietarios de latifundios en Andaluc¨ªa y Extremadura, que est¨¢n percibiendo indicios de que si no mejoran sus explotaciones ser¨¢n expropiados. La ley que crea el Consejo de Segur?dad Nuclear tiene la importancia de que este ¨®rgano deber¨¢ informar sobre las nuevas instalaciones nucleares que se proyecten.

En sus respectivos ¨¢mbitos ofrecen inter¨¦s la ley sobre el r¨¦gimen jur¨ªdico del control de cambios; las reformas parciales del C¨®digo Penal -en materia de delitos relativos a la libertad de expresi¨®n, reuni¨®n y asociaci¨®n- y de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que reduce la discrecional idadjudicial para decretar la libertad provisional; el convenio europeo para la represi¨®n del terrorismo, hecho en Estrasburgo, y la carta social europea de Tur¨ªn.

Entre las leyes que provienen de iniciativa parlamentaria, el m¨¢ximo inter¨¦s general corresponde a la de extracci¨®n y trasplantes de ¨®rganos (socialista), complementada con la de autopsias cl¨ªnicas (centrista). Otras dos leyes de iniciativa-socialista afectan a las pensiones y asistencia a los familiares de espa?oles fallecidos a causa de la guerra civil y a la situaci¨®n de los militares que intervinieron en ella. Los comunistas promovieron la ley sobre funcionarios de las corporaciones locales y a Coalici¨®n Democr¨¢tica se debi¨® la que reglamenta las encuestas electorales.

El criterio gubernamental en orden a la actividad legislativa es en este momento no contribuir al atasco del Parlamento, en donde est¨¢ pendiente de tramitaci¨®n la parte m¨¢s importante de los paquetes de leyes remitidos por el ejecutivo desde el comienzo de la legislatura. Concretamente en las distintas comisiones del Congreso se encuentran penclientes de estudio para septiembre nada menos que veintis¨¦is proyectos de ley, algunos de ellos tan trascendentes como el nuevo C¨®digo Penal, la ley org¨¢nica del poder judicial, la de financiaci¨®n de la ense?anza obligatoria, la del divorcio y la de seguridad ciudadana.

El Gobierno tiene conciencia de que las leyes importantes, especialmente las org¨¢nicas, o se pactan con la oposici¨®n, fundamentalmente con el PSOE, o exper¨ªmentan retrasos considerables. Ante la ingente cantidad de proyectos legales pendientes de discusi¨®n y de alcanzar el m¨ªninic, de consenso necesario, el Gabinete va a detener relativamente su capacidad de y va a dedicar este esfuerzo a contribuir al m¨¢ximo grado posible de agilidad legislativa en las C¨¢maras. Previsoramente, el ministro adjunto para la producci¨®n legislativa opt¨® por la denominaci¨®n de Coordinaci¨®n Legislativa, que se adapta mejor a la funci¨®n que va a corresponder al equipo dirigido por Juan Antonio Ortega, con Manuel Villar Arregui y Carlos Garc¨ªa Vald¨¦s como pn ncipales colaboradores. Los tres son personas aptas para intentar forzar el consenso, necesario en determinados temas y cada vez m¨¢s dif¨ªcil de alcanzar.

Para el caso improbable de que la tramitaci¨®n parlamentaria se haga fluida, sobre la mesa de despacho del ministro adjunto para la Coordinaci¨®n Legislativa hay diez anteproyectos, pendientes s¨®lo de los ¨²ltimos toques para someterlos al Consejo de Ministros y remitirlos a las Cortes Generales. Regulan el medio ambiente, la huelga (ley complicada y que requiere un ?previo enfriamiento?, seg¨²n Juan Antonio Ortega), archivos y patrimonio documental, extranjer¨ªa, consumidores, protecci¨®n de la infancia y, menores, patrimonio art¨ªstico, a:rbitraje, patrimonio nacional y patrimonio del Estado.

Otra reserva legislativa reside en los grupos parlamentarios. En este momento, entre las proposiciones de ley pendientes de estudiar destaca la socialista sobre el defensor del pueblo, una de las instituciones creadas por la Constituci¨®n de 1978. Por su parte, el grupo centrista del Senado est¨¢ dando los ¨²ltimos toques a su Estatuto de Libertades P¨²blicas. La agenda legislativa para septiembre est¨¢ repleta.