Huelga en los puertos
LA HUELGA que desde hace un mes tiene pr¨¢cticamente paralizados los puertos espa?oles y que est¨¢ provocando graves p¨¦rdidas a la econom¨ªa del pa¨ªs tuvo su origen en dos convenios. Uno, el firmado entre la Coordinadora de Estibadores Portuarios y Comisiones Obreras y la Organizaci¨®n de Trabajos Portuarios (OTP), organismo aut¨®nomo del Ministerio de Trabajo. El segundo, suscrito diez d¨ªas antes por UGT y ANESCO, asociaci¨®n patronal que engloba a las empresas consignatarias m¨¢s fuertes del pa¨ªs.Se inici¨® entonces, por parte de la coordinadora y de CC OO, una huelga selectiva contra las empresas afiliadas a ANESCO, que, despu¨¦s, fue contestada con un cierre patronal. El Ministerio de Trabajo, del que depende la OTP, dict¨® un laudo que no solucion¨® el problema, y los puertos siguieron paralizados.
Lo que este conflicto ha puesto en entredicho es la supervivencia de un controvertido modelo de contrataci¨®n, que desde hace largos a?os ha venido marcando la actividad laboral en los puertos espa?oles. La OTP, constituida cuando Gir¨®n ostentaba la cartera de Trabajo, trat¨® de evitar el mercado negro de trabajadores existente entonces en los puertos. Si en aquel momento tuvo alg¨²n sentido su nacimiento, hoy urge, si no su desaparici¨®n, s¨ª su reestructuraci¨®n. La OTP, que es una empresa intermediaria entre las consignatarias y los estibadores, sigue manteniendo una estructura verticalista m¨¢s propia del pasado que de los tiempos actuales.
Si bien es cierto que los propios estibadores apoyan decididamente su supervivencia, este apoyo viene, sobre todo, del temor de los obreros portuarios a perder su puesto de trabajo. Puesto de trabajo que, hoy por hoy, y a trav¨¦s de la OTP, tienen garantizado, pero que ha hecho que la actividad portuaria se haya convertido en un coto cerrado, cayendo en los mismos vicios que con su creaci¨®n se quisieron evitar.
La soluci¨®n no parece estar en la privatizaci¨®n de los puertos ni tampoco en permitir a las empresas estibadoras la libre contrataci¨®n. Por un lado, porque algunas empresas -compuestas por el empresario y una mecan¨®grafa- no tienen la entidad suficiente como para mantener en n¨®mina el n¨²mero de obreros necesario para desarrollar su labor con normalidad. Por otro lado, y en esto tienen cierta raz¨®n los estibadores, porque se facilitar¨ªa nuevamente la existencia de listas negras en el censo de los puertos.
Junto con la reestructuraci¨®n de la OTP, a la que segura mente habr¨ªa que desvincular del Ministerio de Trabajo, parece necesaria una reforma profunda de la actividad. desarrollada en los puertos. Sin ella, Espa?a puede verse relegada, en su totalidad, a puerto de segundo orden. Hace tiempo que Marsella gan¨® sobre Barcelona la hegemon¨ªa en el Mediterr¨¢neo, y los altos costes de nuestros puertos, que no s¨®lo proceden de operaciones de carga y descarga, han hecho que algunas multinacionales est¨¦n pensando en la posibilidad de construir un superpuerto en Grecia para evitar el paso por otros puertos mediterr¨¢neos, incluidos los espa?oles. Hay empresas de nuestro Estado que prefieren hacer su transporte por v¨ªa terrestre hasta Hamburgo, para desde all¨ª embarcar las mercanc¨ªas hacia su punto de destino.
A esta situaci¨®n ha contribuido en gran medida la propia OTP, que ha actuado con un gran paternalismo y que probablemente es la ¨²nicaempresa prestamista que cuenta con el apoyo de sus trabajadores. El rendimiento en nuestros puertos es de dos veces y media a tres veces inferior al de los puertos n¨®rdicos, a pesar de que las tablas vigentes corresponden a ¨¦pocas en las que la mecanizaci¨®n no era tan completa c¨®mo lo es hoy.
La OTP no se ha preocupado de avanzar en otros aspectos distintos a los puramente econ¨®micos, como la seguridad, productividad, etc¨¦tera, interesada casi exclusivamente en cobrar por los obreros prestados. Y su misma estructura hace mucho tiempo que dej¨® de tener sentido. Que sus ¨®rganos directivos sean miembros del Ministerio de Trabajo puede dar lugar a situaciones tan contradictorias como las que se han producido en este conflicto: la direcci¨®n de una empresa que dicta su propio laudo.
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