Predicar con el ejemplo

EN VISPERAS de que el nuevo Gobierno haga p¨²blico su programa econ¨®mico y los ministros comiencen a instrumentarlo, parece obligado recordar, a la vez, las sombr¨ªas perspectivas que nos aguardan y la inexistencia de recetas milagrosas o b¨¢lsamos de Fierabr¨¢s para desvanecerlas.Nuestro desarrollo econ¨®mico se halla pr¨¢cticamente detenido y 1980 se cerrar¨¢ seguramente con un crecimiento negativo. Nuestra tasa de inflaci¨®n, situada entre el 14% y el 15%, aunque en ligera desaceleraci¨®n, no ha entrado todav¨ªa en la ¨®rbita media -entre el 9% y el 10%-de los pa¨ªses de la OCDE. El sector exterior cerrar¨¢, en diciembre, con un fuerte d¨¦ficit, debido en su mayor parte a la elevaci¨®n del precio de los crudos, pero tambi¨¦n a la disminuida capacidad de respuesta de nuestras exportaciones. El estancamiento de la producci¨®n ha llevado a un progresivo aumento del paro, ya situado en un 11 % sobre la poblaci¨®n activa, frente al 5 % de los pa¨ªses de la OCDE, pero susceptible de incrementarse todav¨ªa m¨¢s y de precipitarnos en la cat¨¢strofe del hambre, la frustraci¨®n y la desesperaci¨®n. A la incapacidad del aparato productivo para generar empleo se une, por lo, dem¨¢s, la tendencia de las empresas a amortizar puestos de trabajo para elevar su relajada productividad y para evitar compromisos laborales, que s¨®lo pueden cancelar mediante elevadas indemnizaciones.

Ahora bien, la idea de que ese oscuro callej¨®n puede transformarse en un luminoso paisaje mediante el relanzamiento a cualquier precio de la actividad econ¨®mica es un simple dislate. Vivimos en un mundo sombr¨ªo, pero no en el peor de los mundos posibles.

Ante todo, la cura de urgencia que necesitamos deber¨¢ poner fin al desequilibrio del d¨¦ficit del sector p¨²blico. Si de verdad lo quiere, el Gobierno podr¨ªa empezar ma?ana mismo la ordenaci¨®n de ¨¦ste, aunque s¨®lo fuera anunciando las l¨ªneas maestras de sus planes de austeridad y saneamiento y dando como prenda algunas pruebas inmediatas de su sinceridad para acometerlos.

A fin de lograr el restablecimiento de la disciplina, cortar la gangrena de los gastos corrientes, el crecimiento de los gastos de personal de las diversas administraciones p¨²blicas no deber¨ªa rebasar el 10% en 1981. La congelaci¨®n de sectores que han tenido aumentos muy generosos en los dos ¨²ltimos a?os, el fin de la viciosa pr¨¢ctica de las recalificaciones de puestos de trabajo o del tr¨¢nsito semiclandestino del personal contratado a los escalafones de funcionarios parecen medidas dolorosas, pero urgentes y necesarias.

La austeridad de sueldos y salarios del sector p¨²blico y la revisi¨®n de los dem¨¢s gastos corrientes constituyen, en todo caso, una condici¨®n previa para proponer a la sociedad espa?ola una pol¨ªtica de rentas en 1981. Es cierto que los logros conseguidos en la lucha contra la inflaci¨®n, logros que es preciso mantener a toda costa para frenar el paro y relanzar la inversi¨®n, estar¨ªan condenados a perderse si durante el pr¨®ximo a?o los convenios se movieran por encima del crecimiento de la masa salarial que nuestros competidores europeos prev¨¦n para sus propios pa¨ªses en 1981.

Pero el Gobierno no podr¨ªa insinuar o promover una pol¨ªtica de rentas de ese tipo, de cuyo ¨¦xito depender¨ªa la ca¨ªda de los tipos de inter¨¦s y el consiguiente efecto estimulante para la inversi¨®n y para la creaci¨®n de puestos de trabajo, si no predicara antes con el ejemplo. La reducci¨®n de los gastos p¨²blicos corrientes ser¨ªa el escaparate en el que la sociedad espa?ola podr¨ªa comprobar que la austeridad que se le predica desde el Estado y la exhortaci¨®n a la pol¨ªtica de rentas que se le lanza desde la Administraci¨®n no son, como ha sucedido hasta ahora, el equivalente de esos consejos que los bien alimentados dan a los fam¨¦licos sobre las ventajas para la salud de una dieta a pan y agua.