El aplazamiento en el pago de las pensiones de la guerra civil ser¨¢ debatido hoy en el Congreso

El Pleno del Congreso de los Diputados decidir¨¢ esta tarde la convalidaci¨®n de un real decreto-ley, del 26 de septiembre, sobre fraccionamiento en el pago de los atrasos de pensiones derivadas de la guerra civil. Con la convalidaci¨®n de este decreto-ley se aplaza el pago de 70.000 millones de pesetas, se modifican algunos puntos de la Ley n¨²mero 5/79, eliminando diferencias existentes en relaci¨®n a los funcionarios del Estado, y se acuerda abonar 100.000 pesetas a todos los pensionistas, cualquiera que sea el importe de los atrasos.La cantidad que correspond¨ªa asignar a estas pensiones de la guerra civil en el presupuesto de 1981 era de 130.000 millones de pesetas, cantidad considerada por fuentes del Ministerio de Hacienda como ?exorbitante?, teniendo en cuenta, adem¨¢s, la mala coyuntura econ¨®mica y la necesidad de mayor inversi¨®n p¨²blica para crear empleo.

Aplazado el pago de 70.000 millones por este decreto-ley, quedan asignados en el presupuesto 60.000 millones de pesetas. Con esta reducci¨®n, el crecimiento de los gastos corrientes del Estado pasa del 29 % al 21 %. Fuentes consultadas en Hacienda estiman que ?era urgente e imprescindible adoptar esta medida, ante el elevado n¨²mero de personas afectadas y que, por la falta de antecedentes debidamente contrastados, era imposible evaluar previamente?. Seg¨²n los ¨²ltimos datos de fuentes solventes, parece ser que ?el n¨²mero de pensiones que se ha de reconocer como consecuencia de la guerra civil ascender¨¢ a unas 94.000, oscilando el valor individual de los atrasos, que son objeto de fraccionamiento -referidos al per¨ªodo 1976-1980-, desde 500.000 pesetas hasta cerca de once millones de pesetas.

Lo que m¨¢s ha sorprendido a los t¨¦cnicos de Hacienda es que el Parlamento pudiera aprobar, por razones pol¨ªticas, un compromiso de gasto p¨²blico de magnitud desconocida. Sin esta medida, el gasto de clases pasivas iba a pasar de los 149.000 millones de pesetas previstos inicialmente en el presupuesto de 1980 a 309.000 millones para 1981. Las cantidades que se aplazan devengar¨¢n un inter¨¦s del 8%, que es igualmente el inter¨¦s' que el Estado percibe cuando se aplaza el pago de una deuda tributaria.

La segunda parte del real decreto-ley introduce modificaciones en la Ley 5/79, por las que se reduce el 100% la pensi¨®n en favor de las hu¨¦rfanas de miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden P¨²blico, con lo que estas pensiones se ponen en l¨ªnea con la legislaci¨®n general vigente. Tambi¨¦n se establece la imposibilidad de reconocer dos pensiones por el fallecimiento de una misma persona. ?La interpretaci¨®n literal de la ley?, han comentado funcionarios de Hacienda a EL PAIS, ?ha dado lugar a casos tan curiosos como el de que, por fallecimiento de una misma persona durante la guerra -por ejemplo, un oficial de las Fuerzas Armadas-, se solicitaba una pensi¨®n al amparo de la Ley 5/79, que alcanzaba una cuant¨ªa del 200%, y otra pensi¨®n ordinaria por la condici¨®n del causante?.

Los afectados por la ley, que se convierten en pensionistas por la guerra civil, ascienden a 218.000, mientras el resto de los pensionistas suman 450.000.

Al conocerse los primeros datos del n¨²mero de pensionistas y de la cuant¨ªa de las pensiones, los ministros econ¨®micos consideraron -en la reuni¨®n de Fuensalida (Toledo), presidida por Abril Martorell- dos propuesta: una consist¨ªa en la simple derogaci¨®n de la ley citada, y que fue desestimada, y otra consist¨ªa en aplazar los atrasos aceptando el principio del reconocimiento.