Aprobado el fraccionamiento de pensiones a familiares y mutilados del Ej¨¦rcito republicano

El Pleno, del Congreso convalid¨® ayer un decreto-ley sobre fraccionamiento en el pago de atrasos de pensiones a familiares de fallecidos con ocasi¨®n de la guerra civil y a jubilados del Ej¨¦rcito republicano, y seguidamente aprob¨® su tramitaci¨®n urgente como proyecto de ley. Apoyaron la convalidaci¨®n 165 diputados (UCD, Minor¨ªa Catalana y CD) y votaron en contra 134, pertenecientes a los grupos Socialista, Comunista, PNV y andalucista. La izquierda dedic¨® un pateo al ministro de Hacienda y uno de sus portavoces, el socialista Francisco Ramos, insisti¨® en que ?siempre se rompe la cuerda por la parte m¨¢s d¨¦bil?.

Present¨® el decreto-ley, publicado en el Bolet¨ªn Oficial del Estado del pasado 1 de octubre, el ministro de Hacienda, Jaime Garc¨ªa A?overos. Asegur¨® que el Gobierno no trataba de modificar el esp¨ªritu de sendas leyes aprobadas por el Parlamento a iniciativa socialista y comunista, en beneficio de los familiares y mutilados del bando republicano. Garc¨ªa A?overos manifest¨® las razones econ¨®micas que apoyaban el decreto-ley, fundamentalmente la necesidad de reducir los gastos corrientes. Indic¨® que el aplazamiento de pago previsto en el decreto ley permitir¨ªa reducir en el presupuesto de 1980 70.000 millones de pesetas en los gastos correspondientes a clases pasivas.El ministro de Hacienda explic¨® tambi¨¦n que la conveniencia del decreto-ley est¨¢ avalada por la imprecisi¨®n en el n¨²mero de quienes tienen derecho a la percepci¨®n de las pensiones, que, en todo caso, es muy superior a lo previsto cuando se discutieron las proposiciones de ley de la izquierda. En total, los pensionistas superan los 200.000. A?adi¨® que por una mala interpretaci¨®n de dichas leyes se hab¨ªan producido algunos casos de abuso o duplicidad en las pensiones. Como complemento al fraccionamiento del pago de las pensiones destac¨® que el decreto-ley ampl¨ªa hasta el 1 de julio de 1981 la presentaci¨®n de instancias y que las cantidades atrasadas devengar¨¢n un inter¨¦s del 8% anual. Entre las intervenciones contrarias a la convalidaci¨®n del decreto-ley destac¨® la del socialista Francisco Ramos Fern¨¢ndez-Torrecilla, quien expres¨® la oposici¨®n socialista por el car¨¢cter injusto de la citada disposici¨®n. Censur¨® al Gobierno por acordarse s¨®lo de las viudas y mutilados de guerra a la hora de reducir los gastos corrientes. Record¨® que a las viudas y mutilados del bando nacional se les han venido pagando las pensiones durante cuarenta a?os, mientras que el aplazamiento de las nuevas pensiones cercena el car¨¢cter de reconciliaci¨®n con que se aprobaron aquellas leyes.

El diputado socialista declar¨® que en el presupuesto para 1981 van a aumentar las asignaciones para comidas de los altos cargos y dijo tambi¨¦n que se podr¨ªan haber reducido las pensiones a ex ministros de Franco, en lugar de fraccionar y aplazar el pago a personas cuya media de edad supera los 65 a?os. Asegur¨® que nadie se va a creer, sobre todo los afectados, que se mantiene el esp¨ªritu de aquellas leyes si se fraccionan las pensiones. A?adi¨® que le entristec¨ªa el voto favorable a la convalidaci¨®n del decreto-ley por parte de la Minor¨ªa Catalana.

Previamente, en nombre de la Minor¨ªa Catalana, Ram¨®n Tr¨ªas aludi¨® al agravio comparativo que pod¨ªa producirse con la aplicaci¨®n de las leyes origen de las pensiones y expres¨® el apoyo al decreto-ley, siempre que se tramite como proyecto de ley.

En nombre del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Gerardo Bujanda manifest¨® su voto contrario a la convalidaci¨®n del decreto-ley, al que acus¨® de falta de sentido social. ?M¨¢s que el problema econ¨®mico de las viudas y mutilados de la Rep¨²blica, se trata de resolver una situaci¨®n de justicia?, dijo. A?adi¨® que el fraccionamiento en seis a?os por falta de un suficiente conocimiento estad¨ªstico de los pensionistas ser¨¢ dif¨ªcil de creer por las personas m¨¢s modestas beneficiarias de las pensiones.

El debate lo inici¨® el comunista Emerit Bono, quien destac¨® que m¨¢s que dificultades econ¨®micas, se trataba de ?dificultades? pol¨ªticas. Se opuso a que fuera posible fraccionar el sufrimiento padecido durante cuarenta a?os y apunt¨® el peligro de que quede desvirtuada la reconciliaci¨®n pretendida con las leyes de la izquierda. A?adi¨® que 70.000 millones de pesetas no es un problema tan serio y que podr¨ªan reducirse los gastos fiscales.

La ¨²ltima intervenci¨®n de los grupos correspondi¨® a Jos¨¦ Miguel Bravo de Laguna (UCD), quien asegur¨® que ning¨²n aspecto moral queda cercenado por el decreto-ley. El malestar creado en la parte izquierda del hemiciclo por esta intervenci¨®n fue recogido al final de las palabras que cerraron el debate por parte del Gobierno. Garc¨ªa A?overos, quien justific¨® de nuevo con razones econ¨®micas el decreto-Iey, a la vez que anunci¨® en los presupuestos para 1981 otras reducciones del gasto p¨²blico, escuch¨® un fuerte pateo y gritos de ?Fuera? al t¨¦rmi

no de sus palabras.

La "herencia" de Otero

La sesi¨®n plenaria se inici¨® con la convalidaci¨®n, por 163 votos a favor, 132 en contra y una abstenci¨®n, del decreto-ley sobre medidas urgentes para la iniciaci¨®n del curso escolar 1980-1981, ampliaci¨®n de plantillas y confecci¨®n de suplementos de cr¨¦dito. Por indicaci¨®n del ministro de Educaci¨®n, Juan Antonio Ortega, al nuevo portavoz del grupo, Miguel Herrero, el Gobierno acept¨® la tramitaci¨®n del decreto-ley como proyecto de ley; as¨ª fue aprobado por unanimidad.

Finalmente el Pleno del Congreso convalid¨®, por 168 votos a favor y 123 en contra, el decreto-ley sobre financiaci¨®n de los ayuntamientos y tasa de juego. Este decreto eleva de un 15% a un 20% el tipo impositivo sobre el juego del bingo, con el fin de obtener nuevos ingresos para financiar la inversi¨®n p¨²blica. Los ayuntamientos, como ya es sabido, participan en un 25% en estos impuestos. Asimismo, por este decreto participar¨¢n en un 1 %, en los impuestos sobre la renta de las personas f¨ªsicas y en un 10% sobre la imposici¨®n indirecta del Estado, que se eleva desde el anterior 8,5 %.

El diputado comunista Ram¨®n Tamames se pronunci¨® en contra, por entender que el decreto-ley no atiende las verdaderas necesidades de los ayuntamientos, y lanz¨® un fuerte ataque contra lo que juzg¨® extensi¨®n incontrolada del juego, en el que, seg¨²n sus c¨¢lculos, se gastar¨¢n los espa?oles este a?o 857.000 millones de pesetas.

Tambi¨¦n los socialistas se pronunciaron en contra por considerar, como dijo el diputado Santiago Marraco, que nada tiene que ver la financiaci¨®n de los ayuntamientos con el aumento de la tasa sobre el juego, que es lo que verdaderamente se pretende con este decreto.