Amnist¨ªa Internacional y el s¨ªndrome del mensajero

INCLUSO ANTES de que Amnist¨ªa Internacional anunciara la entrega al Gobierno espa?ol de una serie de recomendaciones -basadas en las informaciones facilitadas por una comisi¨®n que viaj¨® por Espa?a hace un a?o- en relaci¨®n con la situaci¨®n de los derechos humanos en nuestro pa¨ªs, empezaron a detectarse los primeros s¨ªntomas de nerviosismo en ambientes de alguna manera conectados con esferas oficiales. Parece obvio que resulta in¨²til especular sobre el contenido detallado de ese informe mientras no se haga p¨²blico, y que es decididamente absurdo adoptar ninguna posici¨®n sobre la veracidad o falsedad de unos hechos que simplemente se ignoran. Hasta ahora solamente se conoce la cr¨ªtica dirigida por Amnist¨ªa Internacional contra la legislaci¨®n antiterrorista.Ahora bien, tal vez resulte oportuno se?alar que cualquier intento de descalificar de antemano los resultados de esa encuesta por su origen, y no por el an¨¢lisis y el cotejo de las pruebas que eventualmente se aporten, ser¨ªa improcedente y rechazable. Amnist¨ªa Internacional puede acertar o equivocarse de forma parcial o total en sus investigaciones, si bien no resulta f¨¢cil que una organizaci¨®n tan prudente y con tanta experiencia en cribar intoxicaciones otorgue sin m¨¢s luz verde a las conclusiones de una comisi¨®n o las declaraciones de los encuestados. Sin embargo, parece fuera de duda que esta benem¨¦rita instituci¨®n privada, galardonada con el Premio Nobel de la Paz de 1977 y que se ha ocupado de las violaciones de los derechos humanos en el Este, en Occidente y en el Tercer Mundo sin reparar en los sistemas pol¨ªticos que las realizan o las permiten, no est¨¢ manipulada por ninguna misteriosa organizaci¨®n secreta ni participa en ninguna siniestra conjura contra el r¨¦gimen constitucional espa?ol.

En este sentido ser¨ªa simplemente abochornante que las instituciones democr¨¢ticas de nuestro pa¨ªs reaccionaran con el conocido estilo paranoico que presidi¨® las campa?as contra el contubernio de Munich o contra las protestas de la opini¨®n p¨²blica europea ante los abusos cometidos por el r¨¦gimen anterior con delincuentes que hoy d¨ªa se sientan en el Parlamento. Amnist¨ªa Internacional puede equivocarse. Pero la ¨²nica forma de demostrarlo seria aportar las pruebas pertinentes, y no cortar la cabeza del mensajero que comunica las malas noticias. El campo de los derechos humanos, como reconoci¨® en su d¨ªa el propio Gobierno espa?ol a trav¨¦s de su ministro de Asuntos Exteriores, no puede ser dividido en parcelas cuyas lindes sean las fronteras de los Estados. Tampoco la denuncia de su conculcaci¨®n corresponde s¨®lo a los congresos de los diputados, en la l¨ªnea de condenas como la que aprob¨® la C¨¢mara Baja espa?ola -con los votos centristas- contra el r¨¦gimen chileno, o a los partidos pol¨ªticos. Organizaciones como Amnist¨ªa Internacional tienen derecho a que su voz sea escuchada con atenci¨®n, y Gobiernos democr¨¢ticos como el espa?ol tienen el deber de no despacharla como un ruido molesto y de no colaborar a campa?as de linchamiento moral o de descr¨¦dito pol¨ªtico contra quienes, en ¨²ltima instancia, s¨®lo pretenden ayudar a la consolidaci¨®n de las libertades en nuestro pa¨ªs.

Ni que decir tiene que estas reflexiones no implican el olvido de las violaciones de los derechos humanos -cuya base misma es el derecho a la vida- perpetradas por las organizaciones terroristas. Que Amnist¨ªa Internacional se haya especializado en la investigaci¨®n de otros atropellos no significa que sus miembros las desconozcan o -menos a¨²n- las aplaudan. En cualquier caso, la denuncia de eventuales infracciones de nuestra legalidad constitucional por miembros aislados o sectores aut¨®nomos del aparato estatal no anula la condena de los salvajes cr¨ªmenes terroristas, en cuya persecuci¨®n, que incluye a los c¨®mplices y encubridores materiales de sus autores, se pueden cometer precisamente violaciones de los derechos humanos igualmente rechazables.

El adelanto facilitado por Amnist¨ªa Internacional hace referencia, por lo dem¨¢s, a la legislaci¨®n antiterrorista, promulgada en diciembre de 1978 y prorrogada en diciembre de 1979, como causa mediata de esas presuntas violaciones y como norma en s¨ª misma criticable. Recordemos que, si bien los senadores y diputados socialistas no han interpuesto el recurso de inconstitucionalidad contra esa normativa, ejerciendo esa acci¨®n s¨®lo contra el Estatuto de Centros Docentes y algunas disposiciones relacionadas con el r¨¦gimen local, la izquierda parlamentaria y buen n¨²mero de juristas y expertos la consideraron, en el momento de ser prorrogada, fuera del ¨¢mbito de la Constituci¨®n. Nadie deber¨ªa, pues, escandalizarse de que Amnist¨ªa Internacional coincida con esas opiniones, a menos, claro est¨¢, que apliquemos el esp¨ªritu del alcalde de M¨®stoles para juzgar de asuntos tan universales como las garant¨ªas procesales de los derechos humanos.