Dictaminado el proyecto de ley sobre seguridad ciudadana

La Comisi¨®n Constitucional del Congreso de los Diputados aprob¨® ayer el proyecto de ley org¨¢nica sobre los supuestos previstos en el art¨ªculo 55.2 de la Constituci¨®n, referidos a la seguridad ciudadana, que sustituir¨¢ a la ley Antiterrorista vigente, en virtud de un decreto-ley de diciembre de 1979, que prorrog¨® la ley de 1978, inicialmente prevista para un a?o. Los centristas contaron con el apoyo de Coalici¨®n Democr¨¢tica y Minor¨ªa Catalana, mientras que socialistas, comunistas, PNV y andalucistas votaron en contra de casi todos los art¨ªculos que desarrollan el 55 de la Constituci¨®n, sobre suspensi¨®n de derechos y libertades en relaci¨®n con las investigaciones correspondientes a la actuaci¨®n de bandas armadas o elementos terroristas.

La ley, tramitada por procedimiento de urgencia, impedir¨¢ que el Parlamento convalide un nuevo decreto-ley de pr¨®rroga. El debate estuvo centrado sobre la adecuaci¨®n de la nueva ley a la Constituci¨®n, tras ser rechazada la enmienda a la totalidad del proyecto, defendida por Gerardo Bujanda (PNV), quien se aline¨® con la izquierda enla mayor¨ªa de las votaciones. En cambio, el diputado de la Minor¨ªa Catalana Miguel Roca vot¨® casi siempre con UCD y CD.La t¨®nica general de la sesi¨®n se rompi¨® al llegar al art¨ªculo que atribuye a los juzgados centrales de instrucci¨®n y a la Audiencia Nacional el conocimiento y fallo de las causas derivadas de acciones que atenten contra la seguridad ciudadana. Los partidos de ¨¢mbito estatal UCD y PSOE votaron juntos a favor, mientras que lo hicieron en contra nacionalistas vascos y catalanes, andalucistas y comunistas. El argumento aportado por Roca para descolgarse del voto af¨ªn a los centristas fue que el citado precepto ?puede ir contra la autonom¨ªa judicial de las comunidades aut¨®nomas, cuyos estatutos s¨®lo reconocen por encima al Tribunal Supremo del Estado?. En cambio, los socialistas, por boca de F¨¦lix Pons, manifestaron que su posici¨®n favorable al mantenimiento de la Audiencia Nacional y los juzgados centrales era coherente con la mantenida en el proyecto de ley del Poder Judicial.

Bandr¨¦s acusa de torturas

El diputado de Euskadiko Ezkerra (EE), Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s, amparado por una interpretaci¨®n reglamentaria amplia del presidente Emilio Attard, defendi¨®, fuera de plazo, con las protestas centristas, una enmienda a la totalidad de la ley. Bandr¨¦s record¨® que no es suspendible el derecho constitucional a no declarar. Sin embargo, denunci¨® que el intento de la ley de suspender eI apartado dos del art¨ªculo 17 de la Constituci¨®n, que establece el plazo m¨¢ximo de 72 horas para la detenci¨®n preventiva, no ten¨ªa otro alcance que el de forzar dicha declaraci¨®n. ?Lo que no se declara voluntariamente en los tres primeros d¨ªas de detenci¨®n no se declarar¨¢ tampoco voluntariamente en los siete siguientes?. Record¨® que la organizaci¨®n Amnist¨ªa Internacional ha advertido al Gobierno espa?ol sobre torturas y malos tratos f¨ªsicos o ps¨ªquicos, y asegur¨® que el proyecto de ley se parece al decreto-ley antiterrorista ?como un huevo a otro huevo?.

Oscar Alzaga respondi¨® que s¨®lo est¨¢ prevista la suspensi¨®n del apartado dos del art¨ªculo 17, y que la argumentaci¨®n de Bandr¨¦s parec¨ªa afirmar que la tortura se practica sistem¨¢ticamente, en cuyo caso equivale a decir ?que no estamos en un Estado de derecho?. A?adi¨® que se puede tomar nueva declaraci¨®n a un detenido, tras producirse nuevas detenciones o nuevos datos, que le induzcan a declarar lo que inicialmente no dese¨®. Dijo tambi¨¦n que en algunos pa¨ªses europeos el plazo de pr¨®rroga de la detenci¨®n es el doble del previsto en Espa?a.

Sobre la intervenci¨®n judicial prevista en el art¨ªculo 55 de la Constituci¨®n, comunistas y socialistas insistieron en la necesidad de que la autorizaci¨®n para suspender los derechos y libertades procedan del juez, mientras que los centristas, apoyados por Manuel Fraga (CD), aseguraron que es coherente con la Constituci¨®n que sea el ministro del Interior o el director de la Seguridad del Estado quien resuelva sobre la subvenci¨®n de tales derechos y libertades, comunic¨¢ndolo al juez, que habr¨¢ de confirmar o revocar la decisi¨®n gubernativa.

Por el PNV, Bujanda pidi¨® que, en todo caso, las competencias atribuidas al juez central sean asignadas al de instrucci¨®n competente. Alzaga se?al¨® que esto llevar¨ªa consigo dar protecci¨®n policial a miles de jueces. La enmienda fue rechazada.

En cuanto a la instrucci¨®n, conocimiento y fallo de las causas criminales originadas en atentados contra la seguridad ciudadana por parte de los juzgados centrales y la Audiencia Nacional, Miguel Roca, por la Minor¨ªa Catalana, se sum¨® a los votos contrarios de los comunistas, nacionalistas y andalucistas, mientras que los socialistas, en este caso, votaron con los centristas a favor del citado precepto.